Persistencia de embarazo adolescente, retos de una política pública sin perspectiva de género ni interculturalidad
*Lo Público es Nuestro es una iniciativa de contraloría social del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) que busca fortalecer la participación ciudadana de jóvenes y mujeres indígenas en temas de salud sexual y reproductiva, a fin de fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, y monitorear la implementación y el cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Investigadoras de Lo Público es Nuestro y la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, presentaron los hallazgos del proceso de investigación Lo Público es Nuestro, donde el estado tiene 5.2 millones de habitantes, de los cuales 1 millón 093 mil 821 tienen entre 10 y 19 años, es decir, 21% de su población.
Según la Encuesta Intercensal 2015, del total de mujeres entre 10 y 18 años del estado, 9.3% eran madres, esta situación se complejiza en contextos de exclusión tal como las poblaciones indígenas.
En la investigación, se dio a conocer que en Chiapas 9.3% de las mujeres adolescentes de 10 a 18 años eran madres, asimismo, de los 119 municipios del estado, 39 tienen un porcentaje superior a 11 % de embarazo en la adolescencia.
Los municipios de San Andrés Duraznal (18.69%), Mitontic (17.44%), Jitotol (16.04%), Nicolás Ruiz (15.64%) y Amatán (13.77%) reportaron el mayor porcentaje de madres adolescentes, es decir, que Chiapas se encuentra casi dos puntos porcentuales por encima de la media nacional de embarazo en adolescentes.
Mencionaron que, el embarazo en la adolescencia incide de manera directa en el plan de vida de ellas y ellos, a escala nacional, el embarazo en adolescentes es la sexta causa de abandono escolar entre jóvenes, para las mujeres es la segunda causa de deserción.
En Chiapas, la tasa de abandono total para mujeres en educación media superior es de 12.6%, es decir, menos de un punto por debajo de la media nacional para mujeres, que es de 13.3 por ciento.
Añadieron que, si bien el embarazo en la adolescencia tiene implicaciones para mujeres y hombres, las afectaciones son mayores para ellas y, en el ejercicio de la maternidad, esta desigualdad se profundiza aún más.
Las adolescentes que son madres reemplazan el estudio por las labores del hogar y de cuidado no remuneradas.
Además, mientras que 61.03% de las mujeres sin hijas e hijos estudia, sólo 2.52% de las que son madres lo hace.
Por otro lado, las mujeres aceleran su ingreso al mercado de trabajo como menores de edad, mientras que 5.65% de las mujeres adolescentes sin hijas e hijos son activas de manera económica, cuando son madres esta cifra asciende a 6.13 por ciento.
Acerca del acceso a la salud, mencionaron que se puede dificultar cuando se es madre adolescente, pues en algunos casos dejan de contar con los servicios de seguridad social gratuito y aumenta su afiliación al Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, el cual no ofrece una gama amplia de servicios de salud ni de guardería.
El aumento en la afiliación al Seguro Popular puede obedecer a que las madres adolescentes no suelen tener empleos formales. Otra explicación puede ser que, al dejar de ser dependientes de su familia, pierden su afiliación a la seguridad social, expusieron las investigadoras.
De acuerdo con los datos de la investigación, el IMSS reportó un descenso de adolescentes afiliadas sin hijas e hijos de 4.53 a 3.92% con hijas e hijos, por su parte El ISSSTE lo reportó de 1.2 a 0.2 por ciento.
En contraste, aumenta la afiliación al Seguro Popular cuando las mujeres adolescentes se convierten en madres, de 92.37% sin hijas e hijos a 94.37% cuando son madres.
Sobre la violencia sexual en Chiapas, mencionaron que es un problema preocupante, ya que vulnera la vida y la integridad de las mujeres, y cuya consecuencia puede ser un embarazo no deseado, incluso en niñas y adolescentes.
