Comunidades indígenas del sur cuestionan al Poder Judicial por su pasiva respuesta tras realizar acciones legales contra el Tren Maya

Todos los estados consultados mostraron su conformidad con participar en este proceso. Cortesía: Tren Maya.

*En Chiapas, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y habitantes Ch´oles realizaron una acción legal que finalizó el pasado 8 de mayo, en el momento en que la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales, concedió una suspensión de amparo frente a la determinación del Ejecutivo Federal de continuar las obras del tren maya a pesar de la contingencia sanitaria que opera en el país.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible e Indignación A. C., convocaron a rueda de prensa virtual, para visibilizar las violaciones generadas por el megaproyecto Tren Maya hacia las comunidades que se encuentran indefensas, ante la falta de responsabilidad, sensibilidad y respuesta del Poder Judicial.

Hacemos un llamado a la sociedad, autoridades y organismos internacionales, que nos escuchen y que se den cuenta de las violaciones que está cometiendo el Poder Judicial al negarnos el derecho de amparo, defensa y protección de nuestros derechos humanos, expresó Noemí Martínez de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.

El Tramo 1 del Tren Maya termina en Escárcega, Campeche, donde se localizarán algunos de los patios de mantenimiento del sistema. Cortesía: Tren Maya.

Por su parte, Guadalupe Cáceres del Colectivo Tres Barrios de Campeche, contó que la lucha de este grupo comenzó el 17 de abril del este año, cuando iniciaron un amparo ante las autoridades para proteger sus propiedades y hogares, en esa ocasión el Poder Judicial calificó que el planteamiento que hacían en su defensa no era esencial y la rechazaron.

Cáceres añadió que, tuvieron que llegar al tribunal colegiado, es así como el 25 de abril atendieron sus quejas, para el 5 de mayo la admitieron, quedando un expediente con el número 395/2020, acentuó que siguen en la lucha ya que el acoso por parte de los trabajadores sigue, a pesar del amparo a favor, están trabajando en las colindancias de sus casas.

Por lo anterior, la integrante del Colectivo expuso que, interpusieron una ampliación de amparo el 17 de agosto, aclaró que siempre fue en temporada de pandemia y por vía electrónica, sin embargo, después de un mes el Poder Judicial ha sido silencioso y omiso.

He caminado a lo largo de tres kilómetros, abarca las personas que nos quejamos de este atropello donde estamos siendo sujetos, una señora de 80 años me preguntó que si por medio de estos papeles que íbamos a meter podíamos quedarnos en nuestras casas, es una pregunta que a diario yo me hago, nunca le he podido responder a doña Mary, compartió Cáceres.

ONU-Hábitat ha entrevistado a varias familias de las colonias aledañas a las vías del Tren en Campeche; para conocer sus intereses y propuestas ante una posible relocalización. Cortesía: Centro Urbano.

Cáceres cree que, como Colectivo viven en incertidumbre, zozobra, ansiedad y temor, debido a que el gobierno pretende desplazarlos y no darles el amparo.

Hay niños, gente grande, trabajadores, se van a ver afectados por este problema, creo que un hogar no es solo la cuestión material, es costumbre, tradición, vivencia, alegría y felicidad, que en algún momento tenemos como seres humanos, porque no solamente somos papeles de amparos y ampliaciones, tenemos derechos, vivimos y sentimos, expuso la integrante del Colectivo.

Por otro lado, Valiana Aguilar de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, acentuó que, la defensa territorial por parte del pueblo maya se debe al ataque frontal del gobierno, empresas y corporaciones, que participan contra su territorio, un acto que atenta contra sus vidas.

Esto es por el simple hecho de que un gobierno, una institución, nos quiera decir o imponer una manera de vida que no hemos decidido como pueblos mayas, es una afectación inmediata, implica un racismo y quieren dar a entender mediante esto que desprecia la manera en la que vivimos como pueblos y comunidades, mencionó Aguilar.

