Corrupción ha dañado el tejido y desarrollo comunitario de los pueblos indígenas y afromexicanos: organizaciones

Foro realizado por la organización Kintiltik A.C., con integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos. Cortesía: Kintiltik.

*Los costos de la corrupción en México aportados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, estima que esta es de 12 mil 770 millones de pesos, equivalente a 3 mil 822 pesos por persona en promedio. En Chiapas la corrupción es percibida como el cuarto problema más importante con un 46.3 por ciento, superado por la inseguridad y delincuencia con 59.9%, el desempleo con 50.9% y la pobreza con 50.4 por ciento.

Kintiltik A.C., organización indígena trabaja en los ejes de cultura, biodiversidad, derechos y anticorrupción, en acciones de gestión para la Agenda Local Anticorrupción, desde las comunidades y pueblos indígenas de Chiapas; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) del pueblo de los Estados Unidos de América y; Ethos, laboratorio de políticas públicas. Realizaron con los integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos un foro sobre corrupción.

Lucía del Carmen Gómez Díaz de la Asociación Kintiltik, mencionó que, han identificado dentro de los pueblos indígenas y en las comunidades afromexicanas que no existen mecanismos efectivos y pertinentes para facilitar la difusión de información, mecanismos de participación que monitoreen y denuncien los actos de corrupción, y sean reconocidos como actores de cambio en el tema anticorrupción con sus propios sistemas normativos indígenas.

Yesenia Hernández Sánchez mencionó que, el Sistema Nacional de Anticorrupción es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes. Tiene como objetivo evitar que siga existiendo una fragmentación y dispersión de los órganos rectores.

Los anteriores, están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos, a fin de establecer mecanismos de los tres niveles de gobierno, así como formar las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.

A su vez, emite de políticas integrales, instauración de directrices básicas que definen la coordinación de criterios en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Se publicó en el Diario de la Federación la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción, el 18 de julio del 2016, tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías, para el funcionamiento del sistema nacional.

En Chiapas existe una gran diversidad de etnias y grupos indígenas; Chiapas, después de Oaxaca, es el segundo estado con mayor diversidad étnica en México. Cortesía: Corazón de Chiapas.

Hernández Sánchez añadió que, el Sistema Anticorrupción en Chiapas tiene por objeto, establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos de la entidad, para la integración, organización y funcionamiento de este. Con el fin de prevenir y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como las investigaciones de la fiscalización y recursos públicos.

Lo anterior, lo establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Sistema Anticorrupción Nacional, la Constitución Política del Estado de Chiapas y otras disposiciones legales aplicables.

Además, el Comité regulador del Sistema Anticorrupción del Estado, es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre sus integrantes, tienen bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

“En nuestro estado, contamos los pueblos indígenas un Sistema Nacional Anticorrupción y Local, que podrá vincular y erradicar esos actos que a los ciudadanos nos cuesta demasiado, nos van como quitando oportunidades para mejorar en nuestra familia, salud, educación, trabajo, aunque tengamos profesión, por actos de corrupción, son un obstáculo para tener un trabajo digno”, expuso Yesenia Hernández.

Por su parte, Melquiades Cruz Miguel, zapoteco xhidza de Yagavilla, dijo que la corrupción no es algo normal, pero se normalizo por muchos años, en el sistema de gobierno por el que somos regidos. En ese sentido, añadió que todos los sistemas también han sido corrompidos, es decir, cada persona que empieza haciendo cosas buenas, se va corrompiendo en la medida que se va metiendo dentro del sistema, pues este genera vicios, costumbres y cultural.

Asimismo, no es algo que sólo afecte a los pueblos indígenas, ya sean zapotecos, mixtecos, afromexicanos, tsotsiles, tojolabales; es algo que esta presente en todos lados, afectando a la clase media en las grandes ciudades, a los barrios urbanos, a la gente pobre, incluso a la clase dominante o política, aunque no todos tienen acceso a las formas de corrupción.

Cruz Miguel compartió que, ha estado trabajando en el acceso a la información en lenguas indígenas, desde Surco A. C. consideran que, si aseguran o garantizan el derecho de acceso a la información, pueden dar pie a asegurar la transparencia en las comunidades, además genera la posibilidad de solicitarle información a las instituciones de gobierno.

En el estado de Oaxaca existen diferentes grupos étnicos, entre ellos se encuentran los amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales, huaves e ixcatecos. Cortesía: INPI.

El proyecto surgió al darse cuenta de que hay concesiones en las tierras de Oaxaca para la minería, el mecanismo que tenían era el de hacer solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas, pero la plataforma nacional no esta enfocado para los pueblos indígenas al no tener pertenencia cultural.

“Sólo puedes hacer tu acceso a la información en lengua español, puedes pedir información en tu lengua, pero puede ser que no te la den en la variante en la que se esta haciendo la información o requieres la información”, expuso.

Con base a lo anterior, mencionó que el derecho a la información es muy importante para los pueblos indígenas, permite en primer lugar controlar la información, vigilar y supervisar a las autoridades, como saber cuánto presupuesto se está manejando.

Norma Donjuan Pérez, mujer indígena nahua, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, dijo que la corrupción se ha ido determinando como una manera de colocar el orden social, definir modos, mecanismos de interacción e intercambio en el país. Retomó la definición de la Función Pública, el cual dice que la corrupción es el abuso de poder en beneficio propio.

Por ello, cuando la corrupción es establecida como una manera de intercambiar y relacionarse con los demás, genera consecuencias, como es el empobrecimiento y la marginación en la que están los pueblos, influye en el poder del país, así como hay personas que importan hay otras que no.

