El feminicidio no es matar a una mujer por el hecho de serlo, sino por sentimientos de superioridad del victimario: Fiscal

Foro Nacional “La Importancia del Tipo Penal del Feminicidio en la Legislación Mexicana. Cortesía: Congreso del Estado de Chiapas.

*El Congreso del Estado de Chiapas, dio a conocer el pasado 30 de junio a través de su red social que, en la Décima Sesión Virtual del pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a las Iniciativas de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas en materia de feminicidio.

El pasado 02 de julio, se realizó el foro “La importancia del tipo penal del feminicidio en la legislación mexicana”, con la participación de Cynthia Velázquez Sánchez, Fiscal de Homicidios y Feminicidios en Chiapas, compartió que, le gusta pensar que pertenece a una generación donde las mujeres y los hombres luchan brazo a brazo para eliminar las relaciones desiguales de poder, para darle fin al patriarcado que domina y somete, donde las mujeres no son relegadas a la esfera privada de los hombres.

Sin embargo, no puede negar que, en la actualidad, hay hombres y mujeres que siguen llegando a la autonomía del tipo penal del feminicidio. Algunos afirman que es un homicidio y solo se debe incrementar la pena a este delito, esto debe a la resistencia al cambio, sin darse cuenta el solo hecho de aumentar una pena por la muerte de una mujer, es otra forma de discriminación.

“Mi papel en este foro es hablar de temas prácticos como la investigación de perspectiva de género, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que históricamente ser mujer es tener una condición de vulnerabilidad, vivimos en una sociedad patriarcal, con estructuras asimétricas de poder y lamentablemente en Chiapas existen otros factores que colocan a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad”, expresó.

Por lo anterior, los factores son la pobreza, analfabetismo, la vida en el campo, racismo. Comparó la justicia para una mujer pobre, campesina, analfabeta y de un pueblo originario con el Monte Everest, ya que, quienes están en la procuración de justicia, deben conseguir estar en mejores condiciones para poder escalar.

Velázquez Sánchez añadió que, es consciente que los derechos que han obtenido y que usan, se debe a la lucha y conquista feminista para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, no solo ante la ley, sino esa real e independiente tan anhelada.

Por ello, los ministerios públicos, deben de dejar de investigar hechos basados en ideas tradicionales y estereotipos machistas, es necesario el uso de la empatía, para comprender que una mujer no dio pie a ser golpeada por no cumplir con deberes del hogar. Un feminicidio no debe ser justificado por la inferioridad.

“Una mujer no propició ser violada por la forma en la que se viste, esas premisas mayores deben ser modificadas, que reconozca a todos y a todas los mismos derechos y obligaciones, y que no estereotipar a la mujer, como una mujer abnegada sino más bien, como una persona susceptible de derechos y libre”, añadió.

Asimismo, dijo que cuando se investiga un hecho de realización oculta, porque de manera ocurren los feminicidios; quienes actúan en la indagatoria deben saber que es difícil encontrar una prueba directa sobre la comisión del delito.

Por esa razón, están obligados a buscar pruebas de hechos demostrados a lo que se investiga, con una injerencia directa, para construir deducciones lógicas y así permitir que las suposiciones al llegar a un juicio puedan dejar de ser una duda. Es importante que, mediante la injerencia de pruebas periciales en materias como la psicología, antropología, trabajo social, se detecte la dimensión de poder entre la víctima y el victimario.

“Justo el mes pasado, estuve en un seminario internacional donde escuché a dos juezas decir que, una investigación con perspectiva de género no implica dar privilegios a una mujer por el solo hecho de serla, tampoco se trata de establecer nuevos estándares de prueba para un delito en particular, pero lo cierto es que juzgar con perspectiva de género si implica tomarse un papel serio, este derecho a la igualdad y a la no discriminación con la que contamos las mujeres”, mencionó.

Además, asumir que el enfoque jurídico formal, no es suficiente para combatir la discriminación. La procuraduría tiene que investigar con perspectiva de género, es decir, aceptar que las condiciones de dominación son un factor determinante para producir un resultado o para que la agraviada no denuncie.

Cortesía: Andrés Domínguez.

La Fiscal, compartió que a veces no pueden evitar un feminicidio, esto se debe a que las personas víctimas de violencia no denuncian la violencia familiar que viven, este tipo de violencia termina en un feminicidio.

Es así como, investigar estos delitos requiere eliminar toda forma de discriminación, ya que las condiciones de la víctima deben ser marco de referencia para la protección de sus derechos y no para la desprotección de sus prerrogativas.

