Exigen justicia y reparación integral del daño a familia acusada injustamente de un delito que no cometieron

Don Adolfo Gómez Gómez, fue hallado muerto en su celda del penal de San Cristóbal de Las Casas, con huellas de tortura.

Dos organizaciones civiles no gubernamentales, exigieron hoy justicia y reparación del daño integral para cuatro mujeres encarceladas injustamente por cinco meses, una persona del sexo masculino fallecido y 23 menores de edad, que fueron arrebatados de sus padres.

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se desistiera de la acción penal en contra de cuatro mujeres acusadas del delito de trata en su modalidad de explotación laboral a menores, a petición de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, Melel Xojobal una organización civil que trabaja con niños indígenas de loe Altos de Chiapas, y la Colectiva Cereza, que defiende a mujeres presas injustamente, exigieron investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Recordaron que gracias a la lucha que ellos encabezaron ante la CNDH y CEDH, por fin Josefa Sánchez Gómez, Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez y Maribel Gómez Sántiz recuperaron su libertad tras ser injustamente acusadas por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.

La Fiscalía General del Estado solicitó el sobreseimiento argumentando que no hay delito de trata sino una forma de vida y trabajo conforme a los usos y costumbres de los pueblos originarios. Además de liberar a las mujeres se cancelaron las órdenes de aprehensión en contra de otros seis miembros de la familia Gómez al no tener ningún elemento de prueba para sostener la acusación por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.

Desde la Colectiva Cereza y Melel Xojobal, celebraron la libertad de las mujeres y la reintegración familiar de los 23 niñas, niños y adolescentes, fruto del trabajo de litigio y acciones llevadas a cabo junto con la familia. Sin embargo, denunciaron que el desistimiento de la FGE llega tarde y que no repara, de ninguna manera, el incalculable daño infligido a la familia Gómez Sánchez.

Condenaron la criminalización de la familia Gómez y la comunidad de Chictón, municipio de Ixtapa,  quienes desde el mes de julio fueron señalados, sin evidencia alguna, como responsables de la desaparición del niño Dylan.

Indicaron que la FGE sabía que eran inocentes y construyó una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en contra de Adolfo y Josefa, el abuelo y abuela de la familia, para intentar tapar su detención arbitraria.

Denunciaron la actuación de la FGE y a su titular hasta el 03 de diciembre, Jorge Llaven Abarca, quien, en su ineficiencia para encontrar el niño Dylan, fabricó, promovió y mantuvo la acusación de la familia Gómez por el delito de trata de personas sin prueba alguna.

Recordaron que esta acción arbitraria de la FGE cobró la vida de Adolfo Gómez Gómez asesinado en el CERSS número 5, mantuvo en encierro por cinco meses a cuatro mujeres inocentes, retuvo a 23 niñas, niños y adolescentes en el DIF por casi cuatro meses con consecuencias emocionales y físicas del trauma sufrido, y en conjunto causó daños irreparables a la familia Gómez y la comunidad de Chictón.

Melel Xojobal y la Colectiva Cereza denunciaron la responsabilidad del exJuez de Control Gabriel Grajales Pasacacio quién actuó en complicidad con la FGE otorgando la orden de cateo, las posteriores órdenes de aprehensión así como la vinculación a proceso de la señora Josefa Sánchez Gómez a sabiendas de que no existían elementos de prueba para acreditar un hecho que la ley señalara como delito.

Explicaron que el caso de la familia Gómez revela la institucionalización de la detención arbitraria, la tortura y la fabricación de carpetas de investigación, así como la criminalización de la población indígena, empobrecida y víctima de la violencia estructural no remediada por el Estado y convierte al aparato de justicia en un reproductor de la desigualdad social existente históricamente en Chiapas.

Y que, contrariamente a lo señalado públicamente por la FGE, constituye una continuada violación de derechos humanos que vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenios internacionales.

Para estas organizaciones civiles, el desistimiento de la FGE no basta, exigimos investigación por su responsabilidad en las múltiples violaciones a los derechos humanos de la familia Gómez así como verdad y justicia por la privación de la vida, tortura y extorsión de Adolfo Gómez Gómez asesinado el 27 de julio en el CERSS número 5.

Y advirtieron el Colectiva Cereza y Melel Xojobal, que seguirán trabajando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para emitir las recomendaciones correspondientes y alcanzar una reparación integral de los daños incalculables infligidos a todos los miembros de la familia y la comunidad de Chictón, en particular para los 23 niñas, niños y adolescentes.

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