“Desgraciadamente nuestras vidas, están en el lado que menos atención se les da, tiene que ver con el racismo, la discriminación, que como este país que llamamos México desde que se hicieron sus cimientos, en esta llamada modernidad basada en principios democráticos”, comentó.

Tales principios, son contradictorios y van con una lógica distinta a la suya y que, como ciudadanos los reconoce, desde las cosmovisiones, de la forma de estar y ser en el mundo, lo ven y materializan de una forma distinta, pretenden hablar de derechos humanos de forma individual, colocando a la persona en el centro de todo, cuando piensan y trabajan de manera colectiva.

Donjuan Pérez mencionó que, la forma en que se ha basado el poder y acumular riqueza, se ha dado en la explotación de otros como la naturaleza. La corrupción se ha establecido como una manera de intercambio, en términos cotidianos se observa en los servicios y obras de mala calidad, afectando todos sus derechos, en todos aquellos que se quieran ejercer siempre estará presente.

En el caso de las mujeres indígenas, añadió que existen muchos prejuicios de género, al grado de utilizar los cuerpos para seguir legitimando un poder, basado en la explotación. Además, la corrupción rompe el tejido comunitario, adoptando ideas y tolerar este acto, hasta formar parte del circulo vicioso, dentro y para otras comunidades.

“Nos fracciona, nos parte, nos rompe, ya no podemos vernos como el pueblo nahua, maya, ya no, ahora son comunidades, nos va dividiendo, nos va restando esa mirada colectiva”, finalizó.

Por otro lado, Sergio Peñaloza Pérez, presidente de la Asociación Civil México Negro, mencionó que organizaciones señalan que los pueblos indígenas viven en muy alta pobreza, exclusión, marginación y discriminación, eso los obliga a marchar juntos. Destacó dos aspectos de la vida social, en la que, como derecho humano en especifico de la salud y educación, donde le estado mexicano tiene que darles atención a estas problemáticas.

La corrupción se ha dimensionado en las instituciones gubernamentales, al hablar de la educación y salud se puede señalar la infraestructura, en las prácticas corruptas, entre quienes palomean el proyecto en los espacios legislativos, como los funcionarios a cargo de administrar los recursos para la construcción, las constructoras y los encargados de las construcciones, al diluir el presupuesto de distintas formas, causando una mala construcción.

Mujeres mayas, otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, resisten los ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia de Covid-19. Cortesía: Lado B.

Yuteita Valeria Hoyos Ramos, integrante de la Red de Abogadas Indígenas, dijo que la corrupción tiene una genealogía histórica y estructural en el país, la forma en el que se creó el estado mexicano a partir de un proceso de colonización violento, sesgo del poder a las personas indígenas en general, excluyéndolos de tener espacios de decisiones, creando la necesidad de acceso a ciertos derechos.

Asimismo, generó una desigualdad estructural, que esta representado hasta la actualidad. Es así como la corrupción afecta hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana, afectando la calidad de vida de las personas indígenas, como a los servicios públicos de primera mano, es decir, el derecho al agua potable, alumbrado y alimentación

Hoyos Ramos añadió que, la mayoría de los programas y proyectos dirigidos a la población indígena, tienen que pasar por diversos canales, el presupuesto pasa por muchas manos, al llegar a las comunidades, zonas rurales y a la población suceden muchas cosas.

“En el año 2015, José Antonio Meade que fue Secretario de Desarrollo Social, por ejemplo, propuso ante SEDESOL aumentar las becas para personas adultas mayores indígenas, se aumentaron en 12 millones, nunca se reflejaron las becas, nunca se dieron esos apoyos. Ese es uno de los grandes ejemplos de las grandes cifras de corrupción”, compartió.

Destacó que los indígenas migrantes, llegan a las grandes ciudades, habitando las zonas más alejadas del centro, porque los costos son más accesibles para adquirir una vivienda, es aquí donde más se delimita el acceso a servicios. Aquí se presenta otro caso de corrupción que son las licitaciones, donde los más afectados son los pobladores de estas zonas.

“En Puebla somos de las entidades federativas con mayor número de megaproyectos o los llamados proyectos de muerte, si bien sabemos que la SEMARNAT, debe emitir un estudio de impacto ambiental, previo a la creación de estos megaproyectos, no existe, es un acto de corrupción” finalizó.

La población indígena del estado de Guerrero está constituida principalmente por cuatro grupos étnicos, amuzgo, mixteco, tlapaneco y náhuatl. Cortesía: Mediateca Guerrero.

Carlos de Jesús Alejandro, ha destacado en luchas del pueblo guerrerense, comentó que la corrupción se ha institucionalizado en todos los órdenes y niveles de gobierno, que ha alcanzado a las comunidades, atentando contra las formas organizativas y de las normas internas de los pueblos.

“Recuerdo hace muchos años que los recursos que se destinaban desde la federación pasaban por las entidades federativas, luego por lo municipios y los municipios destinaban cierto recurso presupuestal, este se ponía a consideración de la comunidad, las asambleas comunitarias decidíamos, en tal y cual obra lo íbamos a utilizar”, compartió.

A través de las formas organizativas internas de trabajo, hacían multiplicar con el recurso, un sin número de obras e infraestructuras necesarias y básicas en las comunidades. Ahora este proceso del recurso llega a las comunidades mermadas.

Por último, Jesús Alejandro añadió que aparte de romper con el tejido comunitario, no da paso al desarrollo de estos, se observan menos obras. Algunas comunidades tratan de rescatar algunas formas organizativas y auto gestionar a los pueblos indígenas, ayudados por las organizaciones sociales, buscando recursos para que lleguen a las comunidades.