Respecto al megaproyecto del Tren Maya, Aguilar mencionó que, el gobierno a través de sus discursos les da a entender que no debería tener vida como pueblo maya, por ello, están defendiendo lo que es suyo y lo que quieren,

Andrés Manuel López Obrador dio el segundo banderazo de inicio de la construcción del Tren Maya, correspondiente al tramo 3 de Calkiní-Izamal. Cortesía: Tren Maya.

Aguilar expuso que, dentro de un contexto de pandemia, en Yucatán se han dado más muertes en la población indígena maya, un momento crucial en su lucha al acceso de justicia.

Asimismo, puntualizó que les han negado 5 amparos interpuestos ante el megaproyecto, a pesar de demostrar las violaciones a los derechos de los pueblos, amenazas de muerte, una falsa consulta y banderazos de inicio en un contexto de pandemia.

Se ha vuelto tan explícita la violencia del gobierno y aun así se añade otra violencia, la negación a la justicia, en todo el proceso de lucha vemos que existe un racismo, es un desprecio del Poder Judicial como del gobierno mismo, finalizó Aguilar.

Por su parte, Jorge Fernández Mendiburu, Abogado e integrante de Indignación A. C., expuso que el proyecto Tren Maya es amplio, desde la construcción de las vías y la reformulación del entorno donde pasará, una propuesta cuyos efectos han sido documentados por distintos actores, entre ellos destacó el estudio realizado por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde un grupo de científico sociales y biólogos establecieron los impactos y riesgos que tiene implementarlo.

Fernández Mendiburu mencionó que, el Poder Ejecutivo Federal le está apostando al desarrollo de este megaproyecto a pesar de las advertencias, pero es acá donde el Poder Judicial es relevante, es decir, debe cumplir su labor de equilibrio ante actos arbitrarios de otros poderes, sobre todo a las violaciones detectadas por colectivos, comunidades, científicas y científicos.

Quiero enfatizar una serie de preocupaciones, tiene que ver con una serie de obstáculos que jueces y juezas federales han establecido al momento en que, comunidades y colectivos han presentado juicios de amparo para impugnar este megaproyecto, expuso Mendiburu.

El abogado mencionó que, el primer elemento que detectó en Yucatán es el desecho de las demandas realizadas por las personas o comunidades, ya que para juezas y jueces estos no tienen un interés legítimo, es decir, no acredita un grado de afectación por el megaproyecto.

Fernández Mendiburu añadió que, la jurisprudencia nacional como internacional ha establecido que es obligación de juezas y jueces conocer los reclamos como es el caso a violación de derechos ambientales y pueblos indígenas, para que en el proceso puedan definir el grado de afectación.

El integrante de Indignación dijo que, una segunda preocupación tiene que ver cuando las y los jueces admiten amparos, pero no emiten la suspensión que garantice que mientras se desarrolle este proceso las y los quejosos no verán afectaciones en sus derechos.

En un tercer elemento, el abogado mencionó que, las suspensiones otorgadas por las y los jueces no son verificadas y garantizadas para que se cumplan.

Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turístico-inmobiliarios en la península. Cortesía: Gasparello y Quintana.

Como ejemplo, el abogado retomó las suspensiones otorgada a comunidad indígena chol en Chiapas, donde a pesar de que la jueza emitió una suspensión ordenando al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) interrumpir la construcción en ese primer tramo del Tren Maya, los trabajos siguen, implicando una violación.

Además, señaló agresiones que han sufrido los mismos integrantes del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, como es la denuncia penal que se presentó en contra de la jueza primero de distrito, quien ha sido de las pocas que ha otorgado suspensiones en el caso del amparo presentado por comunidades indígenas.

Queremos evidenciar esta preocupación y justamente hacer un llamado al poder judicial, al consejo de la judicatura federal, a la suprema corte a que hagan efectivos esta obligación que tienen que fungir como órganos garantes de derechos humanos, expuso el integrante de Indignación.

