Exigen tomar medidas y garantizar atención a personas privadas de la libertad durante la contingencia

Penal de El Amate

*Ku’untik expresa que son constantes los diagnósticos que presentan las insuficiencias en los servicios de salud y las deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.

El Centro de Derechos Humanos Ku’untik pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la emisión de Medidas Precautorias para garantizar la integridad física y la vida de más  7 mil 600 personas privadas de su libertad en los Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas.

Ante la propagación del COVID-19, atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de la libertad en el Estado es urgente, se evidencia en la ausencia de estrategias dirigidas a la preservación de la integridad personal de ese foco poblacional, expresa el Centro de Derechos Humanos.

El Gobierno del Estado de Chiapas no ha informado cuáles son las medidas a adoptar para evitar la propagación del virus dentro de los 22 centros penitenciarios del Estado, los cuales presentan hacinamiento, sobrepoblación y deficiencias en el acceso al derecho a la salud de las internas y los internos, comenta Ku’untik.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, que fue emitido para denunciar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad albergadas en 109 centros, se expuso que seis centros penitenciarios de Chiapas presentan niveles en riesgo crítico de superpoblación.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es un instrumento de evaluación y valoración de la CNDH, presenta la situación que impera en el sistema penitenciario bajo la perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión.

En el DNSP de 2019 resaltó las deficiencias encontradas en los centros penitenciarios, llamando en específico la atención a los siguientes rubros: Aspectos que garantizan la integridad personal del interno, Aspectos que garantizan una estancia digna, Condiciones de gobernabilidad, Reinserción social del interno y Grupos de internos con requerimientos específicos.

El documento expone con detalle la situación de los centros penitenciarios del Estado donde señala deficiencias en los aspectos que garantizan la integridad personal de los internos, así como en los aspectos que garantizan una estancia digna.

Así mismo, destacó 9 Centros Penitenciarios en los que la salud está en completo abandono por el Estado y las autoridades responsables. A continuación, se mencionan algunos casos:

En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No.3 de Tapachula, se albergan 835 hombres en condiciones deficientes de salud, higiene y alimentación.

En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No.4 Femenil de Tapachula, conviven 44 mujeres recluidas con la inexistencia de protocolos de higiene en la cocina y en exteriores, esto sumado a deficiencias en servicios de la salud.

En el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las Casas, 239 hombres y 16 mujeres, viven en situación de superpoblación y hacinamiento, habitando una infraestructura insuficiente para alojar personas, sin protocolos de higiene en las áreas de alimentación y con deficiencias en los servicios de atención a la salud.