Cafeticultores bajo ataque, en los altos de Chiapas

Cafeticultores bajo ataque, en los altos de Chiapas

Desde hace cuatro años habitantes de Aldama viven bajo la constante amenaza de grupos paramilitares que les disparan y obligan a desplazarse. A pesar de un pacto de no agresión, impulsado por Alejandro Encinas en 2019, el conflicto arrecia. Habitantes denuncian la pérdida de sus cosechas, abandonadas por las amenazas

Texto y fotos: Orsetta Bellani de Pie de Página

ALDAMA, CHIAPAS.- Araceli tiene tres años y sabe que cuando se escucha un disparo se debe tirar al suelo. Se lo enseñaron después de que la cocina de su casa fue baleada. Era el 22 de enero de 2019 y su madre, su tía y su abuela – todas ellas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) – hacían tortillas frente a su fogón, cuando desde la comunidad de Santa Martha (Municipio de Chenalhó) llegó una ráfaga que agujereó las paredes de tablas y destruyó el techo en lámina. Por fortuna, esa vez no hubo heridos.

“Los grupos armados de corte paramilitar disparan casi diario, día y noche”, dice Gabriel, padre de Araceli e integrante de la cooperativa de café zapatista Yach’il Xojolabal. “Estamos pensando en construir un muro de concreto aquí afuera, para que si llegaran a disparar otra vez las balas no entren”.

Todos en San Pedro Cotzilnam (Aldama), tanto familias zapatistas como partidistas, coinciden: la última semana de enero de 2019 es una de la más violentas. Un conflicto que empezó en 2016, cuando Aldama negó a los habitantes de Santa Martha el permiso para utilizar un ojo de agua. Las tensiones entre los dos municipios remontan en realidad a la década de 1970. Una disputa sobre 60 hectáreas de bosques, milpas y cafetales, que un fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de 2009 otorgó a Aldama.

Desde 2016 la población de Aldama, que de acuerdo con el último estudio sobre pobreza de Coneval (2015) es el tercer municipio más pobre de México, vive bajo la amenaza constante de unos grupos armados de corte paramilitar. Éstos disparan desde la comunidad de Santa Martha, aprovechando de la ventaja que les da el estar en un campo más alto que Aldama. Tirotean en contra de casas y personas, sean zapatistas o partidistas. Tiran a los carros, aunque transporten heridos, y a los campesinos mientras se dirigen a sus parcelas.

El conflicto en Aldama ha causado, en total y hasta ahora, 7 muertos, 19 heridos de balas y unas 2 mil personas que constantemente tienen que desplazarse de forma “intermitente”.

Es decir, que durante los tiroteos se esconden en la montaña, en casa de familiares o en refugios, y regresan a sus casas cuando vuelve la calma.

Al vocero de los desplazados de Aldama, Cristóbal Sántiz Jiménez, lo detuvieron el pasado 14 de marzo por homicidio calificado. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian la existencia de irregularidades jurídicas y piden su excarcelación.

Por otro lado, los pobladores de Santa Martha acusan a Sántiz Jiménez de ser responsable de los 19 asesinatos ocurridos en su comunidad.

“Lo que como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hemos documentado, es que de estos 19 muertos, 15 han sido asesinados antes del comienzo del conflicto más álgido (2016) y con una violencia brutal, lo que nos hace pensar que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales”, afirma Pedro Faro, director del (Frayba).

“Las demás 4 personas pensamos que puedan haber sido asesinadas como respuesta de los pobladores de Aldama a los ataques de Santa Martha”.

El conflicto se da en una región – los Altos de Chiapas – donde en dos años y medio grupos armados de corte paramilitar desplaaron a más de 7 mil indígenas tsotsiles (incluidos los de Aldama).

Varios de los paramilitares se formaron en el Municipio de Chenalhó. En ese municipio, en 1997, masacraron a 45 personas, en la capilla de la comunidad de Acteal.

El Frayba no señala la existencia de una conexión directa entre los grupos armados de corte paramilitar actuales y los que se formaron en los 90 tras la insurrección del EZLN. Pero denuncia que excarcelaron a las personas detenidas por la masacre de Acteal. Muchas de ellas regresaron a Chenalhó; nunca les decomisaron sus armas y algunos de los políticos que los apoyaban siguen operando en la región.

¿Qué hay detrás de los ataques?

De acuerdo con los zapatistas de Aldama, existen intereses van más allá de las 60 hectáreas en disputa, posible motivo real de tanta violencia. “La gente de los grupos armados de Santa Martha son campesinos, ¿dónde encuentran el dinero para comprar las balas?”, pregunta Gabriel.

Gabriel es integrante de la cooperativa Yach’il Xojolabal. Afirma que algunos grupos de poder podrían impulsar la violencia como pretexto para militarizar la región. Así lo demostraría la apertura en enero de 2019 de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Cocó, una de las comunidades de Aldama más golpeadas por la violencia.