El abogado acentuó que, la propia Suprema Corte de Justicia ha emitido diversas directrices para el actuar de las y los jueces ante aquellos quienes presentan amparos o directrices en impugnación de megaproyectos.

Nos parece ahora más que nunca trascendental que esas directrices que han emitido sean puestas en prácticas por estos jueces y juezas para garantizar el derecho de proceso a la justicia de las comunidades indígenas o colectivos que vean en riesgo sus derechos, dijo Fernández Mendiburu.

Fernández Mendiburu añadió que, se requieren jueces y juezas que estén pendientes y entren al análisis profundo de aquellos casos que ponen en riesgo la integridad cultural, vida, autodeterminación y patrimonio biocultural de las comunidades indígenas.

En su momento, David Lovatón Palacios, Abogado e integrante la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), expuso sobre la protección judicial de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México y América Latina.

En el caso de los pueblos indígenas, estamos cada vez más luchando para que se respeten los compromisos internacionales que México tiene en materia ambiental, desde esta perspectiva quiero señalar que la independencia judicial no es sólo una garantía del sistema de justicia, sino es un derecho humano reconocido explícitamente en el articulo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mencionó Lovatón Palacios.

A su vez, añadió que también es una garantía reforzada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque presume entre otras consideraciones, la lucha contra la corrupción que cada vez es más frecuente en el país.

El abogado mencionó que, en México como América Latina, los jueces y magistrados están vinculados no solo en las leyes internas o en la constitución federal mexicana, también están a los tratados internacionales de derechos humanos que el país a ratificado y de la jurisprudencia que interpreta y desarrolla cada uno de estos.

Juezas y Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cortesía: Corte IDH.

En México y América Latina las sentencias, opiniones consultivas e informes de la Corte Interamericana, son conocidas, además en el bloque de constitucionalidad, es decir, donde jueces y magistrados están obligados a dar cumplimiento no sólo a la constitución de cada uno de esos países sino a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos han confirmado.

Estos compromisos internacionales tienen aspectos importantes, compromisos medioambientales y en efecto el protocolo adicional de San Salvador en el articulo 11 reconoce el derecho a un medio ambiente sano y la Organización de Estados Americanos, de la cual México es parte, ha aprobado una serie de documentos en el seguimiento y cumplimiento de los estados, comentó el abogado.

En relación al mismo artículo 11, Lovatón Palacios mencionó que, la Asamblea General  de la Organización de los Estados Americanos en el año 2014, donde además México participó, aprobó indicadores de progreso para evaluar el estado del medio ambiente en América Latina, entre ellos las condiciones atmosféricas, calidad y suficiencia de fuentes hídricas, calidad del aire y suelo, biodiversidad, la producción de residuos contaminantes, los recursos energéticos, el estado de los recursos forestales, dado los peligros de deforestación y desertificación.

Además, en materia de pueblos indígenas, añadió que hay compromisos internacionales en México como en los países de Latinoamérica, uno de los más importante es el de la consulta previa, libre e informada en el caso de afectaciones a derechos y tierras, uno más reciente es el de la libre determinación, a merecido en el sistema universal de derechos humanos un desarrollo de más de una década y que en América Latina es aún más reciente.

Con base a lo anterior, esta el caso de la aclaración de los derechos indígenas en el 2016, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México a través de una resolución con fecha del 12 de julio de 2011 dispuso y estableció que, todos los jueces y magistrados de la federación sin distinguir su circuito estatal están obligados a ejercer control de convencionalidad.

Es decir, a determinar si hay incompatibilidad entre normas nacionales y los compromisos interamericanos e internacionales de derechos humanos que México ha ratificado, confiamos que los jueces, juezas, magistrados y magistradas, mexicanos y mexicanas den cumplimientos y honren este compromiso internacional, finalizó Lovatón Palacios.