Ante la contingencia, urgen frenar el autoritarismo, defender la vida, los derechos y la dignidad humana.

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Cortesía: IM-Defensoras.

*La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades. 

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos  se pronunció al decir que la crisis provocada por el COVID-19 llegó a un mundo que ya enfrenta serias crisis de cuidados, cambio climático, violencia, desigualdad, derechos humanos, entre otras. La insostenibilidad del modelo político, social y económico impera en el planeta, reproducido por los Estados cada vez más controlados por intereses privados.

El modelo basado en la depredación en palabras de Berta Cáceres como “capitalista, racista y patriarcal” durante décadas se ha centrado en los mercados y en las lógicas neoliberales, destruyendo estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de las personas sin acceso a una vida digna. Por destrucción de lo público y desprecio de lo común.

Berta Cáceres. Cortesía: IM-Defensoras.

La iniciativa mesoamericana manifestó su preocupación que los Gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo

«Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria» manifestó un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.

Honduras, El Salvador y Guatemala han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son patentes. En Nicaragua el Gobierno omite su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niega el acceso a información de salud, dice la iniciativa.

En México El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) solicito a los medios de comunicación públicos y privados a que la difusión de la información se realice en formatos accesibles y adaptados.

Las Defensoras de los Derechos Humanos mencionan que los planes de emergencia afectan su trabajo, limitan su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.

Monserrat Arévalo denuncio condiciones de hacinamiento e insalubridad de personas albergadas en cuarentena. Cortesía: IM-Defensoras.

En Honduras detuvieron de manera arbitraria y criminalizan a la activista Aleyda Huete en el marco del toque de queda por Covid-19. En El Salvador hostigaron e insultaron en redes sociales a defensora por denunciar condiciones de hacinamiento e insalubridad de personas albergadas en cuarentena. Por último, en Guatemala Anabella Sibrian denuncio la presencia de la Policía Nacional Civil frente a su casa, ella guarda cuarentena y monitoreada por el Centro de Salud de Boca del Monte, por haber regresado de Bruselas, expresaron las Defensoras.

Desde su apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista dijeron contemplar el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con preocupación, pero también ven en el horizonte la posibilidad de cambiar las estructuras sobre las que se organiza nuestra sociedad.

La lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda advirtió que las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de la región además de ser los de mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis, al saber del cuidado mutuo, la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, cultivo de la tierra, el cuidado el agua, sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras.

La IM-Defensoras exigen a los Estados que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.

Aunado a lo anterior que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos. No aprovechar la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Además, reconocer y establecer una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida. Implementar políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas.

Que garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que pueden generar las situaciones de confinamiento. Garantizar el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar noticias falsas y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.

El último de los puntos que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.

Para finalizar hacen un llamado a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general, que de forma colectiva cuiden y acuerpen, promuevan la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía al alcance para mantenerse sanos, vigilantes y activos en la construcción de alternativas de vida que como pone el relieve de la crisis actual, cada vez son más urgentes y necesarios.