A 9 meses de la detención de Cristóbal Sántiz, urgen a las autoridades liberarlo

Cristóbal Sántiz Jiménez permanece detenido desde hace nueve meses por defender los derechos de las comunidades desplazadas de Aldama, Chiapas. Cortesía: OMCT

*La violencia en la región de los Altos de Chiapas no cesa, además, los tres acuerdos de no agresión firmados entre los municipios de Aldama y Chenalhó desde junio de 2019 no han servido para poner fin a los ataques armados contra las comunidades de la región.

Este 14 de diciembre de 2020, se cumplen 9 meses de la detención arbitraria de Cristóbal Sántiz Jiménez y en el ascenso de violencia contra las comunidades desplazadas de Aldama, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigen la puesta en libertad inmediata del defensor de los derechos humanos.

Las organizaciones mencionaron que, el pasado 14 de marzo, Sántiz Jiménez, indígena maya tsotsil, defensor comunitario y, representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, fue detenido por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras salía de su trabajo en San Cristóbal de Las Casas.

Es importante mencionar que, dos años antes de su detención, el defensor ya había sido acusado y posterior a ello absuelto por el delito de “homicidio calificado”, las organizaciones aseguraron que no es casualidad, sino una continuación del hostigamiento ejercido en su contra tanto por actores estatales como por el grupo de corte paramilitar de Chenalhó.

Cristóbal Sántiz Jiménez, indígena maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama. Cortesía: OMCT

En una carta escrita por Sántiz Jiménez en agosto, desde el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados “El Amate”, explicó que las pesadillas soñadas por las comunidades desplazadas de Aldama han sido premonitorias de la violencia ejercida contra ellas desde hace más de cuatro años.

Por otro lado, las organizaciones señalaron que, hoy en día, el defensor permanece detenido de manera preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 05 en San Cristóbal de Las Casas, acusado del delito de “homicidio calificado” en represalia a su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Acentuaron que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, las audiencias en el caso del defensor han sido suspendidas sin fecha prevista de reinicio, exponiéndolo a un grave riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

Sántiz estuvo presente en la firma de los Acuerdos de «No Agresión» entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, el 4 de junio de 2019, tras años de conflicto territorial, que provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 3 mil 499 personas.

Sin embargo, la violencia en dichos territorios acordados de no agresión ascendido, por lo que, el defensor denunció en reiteradas ocasiones las omisiones del Estado mexicano, así como la violencia perpetrada contra las comunidades de Aldama, por el grupo armado de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.

Acentuaron que, el 27 de noviembre, los municipios de Aldama y Chenalhó firmaron de nuevo un Acuerdo Definitivo de No Agresión, sin embargo, las agresiones y ataques armados contra las comunidades de Aldama continúan.

Hoy se cumplen 9 meses de detención arbitraria del defensor de derechos humanos . Cortesía: FRAYBA

No solo para los habitantes de las comunidades, también en contra de quienes defienden sus derechos, incluyendo el ataque armado contra una brigada de ayuda humanitaria conformada por el Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México (FISANIM) y por Cáritas San Cristóbal de Las Casas.

Por todo lo anterior, el Observatorio y el Frayba urgen a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas liberar de forma inmediata e incondicional a Sántiz Jiménez, así como poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en su contra.

Ambas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades competentes para tomar de manera urgente las medidas necesarias para implementar los acuerdos de no agresión firmados entre los municipios de Aldama y Chenalhó.

Al mismo tiempo, a poner fin al hostigamiento y la violencia en contra de las comunidades mayas tsotsiles desplazadas.