Tseltales de Chilón afrontan consecuencias de su oposición por la presencia de la Guardia Nacional

José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad. Cortesía: FRAYBA.

*Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Front Line Defenders hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, el 01 de noviembre de 2020, el Juez de Control con residencia en el municipio de Cintalapa de Figueroa, determinó que José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continuarán su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo, así como la prohibición de salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado

El CDH mencionó que, son acusados del delito de motín, por oponerse a la instalación de una base o cuartel de la Guardia Nacional (GN) en su territorio, por lo que, deberán de presentarse a firmar cada 15 días.

Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades, expone el Frayba.

Como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastián Bachajón.

Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de esta base militar en el municipio de Chilón, Chiapas, así como el respeto a los derechos y cultura de los pueblos originarios, manifestaron los habitantes de Chilón ante dicha instalación.

Ante este contexto, el CDH asumió la defensa jurídica de los defensores, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

El Frayba además documentó violaciones a derechos humanos como: privación arbitraria de la libertad, tratos crueles inhumanos y/o degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas la obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.

Señalan que, el uso de la prisión preventiva es una vulneración al derecho a la libertad personal y una pena anticipada violentando el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar el desacuerdo social.

Asimismo, la protesta es una acción legítima como derecho de la población social invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público.

La Asociación Civil reitera al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los pueblos originarios que defienden sus territorios, así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID-19.

Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta, expuso el Frayba.

Por último, mencionaron que se suman a la exigencia de suspender la construcción de la base de la Guardia Nacional en el ejido de San Sebastián.

Antecedentes

Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, ambos indígenas tseltales originarios del ejido San Sebastián Bachajón, fueron detenidos en el marco de la protesta que llevaban a cabo para pedir al gobierno federal, cancele la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en su comunidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, cuando medio millar de campesinos de diversas comunidades caminaban en la carretera que comunica a la zona donde el gobierno federal pretende instalar uno de los 16 nuevos destacamentos militares en Chiapas.

Fue ahí cuando los defensores fueron vistos por última vez.

Hasta el otro día que lograron localizarlos, en las oficinas de la Fiscalía de Justicia Indígena ubicada en Ocosingo, ahí supieron que estaban acusados del delito de motín, y que habían sido torturados durante el interrogatorio en su contra.