“Tuve que decir cosas que no eran ciertas, ya no quería que me siguieran torturando”; víctima

El sistema de justicia construye culpables para perpetuar impunidad. Cortesía: FRAYBA.

*La tortura es una forma de quebrantar al ser humano, degradarlo, romper sus defensas físicas, psíquicas y su entorno, es un grado máximo de sufrimiento, infligido por representantes del Estado y/o con anuencia de éste. Los torturadores, a través de su práctica llevan a la víctima a una situación límite entre la vida y la muerte, este carácter devastador de la tortura es un acto que pretende eliminar el control de la persona de su propia vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), hace un mes lanzaron la campaña “En el país donde se erradicó la tortura”, con el afán de evidenciar y profundizar esta otra pandemia que está lacerando a las personas, sus familias y sus comunidades.

Por ello, se vieron en la necesidad de romper el miedo y las barreras que pretenden hacer que cesen las quejas de la sociedad civil, con ayuda de los testimonios de las y los sobrevivientes, familias y comunidades que levantan la voz con digna rabia para la exigencia de justicia.

En el informe Romper el miedo, durante el año 2018 y el primer semestre de 2019, registraron 98 eventos de tortura distribuidos en los municipios de Arriaga, Catazajá, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Chiapa de Corzo, Chamula, Chanal, Ixtacomitán, Las Margaritas, Motozintla, Palenque, Pichucalco.

Además de San Cristóbal de Las Casas, Ostuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, Teopisca, Tila, Tapachula, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón.

Acerca de los perpetradores identificados está el Ejército mexicano, policías municipales, autoridades comunitarias y municipales, policías ministeriales, fiscales del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; así como particulares con consentimiento de autoridades.

Asimismo, de los 98 casos, 95 son hombres y tres mujeres; 48 indicaron pertenecer a un pueblo indígena y 50 ser mestizos. De los eventos registrados pertenecientes a un pueblo indígena 25 indicaron ser tseltales, 20 tsotsiles, un tojolabal, un ch’ol y uno perteneciente al pueblo zoque.

Pedro Alfaro, director del FRAYBA, mencionó que, la tortura es una de las grandes violaciones a los derechos humanos, los gobiernos están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. En México la situación es crítica, es un mecanismo sistemático, utilizado para simular justicia.

Por su parte, Jorge Gómez, integrante del CDH FRAYBA, dijo que, la tortura de manera general ocurre bajo la siguiente acción, los Ministerios Públicos (MP), Policías y Fuerzas Armadas en México, realizan detenciones ilegales de personas, para después presentarlas como responsables de algún delito.

Audiencia pública en Chiapas realizada en el año 2019. Cortesía: FRAYBA.

Gómez añadió que, el MP tiene un lapso de 48 horas para dejar en libertad a una persona detenida o presentarla a un juez para que este defina su situación jurídica, sin embargo, en México, esas horas son utilizadas para torturar a las personas y fabricar pruebas en su contra.

“En un boulevard me bajan de la camioneta sin decirme nada, me llevan y lo único que, no me dan pido explicaciones, cual es el motivo de mi detención, la cual no me dicen nada, me suben y me empiezan a dar de golpes en la cara”, fragmento de una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas de Chiapas.

Gilberto Hernández, integrante del FRAYBA mencionó que, la tortura crea un estado de indefensión, además genera pruebas ilícitas, estas son utilizadas por el MP para acusar a las personas ante un juez.

“Yo tuve que decir cosas que no eran ciertas señora juez, cosas que tuve que sacar porque yo ya no quería que me siguieran torturando y nunca coincidía en lo que ellos querían, lo que quiero que me digas como la declaración que tu vas a hacer que quiero que declares, si tu no lo haces, aquí tengo 5 kilos de mota… para que veas que no estoy jugando contigo, me enseñan unas fotos de mi esposa y de mi familia, le digo voy a aceptar todo lo que me diga… y eso fue lo que hice, firme, huelle, a la declaración que ellos me pidieron, que me declara culpable”, dijo otra víctima.

Los MP combaten delitos por medio de violaciones graves a derechos humanos, al presentar ante un juez pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, con eso imponen una versión falsa de los hechos, obstaculizando conocer la verdad.

Otro integrante del CDH expuso que, la tortura en México no es un hecho aislado, diversos organismos de derechos humanos internacionales, así como órganos multilaterales de derechos humanos, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que la tortura es sistemática y generalizada.

Compartió que, la encuesta nacional de personas privadas de su libertad en el 2016 ha indicado que, al menos un 75.65 de las personas detenidas han sufrido violencias psicológicas y al menos un 63.8% han vivido algún tipo de violencia física.

“… y de ahí, me agarraron los policías, me subieron en una tanqueta, me pegaron con toletes, tubo y un bat, otro policía me agarro con un protector y me lo puso en el cuello, al darme el batazo en la cabeza, quedé inconsciente, vine a reaccionar ya llegando a la procuraduría”, contó una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas en Cintalapa.

Un 46.6% de las personas que rindieron un declaratoria ante el MP, mencionó haber sufrido presiones por parte de los policías y autoridades para dar otra versión de los hechos.

“Nos llevaron a la fiscalía de alto impacto en donde nos torturaron, me metieron a una cabina, solo a mí… se encontraba el señor que esta ahí, el del Ministerio y los que me habían detenido, los que me llevaban”, dijo una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas en Villaflores.

A La CDH comparte que, la Comisión de Derechos Humanos del periodo de enero del 2017 a febrero del 2020, recibió 259 quejas por tortura, 866 por tratos crueles inhumanos o degradantes y 1036 detenciones arbitrarias.

“Yo por eso mandé a Derechos Humanos a hablar y mi papá los mando, y ahí en la fiscalía cuando llegó Derechos Humanos, yo les supliqué a la de Derechos Humanos que hablaran con las dos personas que estaban ahí, y ellos tomaron nota, nomás que desgraciadamente me dijeron que están de vacaciones pero que, si gustan ahí esta todo, hay fotos de nosotros”, expresó una víctima de detención ilegal, en las audiencias públicas en San Cristóbal de Las Casas.

Por último, esta el caso de Yonny Ronay Chacón González, un estudiante que salió de su casa y hasta el día de hoy no regresa. Fue detenido de forma ilegal, por policías, el día 13 de marzo en el 2019. Además, es víctima de tortura, enfrenta un proceso jurídico que viola sus derechos humanos.

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