Invisibilizar o negar la tortura en las cárceles chiapanecas no la erradica: CDH «Fray Bartolomé de las Casas»

Último conversatorio de la campaña “En el país donde se erradicó la Tortura”. Cortesía: FRAYBA.

*La tortura es una forma de quebrantar al ser humano, degradarlo, romper sus defensas físicas, psíquicas y su entorno, es un grado máximo de sufrimiento, infligido por representantes del Estado y/o con anuencia de éste. Los torturadores, a través de su práctica llevan a la víctima a una situación límite entre la vida y la muerte, este carácter devastador de la tortura es un acto que pretende eliminar el control de la persona de su propia vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (FRAYBA), lanzaron la campaña denominada El país donde se erradicó la tortura, donde evidencian la utilización de la tortura para simular justicia y fabricar culpables, así como hacer visible las huellas que dejo en las víctimas, sus familias y la sociedad, este ciclo de impunidad.

“La campaña nace a raíz de las declaraciones que hace el presidente en sus informes en la mañanera, donde dice que ya se erradicó la tortura en México, que no existe, no se permite y no es una herramienta que se utilice… vimos necesario evidenciar que la tortura sigue siendo utilizada”, mencionó Ariadna Quiroz.

A través de un conversatorio virtual, Ariadna Quiroz Flores y Jorge Gómez, coordinadores de la campaña. El CDH recibió 41 casos de tortura, en el periodo de enero del 2019 hasta marzo de 2020, el corte se realizó en ese mes por el contexto de la pandemia, este afecto las condiciones carcelarias, siendo probable que la cantidad aumentara o disminuyera.

Con base a lo anterior, Gómez mencionó que, según el panorama, la justicia nunca ha llegado a Chiapas, es una situación alarmante, pues los jueces y fiscales también dan a entender que no conocen las leyes e incluso los protocolos. Uno de los problemas graves es que, el Poder Judicial del Estado, a emitido acuerdos desde marzo, donde dice que no está atendiendo casos.

 “No hay jueces trabajando para las personas que están injustamente en prisión, no hay jueces para las personas que están denunciando torturas, no hay jueces para hacer justicia en los casos. Pero si hay jueces para dictar ordenes de aprensión contra médicos que luchan contra el coronavirus”, expuso el coordinador.

A su vez, añadió que, los presos de manera injusta se encuentran desesperados al igual que sus familias, porque sus procesos judiciales no avanzan, se encuentran detenidos, por ello se han manifestado. Otro de los problemas, es la situación carcelaria que se vive dentro de los penales, muchas personas privadas de la libertad sobreviven a este sistema por apoyo y contribuciones de familiares.

Indígenas privados de su libertad que han denunciado irregularidades y torturas en su proceso, cumplen 12 años en la cárcel. Cortesía: Chiapas Paralelo.

Con la situación de la pandemia, no se permite el ingreso de familiares, muchos de los presos no tienen manera de subsistir dentro de la prisión, debido a las condiciones inhumanas, donde no hay alimento, servicio de salud, privacidad y negación de los derechos.

Asimismo, las personas que controlan los penales se han favorecido de manera económica, si los familiares no llevan las cosas para los presos, tienen que comprarlos dentro de la prisión.

Sobre la documentación de los casos, menciono que, han fortalecido este aspecto con apoyo de los familiares, al no poder ingresar a las cárceles, así como las audiencias, que es fundamental para la campaña, porque ahí es donde se hacen las denuncias de tortura, pero los jueces lo siguen negando y no realizan nada.

“También por llamadas telefónicas en algunos momentos, otra cosa critica en los penales… el teléfono público en los penales es muy caro, los compañeros tienen que ahorrar dos o tres meses por una llamada de cinco minutos, posiblemente la mitad para hablar con sus familiares y la otra con nosotros”, comentó.

Por su parte, Quiroz Flores expuso que, la campaña esta dirigida a la sociedad en general, primero evidenciar lo que está sucediendo, porque muchas veces no se cree lo que existe. Es decir, evidenciar como es la tortura, como funciona y quienes son los perpetradores.

“Que se deje de utilizar la tortura realmente, como una herramienta para cerrar casos, porque muchas veces es eso, fabricar los culpables, para que un caso quede cerrado y decir que ya cumplieron con su trabajo”, mencionó la coordinadora.

Además, presentaron el quinto video que acompaña a la campaña, titulado Llamado a la solidaridad. En el exponen que, desde el FRAYBA, sostienen que, la tortura no se ha erradicado, sigue siendo generaliza y sistémica.

También, existe por la participación de diversos órganos de impartición de justicia como son los Ministerios Públicos, jueces, defensores públicos, Comisión de Derechos Humanos y cuerpos de seguridad pública. En invisibilizarla o negarla no la erradica.

Con base a lo anterior, en la historia de Chiapas, es un continuo de transgresiones a los derechos humanos, es una búsqueda permanente de la otra justicia, donde se enfrentan muchas cosas, sobre todo la estructura del Estado, Jueces, Fiscales y Sistemas de represión, donde existen mecanismos para proteger a los culpables.

“La única manera que podemos encontrar para transformar esta situación, para cambiar de alguna manera la situación de despojo, de discriminación, explotación, de tortura, del sometimiento que se establece a través de los sistemas de justicia, es la organización de las comunidades, de los pueblos, de los que son víctimas de esta situación… vemos que van surgiendo y despertando estas movilizaciones y voces de defensa”, expuso un miembro del equipo FRAYBA.

Realizaron un llamado a la sociedad a seguir denunciando la tortura, que sigue vigente en México, y que no desistan de la lucha y esperanza.

El sistema de justicia construye culpables para perpetuar impunidad. Cortesía: FRAYBA.

Cabe mencionar que, en el informe Romper el miedo, durante el año 2018 y el primer semestre de 2019, registraron 98 eventos de tortura distribuidos en los municipios de Arriaga, Catazajá, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Chiapa de Corzo, Chamula, Chanal, Ixtacomitán, Las Margaritas, Motozintla, Palenque, Pichucalco.

Además de San Cristóbal de Las Casas, Ostuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, Teopisca, Tila, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón.

Pedro Alfaro, director del FRAYBA, mencionó que, la tortura es una de las grandes violaciones a los derechos humanos, los gobiernos están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. En México la situación es crítica, es un mecanismo sistemático, utilizado para simular justicia.

“En un boulevard me bajan de la camioneta sin decirme nada, me llevan y lo único que, no me dan pido explicaciones, cuál es el motivo de mi detención, la cual no me dicen nada, me suben y me empiezan a dar de golpes en la cara”, fragmento de una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas de Chiapas.

La encuesta nacional de personas privadas de su libertad en el 2016 ha indicado que, al menos un 75.65 de las personas detenidas han sufrido violencias psicológicas y al menos un 63.8% han vivido algún tipo de violencia física.

“… y de ahí, me agarraron los policías, me subieron en una tanqueta, me pegaron con toletes, tubo y un bat, otro policía me agarro con un protector y me lo puso en el cuello, al darme el batazo en la cabeza, quedé inconsciente, vine a reaccionar ya llegando a la procuraduría”, contó una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas en Cintalapa.