Penal Femenil de Tapachula insalubre y con riesgo en su infraestructura

Centro estatal de reinserción social de sentenciados No. 4 femenil de Tapachula. Cortesía: CNDH.

*La visita fue realizada por personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó emitir medidas cautelares para mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos y personal que labora en el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas No. 4 Femenil ubicado en el municipio de Tapachula, por las malas condiciones de infraestructura e insalubridad del inmueble que pone en peligro la integridad física de las personas.

Dicha medida fue dirigida la Comisaria General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas (SSPC),. Gabriela Zepeda y al Comisario Jefe Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas.

En la visita realizada por personal de la CNDH, observaron que el Centro de Reinserción se encuentra catalogado por su infraestructura como un inmueble de alto riesgo de acuerdo a dictámenes de protección civil, colocando en peligro la integridad personal, salud y vida de las mujeres privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven con ellas y del personal que labora al interior del mismo.

Detectaron que el centro penitenciario cuenta con diversas goteras en diferentes áreas como: baños, filtraciones de agua, cortes eléctricos, moho en diversas paredes, tanques de gas en los pasillos, así como deficientes condiciones de higiene y deterioro en las estancias, cocina, coladeras, áreas comunes, y un gran número de fauna nociva.

El personal además verificó que solo cuenta con una mujer médica de profesión, que ocupa una plaza de enfermera y cuando se requiere de apoyo médico solicitan al personal del Centro de Reinserción Social No. 3 (CERESO).

Los riesgos en los que se encuentran las mujeres privadas de su libertad ya habían sido previstos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en el que se advirtió que, ante una catástrofe natural o sismo, se podrían generar daños irreparables en la integridad y en la vida de todas las personas que viven y laboran en el centro penitenciario, expuso la CNDH.

Por ello, en ese entonces solicitaron a las autoridades a actuar de manera prioritaria, diligente, con oportunidad, perspectiva de género y conforme el principio de trato humano en su calidad de garantes a favor de dichas personas.

Internas en curso de capacitación sobre elaboración de jabones de tocador. Cortesía: SSyPC.

Ahora, la CNDH  pidió a las autoridades realizar todas las gestiones y acciones administrativas de manera urgente, para reparar las instalaciones del centro penitenciario, contar con personal médico suficiente y permanente para atender los requerimientos específicos de la población interna.

Advirtieron a las autoridades que den conformidad con lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que, no podrán alegar cuestiones de falta o insuficiencia de recursos económicos para atender las peticiones realizadas por la CNDH, ya que derivaría en la infracción en su calidad de garantes de la protección de los derechos humanos de las internas y sus hijas e hijos.

La CNDH dará puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen en el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil en el estado de Chiapas, finalizó la Comisión Nacional.

Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2019

Centro de Reinserción Social para Sentenciados 5

Durante la supervisión realizada por personas de la CNDH detectaron que era importante prestar atención en los siguientes temas: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno, Aspectos que garantizan una estancia digna, Condiciones de gobernabilidad, Reinserción social del interno, y Grupos de internas con requerimientos específicos.

En el primer rubro destacan las deficiencias en los servicios de salud, la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, como de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Dentro del segundo rubro señalaron la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, así como en las instalaciones para la comunicación con el exterior.

Sobre el tercer rubro puntualizan la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, asimismo la presencia de actividades ilícitas y cobros.

En el cuatro rubro fue la deficiente separación entre procesadas y sentenciadas, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, actividades educativas y deportivas.

Por último, en el quinto rubro la deficiencia en la atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas LGBTTTI.