3 presidencias, 6 legislaturas de diputados y 3 de senadores sin que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sean prioridad

El INPI realizó el foro virtual en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cortesía: INPI.

*En el marco del 9 de agosto, declarado “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) convocaron a un diálogo abierto para reflexionar sobre la necesidad de una Reforma Constitucional y Legal que convierta en derechos para los pueblos indígenas y afromexicano las propuestas surgidas en procesos de consulta, la cual busca armonizar la legislación nacional con la normatividad internacional.

Adelfo Regino Montes, Director General del instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dio a conocer la situación del proceso que se ha vivido en el país a partir de la creación del instituto que dirige, cuya tarea es promover el proceso de reforma constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

El director habló sobre los avances que han tenido en el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel mundial. Los tres instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de los pueblos indígenas, está el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo que se adoptó en la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989, más de 20 países lo han adoptado.

Además, señaló que el 13 de septiembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de 25 años de intensas negociaciones, esta es ahora el marco normativo más consolidado que se tiene.

A su vez, dijo que el 16 de junio, en Santo Domingo, República Dominicana; la Asamblea General adoptó la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas, de modo que ahora se tienen tres instrumentos jurídicos internacionales, por lo que, el principal desafió que tienen los estados del mundo, en particular en América Latina, pero en especial México es la de consagrar los principios y normas en las constituciones de los países y las legislaciones que correspondan.

“Pese a que se hizo una reforma constitucional en la materia en el año 2001, muchos pueblos, muchas comunidades, no estuvieron de acuerdo con esta reforma, por sus evidentes limitaciones”, comentó el director.

Un aspecto que señaló es el hecho que, esa reforma se consideró a los pueblos y las comunidades como sujetos de interés público, como si estos un objeto o como en el mejor de los casos, como sujetos pasivos de las políticas públicas, es lo que ya no quieren los pueblos. Hoy, en México, los pueblos indígenas demandan ser considerados sujetos de derechos públicos, para construir su propio destino y determinar de manera libre su condición política, al mismo tiempo decidir su desarrollo económico, social y cultural.

Junto a ese reconocimiento, del carácter jurídico y sujetos de derechos públicos, pueden reconocer otros derechos fundamentales como la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad del país. La participación y la consulta, porque los pueblos demandan ser participes decisivos en las grandes definiciones nacionales.

En Chiapas existe una gran diversidad de etnias y grupos indígenas; Chiapas, después de Oaxaca, es el segundo estado con mayor diversidad étnica en México. Cortesía: Corazón de Chiapas.

Regino Montes, añadió que el año pasado, el gobierno realizó una consulta en el mes de mayo a agosto, hicieron 54 foros regionales de consulta y un foro nacional, donde se conjunta las propuestas, sugerencias y recomendaciones para construir la iniciativa de reforma constitucional, el 9 de agosto del año pasado, se entregaron estas propuestas al presidente de la república.

Posterior a ello, han trabajado con un comité, en la construcción de una iniciativa de reforma constitucional tanto en la exposición de motivos, como en la normativa, esperan a la brevedad ponerlo en manos del presidente de la república para su análisis, y que el titular del Poder Ejecutivo Federal de México sea quien envié el documento al Congreso de la Unión.

Por su parte, Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), destacó la importancia que tiene para el resto del continente, en especial para los pueblos indígenas, lo que pasa en México, donde viven más de la cuarta parte de mujeres y hombres indígenas de América Latina y el Caribe.

La presidenta mencionó que, México siempre ha sido un referente político y social. Así como la relevancia de las constituciones y las normas jurídicas para los pueblos indígenas, un objetivo de la lucha internacional y nacional de estos ha sido contar con normas jurídicas, que reconozcan y desarrollen los derechos más de una vez, sin embargo, han existido críticas.

“¿Para qué sirve eso si las personas, si las comunidades siguen siendo pobres?,¿para qué queremos leyes que no se cumplen?, la crítica es válida, probablemente muchos de los que estamos acá el día de hoy, hemos pensado en eso”, compartió.

Cunningham, añadió que, se debe distinguir dos aspectos, por un lado, la existencia de normas y leyes, por el otro, su efectivo cumplimiento. Debe haber leyes que, reconozcan y promuevan los derechos de los pueblos indígenas, porque esa es la base para tener un estado de derecho incluyente, para tener un estado multiétnico, pluricultural y plurinacional.

Es decir que, las normas jurídicas que establecen esos derechos son las que obligan a los estados a cumplirlos, permiten a los pueblos indígenas exigir su cumplimiento, sino fuese así, quedarían en manos de la caridad o generosidad de gobernantes de turno, dependerá de los que estos quieran dar, volviendo a la época de la colonia.

“No debemos perder de vista que la lucha por la reforma constitucional es la lucha por ser sujetos de derechos, colectivos deben ser cumplidos por los gobernantes y respetados por todos, incluyendo las empresas, los organismos internacionales y nosotros mismos”, comentó.

Un aspecto que le parece clave es que, las leyes tienen muchas posibilidades de ser cumplidas, cuando están dotadas de altos niveles de legitimidad. Muchas veces se aprueban leyes, cuyos contenidos son conocidos por las personas, producto de acuerdos políticos, sin demasiada visibilidad, a veces por su complejidad no se entienden bien.

