Denuncian caso de injusticia de migrante hondureño que fue detenido, torturado e incomunicado
*Pidieron a la Embajada de Honduras en México su intervención para proporcionar asistencia consular.
*El migrante enfrenta condiciones adversas por los impactos de la Tortura en su salud, con complicaciones en su presión arterial y diábetes, sin atención médica adecuada y en un contexto de riesgo ante la situación de Emergencia Sanitaria por COVID 19.
El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C exigieron al Estado Mexicano garantizar la salud e integridad personal de Ángel Leonel Carvajal Mancilla, migrante hondureño, así como su libertad inmediata e investigar de manera expedita y eficaz la denuncia por Tortura dada a conocer en el Registro de Atención No. 0134-10’1-2801-2020, radicada en la Fiscalía Antitortura, en Tuxtla Gutiérrez.
Ambas asociaciones mencionaron que el caso de Ángel Carvajal es una muestra de la discriminación en el sistema de justicia en México y especialmente en Chiapas.
Es uno de los seis casos de Tortura a migrantes, perpetrada por agentes estatales y federales, que acompaña el Frayba. De manera generalizada las seis personas no tuvieron derecho a una defensa adecuada ni a la asistencia consular, expresaron.
Ángel Leonel Carvajal Mancilla (Ángel Carvajal), migrante hondureño, de oficio albañil, fue víctima de Privación Arbitraria a la Libertad, Tortura, así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, en la ciudad de Ocosingo, del 23 al 28 de enero de 2020.
Las organizaciones mencionaron que además de la incomunicación se tienen violaciones derechos humanos cometidas durante su detención, traslado, así como en la cárcel municipal y en la oficina del Ministerio Público del Distrito Selva, por elementos de la policía municipal.
De acuerdo a testimonios documentados por el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Comité Fray Pedro) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
La tarde del día 23 de enero de 2020, Ángel Carvajal caminaba a casa al salir de su trabajo, cuando al pasar por las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en Ocosingo, se le atravesó una patrulla de la policía municipal, de la cual bajaron 4 elementos y lo comenzaron a patear. Posteriormente lo subieron a la góndola donde continuaron los golpes. Lo llevaron a la base de la policía municipal donde la Tortura se intensificó: «Con una bolsa de naylón la cual me la metían en la cara.» Durante al menos cinco días lo torturaron física y psicológicamente, sin permitir que su familia lo viera. Con métodos como sumersión en agua, afixia y amenazas con torturar a su esposa.
Fue hasta el 27 de enero de 2020, después de que sus familiares solicitaron la intervención del Comité Fray Pedro y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, (CEDH) cuando lograron ver las condiciones en la que se encontraba. A Carvajal le pedían $30,000.00 para dejarlo en libertad.
Eran aproximadamente a la 1:00 pm del día 27 de enero de 2020, pude verlo, Ángel Carvajal ya estaba todo golpeado, tenía el ojo morado, tenía golpes en los costados de sus costillas y en los hombros, documentaron.
El 28 de enero de 2020, en la agencia del Ministerio Público del Distrito Selva, también lo torturaron y lo hicieron firmar documentos con el nombre de Juan Alberto Gómez López, mexicano.
Como no sabía de qué se trataba no quería yo firmar, a lo que solicité al MP un defensor, este se molestó y me empezó a dar de cachetadas y un judicial me empezó a pegar en la cara, dejándome fracturada la quijada, recordaron.
A Ángel Carvajal lo acusaron de un delito cometido cuando él ya se encontraba en prisión: de acuerdo al Informe Policial Homologado, fue detenido bajo la figura de flagrancia, el 27 de enero a las 19:00 horas, rumbo al río Jatate, en Ocosingo.
A consecuencia de la persistente denuncia, Ángel Carvajal y sus familiares reciben constantes hostigamientos y amenazas.
El 01 de julio de 2020, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 07, en el municipio de Huixtla, a más de 306 kilómetros y a 7 horas de su hogar, lo que hace muy difícil el contacto con su familia. Y el 30 de septiembre de 2020, personal de la Fiscalía General del Estado lo hostigó para que desista de la investigación por Tortura y acepte el juicio abreviado o de lo contrario le fincarían otros delitos, denunciaron las organizaciones.
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