Frayba urge al Gobierno cumplir con el amparo en favor de comunidades de desplazamiento forzado de Aldama
Aldama #LesQueremosEnCasa.
Fotos: Expo Foto Virtual: Paz para el Pueblo de Magdalena. Participan: Isaac Guzmán, Isabel Mateos, Marissa Revilla, Luis Aguilar, Carlos Ogaz, Rodrigo Pardo y Carlos López
*El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) establece en sus directrices de Minoría que, los estados deben aplicar medidas adicionales para abordar la repercusión desproporcionada que el COVID-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales.
Foto 1. Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19. Cortesía: FRAYBA.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que representantes de las comunidades en desplazamiento forzado de Aldama interpusieron el pasado 27 de marzo, una solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la suspensión de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del estado, las autoridades responsables continúan con el incumplimiento de la resolución.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado del municipio de Aldama.
Además, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades han omitido el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por el Juez Federal.
Frayba registró desde el 24 de marzo al 28 de abril, al menos 47 actos de agresión armada, menciona que durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática.
Por lo anterior, reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama.
“…el día de hoy 21 de abril, siendo ya casi a media noche, aquí en el municipio de Aldama, en la cual hace unos minutos fuimos atacados por grupos armados de corte paramilitar…” testimonio.
https://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-28-at-9.01.13-AM.mp4?_=2
La Comisión reportó el 27 de abril nuevos ataques armados, iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab. Según testimonios hombres armados vestidos de negro estaban realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj, así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.
Frayba realizó intervenciones desde el inicio de las agresiones armadas a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo, se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son la privación arbitraria de la vida, el desplazamiento forzado y la privación arbitraria de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez.
El Centro de Derechos Humanos informó sobre la desaparición de Cristóbal Sántiz Jiménez, defensor comunitario, representante y vocero de comunidades tsotsiles en desplazamiento forzado de Aldama, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la aprehensión en contra de Cristóbal “N” por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Juana Hernández López, en el municipio de Chenalhó.
El CDH menciona que la entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID-19 y no contar con garantías de atención médica adecuada.
Así mismo, urgen a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas cumplir el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades de Aldama.
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