Con base a lo anterior, le pareció relevante saber el proceso de reforma constitucional. Los espacios de dialogo y cambio han sido y continuaran siendo, fundamentales para el aporte, debatir ideas y dotar de legitimidad política, el proceso de reforma constitucional.

A su vez, Marco Matías Alonso, integrante del Comité de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dijo que, por los sucesos de los últimos meses y días, no era el mejor momento para realizar celebraciones. Pero tampoco debían pasar por alto, un día significativo para los pueblos indígenas.

Asimismo, añadió que la adversidad ha sido compañera de viaje de los pueblos, quienes han sobrevivido a muchas catástrofes, tiene la esperanza que resistirán, como lo han hecho por más de 500 años.

El experto recordó dos hechos relevantes, el 9 de agosto del 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el cual se reconoce los derechos constitucionales del pueblo afro, en el artículo 2º constitucional en el inciso C. También, en esa misma fecha una comisión representativa del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, entregó en Durango las conclusiones y el pronunciamiento del foro nacional indígena.

Por lo anterior, el presidente de la república, refrendo su compromiso con los pueblos indígenas y afromexicanos del país. Todos están de acuerdo que la reforma constitucional del 2001, en materia de derechos y cultura indígena, no contempló todas las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México.

Matías Alonso añadió que, desde hace 19 años y después de la reforma del 2001, ha corrido mucha tinta, múltiples iniciativas y declaraciones que han podido desarrollarse. Desde el 2003, Rodolfo Stavenhagen, como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, hizo la recomendación al Congreso de la Unión para reabrir el debate sobre la reforma constitucional.

En el 2017, mencionó que, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, reafirmó la urgencia que debe tomar México para saldar el pendiente con los pueblos indígenas.

“Sin ningún avance, han pasado 3 presidentes de la república, dos del PAN y uno del PRI. Han transcurrido 6 legislaturas federales de la Cámara de Diputados, y tres del Senado de la República, en todos ellos no ha habido avances, los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y afros quedaron arrinconados en la lista de pendientes”, expuso Matías Alonso.

También, dijo que, a 7 meses de la toma de posesión del presidente de la república, instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del INPI, impulsar un proceso de consulta previa, libre e informada, para el proceso de la reforma constitucional y legal, sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Pueblos indígenas de tres municipios chiapanecos realizan foros de consulta rumbo a la reforma constitucional. Cortesía: INPI.

Las consultas regionales y estatales iniciaron en julio y concluyeron en agosto del 2019, fue un proceso extraordinario, diversas ideas maduraron y se tiene casi lista la iniciativa de reforma constitucional, son más de una veintena de artículos que proponen reformar.

“Consideró que incluye todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afros. ¿Qué sigue?, ¿Qué va a seguir en los próximos días y meses?… primero dar a conocer a los pueblos indígenas y afros, el borrador de la iniciativa, a través de reuniones informativas virtuales, de carácter regional o interestatal”, compartió el experto.

Así como, promover una reunión informativa virtual a nivel nacional, para dar a conocer esta iniciativa constitucional, concluido el proceso, una comisión representativa de los pueblos indígenas y afros, junto al titular de la SEGOB y el INPI, hagan la entrega formal de la iniciativa al presidente de la república, para su valoración, como consideración de la cámara de senadores o diputados.

“Ha llegado la hora del presidente de la república, es la hora del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, es una semilla que se sembró hace muchos años, ha tardado en nacer, pero tengo la esperanza de que nacerá, en esa semilla renacerá la esperanza de los pueblos indígenas y afros de México”, finalizó.

Es de importancia mencionar que, el Gobierno de México ha asumido el compromiso garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas al reconocerles como sujetos fundamentales de derecho público, en el actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública, estableció una nueva relación entre el Estado y estos pueblos, de conformidad con la normativa internacional en la materia.

Copainalá́ planteó fortalecer autonomías regionales y detener discriminación en escuelas. Cortesía: INPI.

En ese sentido, del 21 de junio al 04 de agosto de 2019, el INPI realizó 54 foros regionales de consulta con el título “Consulta Libre, Previa e Informada para el Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, de los cuales un foro fue específico para el pueblo afromexicano y otro se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, con indígenas migrantes radicados en Estados Unidos.

Además, un foro nacional, en la Ciudad de México del 06 al 08 de agosto de 2019 con representantes de los 68 pueblos indígenas que conformaron una comisión de seguimiento, con el fin de recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios para sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, y sus correspondientes leyes reglamentarias.

Algunos de los temas abordados fueron, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; derechos de las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud indígenas; indígenas.

Como el reconocimiento de los derechos fundamentales del Pueblo Afromexicano; tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; sistemas normativos indígenas, y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; participación y representación de los pueblos indígenas en las todas las instancias de gobierno; consulta libre, previa e informada; patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva; educación comunitaria, indígena e intercultural; salud y medicina tradicional.

Por último, comunicación indígena, comunitaria e intercultural; desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria; migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, y; la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.