Pese a medida de confinamiento, grupo paramilitar dispara a comunidad de Chalchihuitán

Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria. Cortesía: Frayba.

*Las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de arma de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, realizados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por la emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid-19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo alrededor de las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil.

“… un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar…”  testimonio.

Frayba añade que, esta situación pone en riesgo de contagio por COVID-19, a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas de manera forzada, se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada y agua potable, carencia de servicios de salud.

“… Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares…”, testificaron.

Asimismo, el CDH menciona su especial preocupación por los niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres, en las comunidades de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó.

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID-19, enfrentan los Pueblos Originarios. Cortesía: Frayba.

Las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento de Chalchihuitán y Chenalhó, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/2018, las autoridades del estado mexicano no han cumplido de manera eficiente y eficaz con implementar las acciones para protegerlas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) menciona que, el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema, se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, lo que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas desde octubre de 2017.

“Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo…”, indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano garantizar los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia, así como su integridad y seguridad personal.

Además, garantizar acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal, alimentación, vivienda adecuada, información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad, atención médica oportuna y sin discriminación, consentimiento libre, previo e informado, a la libre determinación, participación de las mujeres y los derechos de niños y adolescentes.