Acentuaron que en las cifras obtenidas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) como en los casos denunciados, muestran un decremento sustancial del delito de violencia sexual entre 2016 y 2018.
Los casos denunciados pasaron de 729 a 607, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por otro lado, la Envipe reportó un decremento de 2093 posibles casos a 503.
De manera general, entre los hallazgos se pudo identificar que los esfuerzos institucionales destinados a la integración del enfoque de interculturalidad en los servicios de salud y de salud sexual y reproductiva, son importantes, pero no suficientes, pues no se cuenta con los recursos necesarios para otorgar servicios de traducción, materiales de promoción de la salud en lenguas o infraestructura adecuada, mencionaron las investigadoras.
Por otra parte, según los datos recabados en la investigación, los esfuerzos para garantizar una atención oportuna, adecuada, eficaz y basada en derechos resultan mínimos en relación con la prevalencia de la violencia sexual en Chiapas, además tiene un efecto diferenciado en las mujeres indígenas del estado.
La investigación constató que, a pesar de los esfuerzos institucionales para la capacitación del personal en materia de interculturalidad en salud, como para contar con servicios de traducción dentro de las unidades de primer nivel, la atención en dicha materia aún no está disponible para las poblaciones indígenas de las zonas investigadas.
Expusieron que, en 2017 se capacitó a 1 437 personas, es decir, 1 149 médicos y 288 administrativos, en los temas de interculturalidad, género, salud, lengua tsotsil y parto humanizado, pero señalaron que estas capacitaciones tuvieron un costo casi nulo, al ser impartidas por la Dirección General de Planeación en Salud, a la cual se encuentra adscrita la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural.
En la investigación observaron que una iniciativa institucional para llevar el modelo de interculturalidad a más espacios es la impartición de un diplomado para la formación de replicadores en las jurisdicciones sanitarias.
La Secretaría de Salud del estado, respecto al diplomado antes mencionado, diseñó un perfil para las y los replicadores en las jurisdicciones sanitarias, donde se consideró a personal de psicología, trabajo social, médico general, enfermería y apoyo administrativo, pero no es posible identificar el perfil de los docentes de dicho diplomado.
También, en las entrevistas que realizaron en campo mencionaron que quienes reciben los talleres no replican la información al resto del personal médico, enfermería y administrativo de la unidad de salud.
Asimismo, expusieron que Chiapas ha realizado acciones para contar con personal sensibilizado para la atención de la violencia sexual, al mismo tiempo que tiene insumos para ello.
Sin embargo, aún presentan dificultades para la implementación de la NOM-046-SSA2-2005, lo que impide una atención adecuada a la violencia sexual, esto aunado a la falta de un enfoque de interculturalidad en los servicios de salud sexual y reproductiva.
Recomendaciones
En Chiapas, 27.94% de las personas habla una lengua indígena, representa 1.3 millones de personas, ante este contexto, mencionaron que se considera como uno de los estados del país con mayor diversidad lingüística.
Con base en los datos recabados en el ejercicio de contraloría social, a las investigadoras les preocupan las barreras para tener una atención accesible, eficiente y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres jóvenes indígenas, en especial en lo relacionado con la violencia sexual.
La falta de servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural, perspectiva de género, derechos humanos y de juventudes vulnera sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos lingüísticos y el derecho a la no discriminación, añadieron.
Por tal motivo y derivado de estos hallazgos, y en ejercicio de la ciudadanía, elaboraron recomendaciones, algunas son asegurar la implementación de los criterios de interculturalidad para la entrega de servicios de salud con pertinencia cultural.
Así como implementar adecuadamente la NOM-046-SSA2-2005 para la atención de la violencia sexual.
Asegurar el abasto y acceso a la anticoncepción de emergencia, así como a la profilaxis postexposición al VIH.
Por último, asegurar un clima institucional en los servicios de salud que respete el género, la edad y la condición étnica de las personas como condición necesaria para la atención de salud de calidad.
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