Con informe, organizaciones exigen desvincular políticas migratorias de las de seguridad nacional

Policías federales a la orilla del río Suchiate

*El informe tuvo como objetivo actualizar la información sobre las condiciones de vida que atraviesa la población migrante y su protección internacional en la frontera sur de México.

Activistas y defensores que conforman la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) presentaron este jueves un informe sobre la situación que prevalece en la frontera sur en el contexto de la pandemia, desde donde realizaron severas críticas a la política migratoria mexicana.

Como una demanda común de las organizaciones y activistas participantes, exigieron al gobierno mexicano “desvincular las políticas migratorias de las de seguridad nacional, adoptando un marco de derechos humanos que se enfoque en la protección de las personas en contextos de movilidad, para atenderlas de manera integral y efectiva, y garantizar así, sus derechos humanos durante la actual crisis humanitaria que se vive en la región”.

Alejandra Elizalde – Formación y Capacitación A.C.,  Karla González de la organización Iniciativas para el Desarrollo Humano; Margarita Nuñez, del Programa de Asuntos Migratorios; Melissa Vértiz del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y Claudia Ignacio de la Red de Defensores Todos los Derechos para Todos presentaron el informe que refleja los hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH), que se realizó del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020.

Dijeron que en los meses transcurridos desde la misión de mayo de 2019 a agosto de 2020, las situaciones en materia de política migratoria, asilo y violaciones de derechos humanos se han complejizado con la intensificación de la militarización del control fronterizo y el refuerzo de los acuerdos entre México y Estados Unidos, a lo que se suma la agudización de la emergencia humanitaria a partir de la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19.

Señalaron que debido a la crisis humanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, esta misión se llevó a cabo de manera virtual, a través de espacios de análisis, monitoreo y documentación de manera colectiva, en cuatro corredores geográficos: Selva, Centro, Costa y Transfronterizo.

Además, se elaboraron entrevistas a personas migrantes y sujetas de protección internacional, y a personal clave perteneciente a organizaciones estatales involucradas en políticas migratorias y atención a la población migrante, así como a organismos internacionales con presencia en la frontera sur de México.

Explicaron que durante este periodo se identificó que el contexto en materia de política migratoria, asilo y violaciones de derechos humanos, en concreto con relación a la salud, educación, trabajo, vivienda, justicia, regularización migratoria y protección internacional, se complejiza e intensifica, lo cual fue evidente con el incremento de la militarización y el control fronterizo, así como el reforzamiento de los acuerdos entre México y Estados Unidos, aunado a esto, se sumó la contingencia a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

En el informe que se presenta hoy, se identifican algunos de los elementos contextuales más relevantes por cada corredor, como es el caso de la comunidad desplazada de Laguna Larga, la cual se encuentra en la línea fronteriza entre Guatemala y México y en donde se documentó que el acceso a derechos como la salud, educación, vivienda y seguridad, entre otros, están siendo violentados, ya que ambos gobiernos omiten su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna y desarrollo para esa comunidad.

Los hallazgos presentados en el informe reflejan el esfuerzo del trabajo colectivo a nivel regional, mostrando circunstancias transversales para los distintos corredores geográficos, así como condiciones  particulares.

La información recolectada durante la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México permite comprender el impacto en las condiciones de vida de la población migrante y sujeta de protección internacional a corto, mediano y largo plazo, evidenciando problemáticas generales que se mantienen y otras que se agudizan, como el caso de los éxodos migrantes, los cambios en las políticas gubernamentales y el impacto de la actual emergencia sanitaria.

Como Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) hacemos un llamado al gobierno mexicano y a los gobiernos de la región a desvincular las políticas migratorias de las de seguridad nacional, adoptando un marco de derechos humanos que se enfoque en la protección de las personas en contextos de movilidad, para atenderlas de manera integral y efectiva, y garantizar así, sus derechos humanos durante la actual crisis humanitaria que se vive en la región, apunta el informe.

En el documento, Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, refiere que en el contexto actual de pandemia ha supuesto desafíos y obstáculos a las labores de monitoreo de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil adicionales a los que usualmente ellas confrontan en muchos países para llevar adelante dichas tareas.

Y que ello se debe, por una parte, a los problemas obvios de acceso físico a los lugares en un contexto de crisis sanitaria y, por otra, a las restricciones al acceso a la información pública para la sociedad civil que se han impuesto, con frecuencia de manera ilegítima, bajo circunstancias de excepción constitucional.

Y que por eso resulta especialmente acuciante respecto del monitoreo de las condiciones de los derechos humanos de las personas migrantes, cuyos derechos se han visto gravemente afectados por la Pandemia y por las políticas públicas de los Estados en relación con ella.

Explica el Relator de la ONU que en esta situación presente, las organizaciones de la sociedad civil han emprendido iniciativas novedosas para adaptarse a ella y mantener hasta donde les es posible sus cruciales labores de monitoreo. Y que el Informe tiene precisamente dichas características: se trata de un documento elaborado por medio de una metodología virtual.

De esta manera, explicó, se da seguimiento al importante trabajo que la sociedad civil mexicana ha venido desarrollando desde hace varios años al respecto. En el caso de este Informe, el mismo es el resultado de una iniciativa conjunta de una serie de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil mexicanas, centroamericanas y norteamericanas.

Y que tal como se señala en el Informe, la Pandemia de Coronavirus ha venido a agudizar en forma dramática la situación ya previamente grave de las personas en movilidad en la Frontera Sur de México, afectando sus condiciones de vida y el acceso a los servicios públicos, el ejercicio de su derecho de buscar asilo y sus intentos por procurar regularizar su estatus migratorio, entre otras muchas consecuencias negativas.

Agrega que el Informe también da cuenta del serio incremento de la cesantía entre la población migrante y de las prácticas de detenciones y deportaciones.

Apunta el Relator que desde la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos de los migrantes hemos hecho reiterados llamados a los Estados para que adecúen sus políticas y medidas migratorias al contexto de Pandemia.

Una cuestión que atraviesa transversalmente el Informe del MODH es la tensión entre el enfoque de seguridad y el enfoque de derechos humanos en las medidas y prácticas de política migratoria en la Frontera Sur de México.

Y, como se ha señalado reiteradamente desde la Relatoría y otros organismos internacionales de derechos humanos, es el enfoque basado en estos derechos, incluyendo una perspectiva de género, el que debe servir de fundamento central a las políticas migratorias, apuntó Felipe González Morales.