Un licenciado de la Fiscalía me pidió declararme culpable, sino me regresaría para que me quemaran: mujer indígena víctima de tortura

Tres de cada cuatro personas consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, datos de ENADIS. Cortesía: Atlas de los Pueblos Indígenas.

*Las mujeres indígenas, se encuentran en un punto crítico de vulnerabilidad, se enfrentan a altos índices de discriminación por género, etnia, lengua y clase; por estas razones les es difícil el acceso a la justicia. Hay un aumento de feminicidios en comunidades indígenas, toleradas por las autoridades municipales, lo que eleva la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA) en su análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas, da a conocer que, en el estado la violencia contra las mujeres tiene como base, la cultura patriarcal y machista, así como las condiciones estructurales y sociales no atendidas por el Estado.

Lo anterior, vulnera el acceso de las niñas y mujeres a la salud, educación, trabajo digno, cultura, tenencia de la tierra, alimentación, participación política, libertad de expresión, movilidad, justicia y acceso a una vida libre de violencia.

FRAYBA, añade que, la violencia se hace más grave con la pobreza y pertenencia a un pueblo indígena, discriminados desde años por en el país. Chiapas tiene altos índices de feminicidios, es uno de los 17 estados de la república con Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Con base a lo anterior, la AVG fue declarada para el estado chiapaneco debido al impulso de organizaciones pertenecientes a la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, después de reiteradas negativas del Gobierno estatal, interpusieron un amparo logrando que esta alerta se declarara en los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores.

Además, la AVG solicitó acciones específicas para municipios de la región de Los Altos, como son Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. Estos municipios indígenas, tienen un alto grado de marginación y violencia hacia las mujeres.

Por ello, desde su implementación, han registrado avances sustantivos para erradicar la impunidad de la violencia a las mujeres.

“Soy indígena tsotsil, me detuvieron el 22 de agosto de 2018, cuando estaba en casa de mi hermana, varios hombres armados y encapuchados entraron a la casa, tiraron la puerta, cuando quise defender a mi sobrino, los hombres me tiraron al suelo y luego arrastrándome me subieron a un vehículo”, testimonio.

Además, la víctima cuenta que, fue llevada a San Cristóbal de Las Casas, esposada, como iba en la en la parte trasera del vehículo, durante el traslado la pisaron, insultaron, golpearon e incluso le tocaron los pechos y metieron sus manos debajo de su falda, pero ella pudo reconocer la voz de su expareja, de quien se separó porque la golpeaba.

La víctima añade que, un licenciado de la fiscalía le dijo que debía declararse culpable de homicidio por su sobrino, porque si no, la iban a entregar otra vez con los hombres para que la golpearan y quemaran.

“Me obligaron a poner mi huella en un documento. Ese mismo día me llevaron a Tuxtla Gutiérrez y el día 24 de agosto me llevaron a la cárcel en San Cristóbal de Las Casas”, compartió.

Documentan 13 denuncias por tortura a indígenas durante 2018. Cortesía: Roberto Ortiz.

El Centro de Derechos Humanos menciona que, la violencia en el país ha traído una serie de violaciones a derechos humanos hacia los pueblos y comunidades indígenas. Pero las mujeres, además se enfrentan a la militarización de sus comunidades.

Por otro lado, la falta de atención adecuada a la salud en estos lugares, también se genera por discriminación. Por lo que es importante resaltar la violencia que padecen de manera constante, como parte de la cultura de vulnerabilidad en la que viven, de la impunidad y corrupción.

Por todo lo expuesto, FRAYBA acompaña los casos de tortura hacia mujeres, que aparte de la discriminación, tiene característica de violencia sexual, va desde insultos, insinuaciones, amenazas de violación, tocamientos y violación

También, los juzgadores deben tomar en cuenta los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la jurisprudencia internacional en la materia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Al mismo tiempo, la impartición de justicia debe contar con una perspectiva de género, permitiendo el análisis y visión de las relaciones de poder existentes entre los géneros, que no discrimine a las mujeres, aplicando principios de no discriminación y todos los componentes que hacen que las mujeres padezcan varios tipos de discriminación.

Por último, estas mujeres sufren de manera desproporcionada pobreza, exclusión y discriminación. Superar la brecha histórica es esencial para construir una sociedad igualitaria.

Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas es el segundo estado con más población de origen indígena del país, solo por debajo de Oaxaca con 1 millón 165 mil 186 personas.

El INEGI en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, presentó indicadores sobre situaciones de discriminación sufridos por la población indígena en México, así́ como los ámbitos de ocurrencia.

Dentro del informe, uno de los rubros fue presentar cifras de la discriminación racial y étnica, como un problema social de carácter estructural que adopta diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas, hasta la instigación del odio étnico, afectando de manera repetitiva y sistemática el acceso, ejercicio y goce de los derechos humanos de ciertos grupos de la población, vulnerando su dignidad, libertad, autonomía y autodeterminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, la población indígena de 12 y más años se estima en 10 millones de personas, de las cuales 49.3% perciben que sus derechos son poco o nada respetados. La principal problemática declarada que enfrentan como grupo es la falta de empleo, con 20.9%; le siguen la falta de recursos económicos, 16.1%; la falta de apoyo del gobierno en programas sociales, 15.8%; y la discriminación por su apariencia o lengua, 14.6