“Quienes trabajamos en la fiscalía debemos ser empáticos e incluyentes, analizar a detalle y de manera pormenorizadas las declaraciones de las víctimas indirectas, porque como ya lo he dicho, la mayoría de los feminicidios se cometen sin testigos, pero muchos de estos delitos no tienen testigos, pero es importante indagar cualquier prueba que pueda corroborar, de las víctimas indirectas que pueden ser hijos o familia, que nos puedan dar este contexto de violencia”, expuso.

A su vez, mencionó que el feminicidio no es matar a una mujer por el hecho de serlo. Es causar la privación de la vida, por sentimientos de superioridad del victimario, el desprecio al género femenino y de la vida de una persona al considerarla de menor jerarquía, causado por malas interpretaciones religiosas que aseguran que el hombre es superior a la mujer.

“Sabemos que, en el marco jurídico, la Convención Sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Contra la Mujer conocida como la CEDAW, es el primer instrumento que reconoce explícitamente estas condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación que vivimos y establece parámetros de política pública para poderlas compartir”, compartió.

Al mismo tiempo, indicó que, como órgano de procuración de justicia, lograron que se sancione este delito y cualquier delito contra la mujer, pueden impedir cualquier acción o conducta que basada en el género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer.

“Es hora de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia, el acceso a la justicia y el debido proceso, asegurar a las mujeres víctimas de violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento de la reparación de los daños y otros medios de compensación”, expuso.

Por otro lado, mencionó la sentencia de Mariana Lima Buendía, consideran que es la luz en cuanto a delitos de feminicidio, reconoce el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y no discriminación.

Por último, dijo que su función, es la labor en prevención de violencia feminicida y que los feminicidas reciban una sentencia condenatoria, que las victimas sean reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva.

“Nunca más un Chiapas en que una mujer tenga miedo de salir a la calle por miedo a ser asesinada, nunca más un Chiapas con impunidad, cada servidor y cada servidora públicos, debemos de dar lo mejor para lograr esa transformación”, finalizó.

Es importante mencionar que, según datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas en dos meses de confinamiento, 33 mujeres murieron de forma violenta en el Estado.

Además, en los primeros tres meses del año, registraron 47 muertes violentas de mujeres, dentro de esta cifra se desplegaron en diversos rubros, en enero 5 homicidios, 1 suicidio, 1 caso fortuito y 11 feminicidios, febrero 9 homicidios, 3 suicidios, 2 casos fortuitos y 4 feminicidios y marzo 2 homicidios, 4 suicidios, 2 causas de fuerza mayor y 3 feminicidios.

«Muera el gobierno machista»; Mujeres zapatistas reclaman justicia por feminicidios. Cortesía: Isaín Mandujano.

También, es de relevancia compartir que, con la exigencia de “muera el gobierno machista”, miles de mujeres indígenas rebeldes zapatistas con veladora en mano, madrugaron en los 12 caracoles para sumar sus voces, a las mujeres que exigieron el 8 de marzo un alto a los feminicidios y a la violencia contra ellas.

Además, el 8 de marzo desde el municipio Chapultenango, mujeres se reunieron en el domo municipal para demandar al Estado mexicano implemente mejores medidas de seguridad en el país, qué cesen los asesinatos, secuestros y desapariciones.

“A nivel local, exigimos a la autoridad municipal que implemente estrategias de seguridad apropiadas para combatir el acoso callejero, qué haya mejor alumbrado público y vigilancia en nuestro pueblo” expusieron.

En San Cristóbal denunciaron que, en el 2016, se registraron 143 muertes violentas de mujeres, de las cuales 81 son feminicidios y 41 tentativas de feminicidio. En el 2017, 218 muertes violentas de mujeres, de las cuales 84 son feminicidios y 53 tentativas de feminicidio. En el 2018, 164 muertes violentas de mujeres, de las cuales 54 son feminicidios y 62 tentativas de feminicidio y en el 2019, 199 muertes violentas de mujeres, de las cuales 84 son feminicidios y 74 tentativas de feminicidios.

Las mujeres defensoras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que acompañan a otras defensoras en la documentación de violaciones a sus derechos humanos y han registrado diversas amenazas de muerte, en especial a las cuidadoras del territorio.

“Ni en las calles, ni en nuestras casas estamos seguras como mujeres y como defensoras, ante el aumento de los feminicidios y las desapariciones, los allanamientos y las agresiones sexuales. Y ante las omisiones y permisividad del Estado mexicano que no implementa medidas integrales efectivas por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”, dijeron las activistas.

Por último, en el 2019, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado, informó que en lo que iba de ese año, confirmaron 17 feminicidios; de los cuales el 96 por ciento se habían esclarecido. Sin embargo, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas documentó del primer día de enero al 31 de octubre de ese año, 166 muertes violentas; de los cuales al menos 75 cuentan con una de las siete causales para ser considerado feminicidio.