De acuerdo con esta teoría, más que garantizar la seguridad de la población, la presencia militar sería funcional a la entrada de las empresas extractivistas. En Aldama hay rumores de un interés en extraer recursos minerales de su subsuelo. Y en construir una hidroeléctrica en el río que cruza el valle que lo divide de Chenalhó.

Sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano no señala la presencia de ningún tipo de mineral en el subsuelo del municipio y el Frayba no tiene documentada ninguna de estas actividades.

“Hemos investigado en los presupuestos anuales del gobierno federal y no hay ningún dinero dedicado a la construcción de proyectos de este tipo”, afirma Jorge Luis López, integrante del Frayba.

En un comunicado del 6 de febrero de 2019, la Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció la violencia que afecta a las familias zapatistas de Aldama y Santa Martha. Responsabilizó a los tres niveles de gobierno por no haber solucionado a fondo el problema. “Su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas. Solo mal acostumbran dando dinero para calmar a la gente. Y eso ¿No es corrupción?”, preguntan las autoridades autónomas zapatistas.

Un pacto fallido

La administración federal de Andrés Manuel López Obrador impulsó, en junio de 2019, un pacto de no agresión entre Aldama y Santa Martha. Su firma se dio bajo la presencia del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo consideró como “el inicio de una nueva etapa de paz y reconciliación”.

Sin embargo, los tiroteos empezaron a los pocos días y a finales de julio de 2019 Filiberto Pérez Pérez, un joven de la comunidad de Tabak (Aldama), fue asesinado por un francotirador durante el velorio de su abuela. Una bala le dio en el cuello.

Desplazados, cosechas perdidas

Gabriel trabaja en la oficina de San Cristóbal de Las Casas de la cooperativa cafetalera Yach’il Xojolabal, de lunes a viernes. Los fines de semana vuelve a su familia y su casa, en Aldama.

Cuando Gabriel vuelve Araceli, su hija de 3 años, toma su celular y se pone a ver videos, su mamá se lo quita y le dice que mejor se vaya a jugar con sus vecinos. No ha habido balaceras recientes y eso les permite cierta libertad para transitar.

Según Gabriel, la violencia afectó a las familias zapatistas menos que a las partidistas porque están organizadas. Las bases de apoyo del EZLN tienen radio para comunicarse ante cualquier emergencia y una disciplina que les impone respetar las indicaciones de las autoridades autónomas zapatistas. Y éstas son claras: no responder al fuego de Santa Martha, no ceder a las provocaciones.

“Si nuestras autoridades nos dicen de no ir tal día a nuestras parcelas porque está peligroso, nosotros no vamos”, dice Gabriel. “En muchos casos esto nos salvó, porque los francotiradores nos disparan justo mientras caminamos rumbo a los cafetales”.

En un principio, los zapatistas iban a sus parcelas antes del amanecer y regresaban después del atardecer para ocultarse de los grupos armados. Cargaban el café en sus hombros en costales negros en lugar que blancos, que se mimetizaban en la oscuridad. Pero a partir de agosto de 2018, una familia de 5 personas fue asesinada en su carro en una emboscada. Para salvar sus vidas muchos campesinos decidieron abandonar su cosecha en los cafetales.

“¿Lo ves? De allí tiraban”, dice Juan, integrante de Yach’il Xojolabal, “el año pasado era imposible estar aquí, ahora está más tranquilo”. Juan señala un punto en la ladera de la montaña frente a nosotros, que estamos en los cafetales, a unos doscientos metros: es allí donde los grupos armados de Santa Martha se atrincheran detrás de unos bultos de arena.

La violencia causó graves afectaciones económicas a las 25 familias de Aldama que integran la cooperativa de café Yach’il Xojolabal. Esta cooperativa fue fundada en 2001 y es integrada por un total de unas 700 familias de 8 municipios autónomos de Chiapas.

En 2019, los cafeticultores zapatistas perdieron el 50 por ciento de sus granos. Aunque este año las pérdidas han sido menores. Justo durante el periodo de la cosecha – entre noviembre de 2019 y el comienzo de marzo de 2020 – en Aldama no hubo tiroteos.

Sin embargo, a causa de las balaceras del año pasado los cafetales no recibieron el mantenimiento que necesitaban, y la cosecha de 2020 de los zapatistas de Aldama alcanzó sólo el 60-70 por ciento de lo estimado.

“De todos modos, la situación de Aldama afecta sólo parcialmente nuestra producción total para 2020”, asegura Yach’il Xojolabal. De los 8 municipios donde producen café “cosechamos alrededor del 87 por ciento de la producción estimada y no vamos a tener problemas en cumplir con los contratos que firmamos”.