Registran 41 denuncias por torturas en 15 meses; la mayoría hecha por elementos de la Fiscalía General del Estado

El sistema de justicia construye culpables para perpetuar impunidad. Cortesía: FRAYBA.

*La procuración de justicia es una actividad esencial en Chiapas, se retrasa e impide el incumpliendo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA), recibió durante el mes de enero del 2019 hasta marzo del 2020, un total de 41 denuncias sobre casos de tortura. De estos, 26 ocurrieron dentro del Sistema Penal Acusatorio, la práctica a la violación de los derechos humanos no se ha erradicado, la mayoría de los causantes son elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), es decir, la propia instancia encargada de investigar tal delito.

Con base a lo anterior, la FGE respondió al Centro de Derechos en octubre de 2019, una solicitud de acceso a la información afirmando que, en el año 2018, abrieron 31 carpetas de investigación por el delito de tortura, el resultado de esto fue que, 26 se encontraban en trámite y solo uno se vinculó a proceso. Sin embargo, en ninguna hay sentencia condenatoria para los perpetradores, dejando evidente la lentitud e ineficacia en el combate a la impunidad.

Además, los datos que proporcionó la Fiscalía dan a conocer que, de 23 solicitudes de dictámenes médicos en el marco del Protocolo de Estambul, solo se practicaron tres, asimismo, cuentan con solo dos psicólogos y ningún médico para realizar peritajes.

A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó el pasado 23 de enero que, de 39 solicitudes solo aplicaron un protocolo.

Por otro lado, para ejercicios del 2019, la Fiscalía Antitortura obtuvo un presupuesto de 8,143,304.58 pesos para su operación y funcionamiento. FRAYBA menciona que, en la actualidad no han demostrado avances significativos en su objetivo de investigar la grave violación a derechos humanos.

 “Esta falta de eficacia en el actual sistema judicial, mantiene los patrones de no acceso a la justicia para víctimas de tortura a quienes se estigmatiza y criminaliza. En la carga de la prueba se continúa con la práctica inquisitiva en donde a los presuntos culpables y a las víctimas no se les garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos”, mencionó por escrito FRAYBA.

Es importante mencionar que, durante la emergencia sanitaria por Covid-19, se han detenido los procesos jurídicos de víctimas de Tortura, aumentando los riesgos a su vida, seguridad e integridad, en los Centro de Readaptación Social para Sentenciados y el Centro Federal de Readaptación Social, no aplican bien los protocolos de salud y carecen de atención médica adecuada, afectando a quienes tienen secuelas físicas y psicológicas por actos de tortura.

FRAYBA denuncia que la tortura es un mecanismo que anula y aterroriza a la población, en especial a la excluida y marginada. Cortesía: FRAYBA.

El Centro de Derechos expuso que, las autoridades del sistema penitenciario obstruyen el trabajo de las personas que defienden los derechos humanos de las personas en esta situación y de las organizaciones que los acompañan. Sin embargo, la sociedad civil insiste en fortalecer el afrontamiento a la Tortura con el litigio de casos, apoyo psicoemocional y construyendo estrategias conjuntas.

Añaden que, los desplazamientos forzados internos que sufren las comunidades de los Pueblos Originarios enfrentan el abandono, las malas condiciones de vida, la discriminación, la falta de acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Violaciones marcadas por la discriminación histórica, asociado a la incertidumbre que representan los impactos psicosociales del sentido de identidad y pertenencia.

Asimismo, estar lejos de su tierra genera entornos de tortura que, afectan la integridad personal y comunitaria, así como la angustia que representa no poder satisfacer el acceso a derechos básicos como salud, vivienda, alimentación y educación.

Es así como, el sistema vincula la omisión con la complicidad, es responsabilidad del Estado mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometido a las víctimas de tortura y sus familiares, impulsando investigaciones apegadas a la diligencia, sin evadir las funciones propias de la procuración de justicia y rechazar la impunidad.

Por lo anterior, el CDH insiste en urgir al Estado mexicano el cumplimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

Por último, Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su informe sostiene las siguientes recomendaciones:

“Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado…; tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; y garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral”.