Controversia por Ley «Pin Parental» llega a Chiapas; es propuesta por legisladores del PES y rechazada por docentes
Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torreblanca Alfaro, Kalyanamaya de León Villard y Sergio Rivas Vázquez, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) presentaron una iniciativa para implementar la Ley “Pin Parental” en Chiapas, pese a que organismos han recomendado no hacerlo ya que es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace una semana, instó al Poder Legislativo de Chiapas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a la iniciativa de incluir el denominado “Pin Parental” en las leyes estatales, ya que esta iniciativa pretende que el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva de la niñez y las adolescencias esté condicionado a la autorización de madres/padres y personas que ejercen la tutela.
Sin embargo, las y los legisladores presentaron el 16 de Julio la “Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI al inciso A) del Artículo 108 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas”, es decir, la Ley “Pin Parental”, basado en el siguiente argumento:
“Los padres somos los principales responsables de la educación de los hijos. Como se sabe, somos seres sociales y dependientes, dependencia que se muestra de modo más patente en los años de infancia; por ello, pertenece a la niñez, el recibir una educación en sociedad adquirir conocimientos. De ahí que todo hijo tenga derecho a la educación, y a este derecho de los hijos, corresponder el derecho y el deber de los padres a educarlos” describe la iniciativa.
Además, expusieron que el término educare significa “acción y efecto de alimentar o nutrir”, alimento, no es sólo material, sino que abarca el alimento de las facultades morales e intelectuales de los hijos.
“Los atentados contra el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos constituyen, en definitiva, un atentado contra el derecho del hijo, derecho que en justicia debe ser reconocido y promovido por la sociedad” mencionaron.
Ante esta iniciativa, la CNDH el principal “argumento” de las iniciativas que ya avanzado en estados como Aguascalientes, Nuevo León –donde fue rechazada–, Chihuahua, Querétaro y Veracruz es que madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias, y, por tanto, consideran que la impartición de los contenidos sobre sexualidad es una facultad exclusiva de las familias.
Aunado a ello, varias de ellas mencionan que los contenidos educativos contienen elementos de “ideología de género”, al abordar temas como la diversidad sexual.
El Organismo Autónomo condenó que existan este tipo de iniciativas contrarias a los derechos humanos. En particular, las iniciativas “Pin Parental” vulneran el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“Las iniciativas de “Pin Parental “omiten considerar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconocen a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismas sus derechos, conforme a su edad y grado de madurez” expresó la Comisión.
Además, se detalló que el ejercicio de los derechos de la niñez y las adolescencias debe atender a su autonomía progresiva, lo que en esencia implica que, a mayor edad, mayor capacidad para opinar sobre los asuntos que les afectan y tomar decisiones que impacten sobre su propia vida, así como para acceder a información plural sobre cualquier tema, cumpliéndose con ello las condiciones para gozar de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Cabe señalar que este mismo grupo parlamentario junto a la diputada presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, propusieron al pleno del legislativo aprobar una declaratoria estatal por el “Día de la Oración” con fecha el 26 de agosto, lo que contraviene principio de las Leyes de Reforma, en la cual se separa al Estado de la Iglesia y condiciona a que un Estado laico.
Rechazo inmediato
Maestros y maestras, con el apoyo de más de 300 firmas ciudadanas, manifestaron su rechazo ante la iniciativa promovida por legisladores del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado de establecer la denominada “Pin Parental” en Chiapas.
Las y los docentes mencionaron que el Pin Parental propone que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos.
“Este recurso propone el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas, de acuerdo a sus criterios morales, por encima del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyen en programas y planes de estudio” menciona el documento.
Para las y los docentes, así como la ciudadanía firmante, el Pin Parental viola las garantías que emanan del Artículo 3° de la Constitución, así como las de los tratados internacionales a los que México está suscrito.
“Cualquier intento de violencia contra la infancia es inaceptable, por mínima que ésta sea, ya que tiene repercusiones físicas, sociales, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo. El Estado en su conjunto, incluidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes (…) Nosotras y nosotros conocemos el contexto chiapaneco: aún sin el pin parental, es complejo que docentes aborden estos temas en comunidades” establecieron.
Además, mencionaron que Chiapas encabeza las lista a nivel nacional del estado con mayores embarazos no deseados en adolescentes, personas con VIH y muertes maternas.
“Sin olvidar la falta de acceso a una interrupción legal del embarazo y el difícil acceso a métodos anticonceptivos que enfrentan las y los adolescentes. Por tanto, no podemos cegarnos ante tales problemáticas sociales. Estamos en contra de este intento por impedir que se difunda información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que es, de por sí, insuficiente” añadieron.
Las y los firmantes aseguraron que, en las tribunas, hay personas que realizan sus funciones bajo una lupa moralista y conservadora, por lo que les exhortaron a revisar la historia de nuestro país.
El pasado 16 de julio, Vianney Reyes Sumuano, Silvia Torreblanca Alfaro, Kalyanamaya de León Villard y Sergio Rivas Vázquez, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) presentaron una iniciativa para implementar la Ley “Pin Parental” en Chiapas, pese a que organismos han recomendado no hacerlo ya que es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales.
“Los padres somos los principales responsables de la educación de los hijos. Como se sabe, somos seres sociales y dependientes, dependencia que se muestra de modo más patente en los años de infancia; por ello, pertenece a la niñez, el recibir una educación en sociedad adquirir conocimientos. De ahí que todo hijo tenga derecho a la educación, y a este derecho de los hijos, corresponder el derecho y el deber de los padres a educarlos” describe la iniciativa.
Sobre el tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace una semana, instó al Poder Legislativo de Chiapas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a la iniciativa de incluir el denominado “Pin Parental” en las leyes estatales, ya que esta iniciativa pretende que el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva de la niñez y las adolescencias esté condicionado a la autorización de madres/padres y personas que ejercen la tutela.
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