INM y Guardia Nacional reciben recomendación por agredir a migrantes

Casi 3 mil migrantes esperaron para poder entrar a México en su ruta hacia Estados Unidos. Foto: Bladimir Pérez.

*En enero de este año, una caravana migrante permaneció durante dos días varada en la frontera entre México y Guatemala, quienes intentaron romper el cerco de cientos de efectivos de la Guardia Nacional (GN), para luego internarse en el país cruzando el río Suchiate.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2020 a Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a cargo de la dirección de la Guardia Nacional, y a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por las agresiones realizadas por el personal de dichas instituciones a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.

El Organismo Nacional constató que el pasado 20 y 23 de enero, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Ciudad Hidalgo fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del INM y de la Guardia Nacional (GN) con el fin de impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria.

Lo anterior corresponde a que, en los márgenes del río Suchiate, durante unos 20 minutos se dio la confrontación entre agentes del INM y efectivos de la GN, contra los migrantes que al superarlos en número, en su mayor parte lograron correr y llegar hasta la carretera Panamericana y avanzar, ya como caravana, unos 26 kilómetros.

Sin embargo, al llegar a las cercanías del poblado Ciudad Hidalgo, la GN de nuevo los cercó y sometió, logrando detener a 402 migrantes, según cifras que dio a conocer después, a través de un comunicado el INM.

Josué Osmar, uno de los migrantes, explicó que tomaron la decisión de cruzar el río y romper el cerco, luego que el gobierno mexicano rechazó dar una respuesta positiva a la petición que le hicieron llegar a través de una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la que pidieron les permitiera el libre tránsito.

Por otro lado, CNDH realizó una investigación, esto para contar con elementos que acreditan violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.

Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuarán funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal. Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante, expuso la CNDH.

Por ello, solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente.

Así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención médica y psicológica.

La Comisión Nacional añadió que deben colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, para diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza.

También, deberán impartir al personal del 21° Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el INM.

Al INM le solicitaron realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos.

El INM deberá inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias