Mujeres víctimas amplían su testimonio de acoso sexual, amenazas, ataques físicos y psicológicos que sufrían por parte del alcalde de Pantelhó
Por unos 20 meses, dos mujeres funcionarias del ayuntamiento del municipio indígena Pantelhó, sufrieron todo tipo de violencia que una mujer puede sufrir por ostentar un cargo en una localidad, donde antaño sólo era exclusivo para varones.
La Coordinadora de Protección Civil de ese municipio, Wendy Lorena López Gochez de 29 años, madre de dos hijos y Federica Gómez Díaz de 24 años, Directora de alimentos del DIF Municipal, ambas del gobierno municipal de Pantelhó, fueron víctimas de una serie de violencia que sufrieron como acoso sexual, amenazas, ataques físicos, psicológicos, a una campaña de difamación y linchamiento mediático y otras.
Desde octubre del 2018, en que asumieron sus cargos, empezaron a sufrir agresiones por parte del alcalde de Pantelhó, Santos López Hernández, quien les refería que ellas no deberían estar en esos puestos, que por la vía de la propuesta popular de usos y costumbres habían alcanzado, que ellas deberían estar “en la cocina, cuidando sus hijos o atendiendo a sus maridos”.
Señalan que la situación empeoró en el 2019, pues les obstaculizaron todo proyecto de ayudar a la gente, les enviaban amenazas verbales y por escrito, el alcalde pagaba notas en medios impresos y redes sociales para que las señalaran a ellas de muchas irregularidades y descalificar la labor que ellas hacían.
Narran que una vez aparecieron volantes en los postes y bardas de la cabecera municipal de Pantelhó contra ellas, y aunque uno a uno fueron a arrancarlos, otro día volvieron a aparecer más volantes con el que se pretendía difamarlas.
Cansadas de tantos abusos contra ellas por fin pidieron el apoyo de la Secretaría General de Gobierno, en marzo de este año, pero nunca fueron escuchadas, pero después ya con el apoyo y acompañamiento de activistas de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) y de la Asociación de Mujeres por una Agenda Incluyente (AMAI), interpusieron -el 3 de abril- una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que encolerizó más al alcalde y sus más cercanos colaboradores que las intimidaron para que desistieran.
Y cuando no logró hacerlas desistir de la demanda penal, se ufanó que no le harían nada pues tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y el gobierno, que le ayudarían y no les harían caso por ser mujeres, que no les creerían.
Y en efecto, la FGE de la Región Altos, no hacía nada con el caso que le había llegado a sus manos. Fue hasta que REPARE y la AMAI llegaron a ellas y empezaron a escucharlas y lograron hacer presión para que la FGE retomara el caso que estaba archivado en algún escritorio de las oficinas en San Cristóbal de Las Casas.
Después de acudir a la FGE el 4 de mayo, como represalia por ratificar su denuncia penal contra el alcalde, ambas funcionarias, regresaban de San Cristóbal de Las Casas rumbo a Pantelhó, pero en un tramo carretero de San Juan Chamula, un vehículo empezó a seguirlas, los acosaba, hasta que los golpeó en la parte trasera. Estuvo a punto de sacarlas de la carretera.
Ellas no pararon, aceleraron el vehículo, pero se dieron cuenta que era gente del alcalde.
A exigencia de la organización civil que las acompaña, fueron valoradas psicológicamente, y en efecto, su dictamen victimológico fue alto, grave. Pero aún así no pasaba nada en la FGE.
Wendy amplió su declaración ministerial ante la FGE, lo que hizo enojar más al alcalde, que convocó a su personal para que quien aquietara a Wendy le daría 200 mil pesos.
El presidente en afán de comprobar su poder y el apoyo que tenía de las autoridades estatales, no cesó en sus ataques hacia ellas. Les obstaculizo todo presupuesto, nada de recursos para las oficinas que ellas manejaban.
Sólo hasta que REPARE y la AMAI pidieron una audiencia con el propio Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, por fin el caso de ambas empezó a ser escuchadas.
La denuncia que ellas interpusieron contra el alcalde fue desarchivada, y se empezó a integrar la carpeta de investigación con todas la pruebas que ellas habían aportado.
El pasado viernes 31, el Congreso del Estado desaforó al alcalde a petición de la FGE y un juez de control, el alcalde fue detenido el domingo pasado y llevado al penal de el Canelo. Donde según la Fiscalía enfrenta ahora el delito de “abuso sexual” y los que resulten.
Pero eso no para ahí, pues tienen miedo de regresar a su pueblo, temen por sus hijos, por su familia, que pueda pasarles algo, es por eso que pidieron a las autoridades todas las garantías de seguridad para ellas y sus familias.
“Por temor a represalias a nuestra persona no hemos regresamos a Panetlhó. Ya llevamos dos semanas sin ver a nuestras familias. A nuestros hijos, a nuestros padre”, dice Wendy.
El alcalde que se movía con un séquito de guardaespaldas armados, decía que nunca le harían nada “un par de viejas chismosas”, sin embargo, ahora está preso y espera que un juez lo vincule o no proceso.
Las mujeres confía en la FGE y el juez, dicen que esperan que se quede preso, porque si sale, sienten temor, creen que puede haber represalias contra ellas, o bien pueden hacerlo ahora sus seguidores y simpatizantes en su municipio.
“Somos víctimas y andamos huyendo, escondidas, no podemos regresar a nuestro pueblo.
Pedimos el apoyo de la FGE que nos apoye y nos proteja. Para que se nos garantice la seguridad en el pueblo. Su gente ahí está, sus seguidores y simpatizantes pueden lastimarnos, hacernos daño”, indicó.
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