Cuando hablamos de narcotráfico pocas veces hablamos de que éste en realidad ha conformado toda una estructura de la gobernanza criminal; es decir, se trata de una entidad económica que “regula y controla la producción y distribución de servicios y productos ilícitos”; lo cual hace monopolizando el mercado, pero también el territorio; así  lo explicó Sandra Ley, profesora e investigadora de la División de Estudios Políticos (DEP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

#AlianzadeMedios | Por Darwin Franco de Zona Docs

“¿Qué es el crimen organizado?”,cuestiona Sandra Ley a las y los asistentes a su conferencia “Violencia y Gobernanza Criminal” en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; las y los universitarios no atinamos a responder, de ahí que ella responde: “

El crimen organizado son empresas comerciales informales que regulan y controlan la producción y distribución de servicios y productos ilícitos”, mismas que además “no aceptan competencia porque buscan el monopolio territorial de los mercados y los territorios”.

Esto lo hace, añade, empleando “la violencia como forma de extensión comercial, ya que la industria del tráfico de drogas debe ser vista como una cadena global de operaciones locales”, explica la politóloga para quien explicar esto es relevante porque:

“La violencia es utilizada como un instrumento comercial muy útil que se sustenta en el control monopólico del mercado (…) ésta (la violencia) es viable aún cuando se domina el mercado porque hay que mantener a todos alineados a las reglas establecidas para el control del territorio”.

Con este marco referencial vuelve a cuestionarnos: “¿Dónde surge el crimen organizado y por qué hay lugares donde sí hay violencia y en otros no?”

Ley explica que el narcotráfico surge en lugares donde el Estado no está presente, ya sea por una ausencia consciente o porque existen condiciones territoriales que dificultan su presencia; sin embargo, también es clara al señalar que estas condiciones propician que estos grupos criminales crezcan separados del Estado y no como un elemento que se desprende de éste;  por ello, no basta con colocar policía o militares donde antes no había, sino comprender que esas ausencias estatales crean lazos sociales que tienen como consecuencia el control social del territorio, lo que crea -por miedo, amenazas o presión- que nadie denuncie la presencia de estos grupos criminales.

“La presencia del crimen depende del control social que se ejerce en la comunidad”, aclara puntualizando que esto ha propiciado que todos: “Estado, criminales y sociedad habitemos un mismo espacio donde lo que siempre está en disputa el dominio del territorio”.

Por ello, siempre se debe revisar qué tipo de vinculaciones tienen estos agentes con el crimen organizado, ya que no siempre sociedad, Estado y crimen están enfrentados:

“Se trata de un proceso de coexistencia donde no hay esferas separadas ni universos paralelos; en realidad, son dos círculos que se traslapan creando una capa gris donde la estructura del Estado se pone a disposición del crimen, aunque también en esa misma área dicha colusión se combina con las acciones que buscan combatir el narcotráfico (…) lo que da pie a un sistema de corrupción que funciona a través de redes informales de protección que en momentos puede cuidar a algunos grupos y después a otros”.

Para la investigadora del CIDE, son estas lógicas y esquemas de redes de protección lo que pueden explicar por qué hay más violencia en algunos territorios que en otros: “la ilegalidad del mercado criminal no es el factor que genera violencia (…) la violencia se genera, en parte, por los esquemas de protección prevalecientes y los cambios en ellos”.

Se trata de una disputa por el territorio, ya que se busca el control monopólico de lo que ahí se produce, distribuye o comercializa. Esto, explica Ley, se complejiza porque en algunos territorios existen muchos grupos criminales, pero también muchos actores y organizaciones que están dando protección con tal de mantener las redes de colusión que les ha generado grandes ganancias a través de múltiples actos de corrupción que sólo pueden surgir en un Estado autoritario.

Este tipo de Estado siempre ha buscado imponer un esquema de recompensas y castigos; para ello, necesitan “especialistas de la violencia” que son aquellos actores que se requieren para tener mantener el control y dominio de un territorio; por ejemplo, ejército, policías, agentes secretos, etcétera.

“Los autócratas conservan la lealtad de los especialistas de la violencia permitiendo su enriquecimiento a partir del mundo criminal (…), ya que estos especialistas no sólo tienen acceso a información clave sino también el uso legal de la fuerza; por ello, son relevantes en mantener los vínculos con la criminalidad y las áreas grises en las que ésta opera en su vinculo con el Estado”, explicó.

Dra. Sandra Ley durante su conferencia en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara (Foto: Alejandra Guillén).

Para Sandra Ley, si esto no se ataca después de una alternancia democrática, entonces, las redes de protección se mantienen y los especialistas de la violencia prevalecen, lo cual deja intacta el área gris en las que opera la criminalidad.

En México, las alternancias democráticas han cambiado parcialmente estas lógicas, pues mientras quienes llegan al poder entienden la correlación Estado-Crimen organizado, éste último crea grupos armados para la protección de su mercado y sus monopolios; así ha pasado en todos los estados donde el PRI dejó de ser una figura política monopólica. Esto, como sostiene la investigadora, dio pie a la creación de grupos como: La Línea, Los Zetase, incluso, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin procesos de depuración de estas relaciones, sin cambios reales en las estructuras de “los especialistas de la violencia” y sin procesos de justicia, agrega Sandra Ley, “la guerra contra el narcotráfico” sólo erosionó los escenarios de violencia, ya que no existió o ha existido una cohesión entre todos los actores del Estado que tienen que estar vinculados para hacer funcionar una estrategia como la que se propuso en 2006.

La cohesión estatal depende de: 1) las relaciones verticales entre los niveles de gobierno; 2) relaciones horizontales entre agencias de seguridad y 3) los escenarios políticos que prevalecen en ambos procesos; así lo explica Sandra Ley:

Ante tales escenarios, el crimen organizado ha buscado crear nuevos recursos para financiar “las guerras” que generan a causa de las tensiones político-electorales, las cuales dan entrada a nuevos actores que atentan contra el control monopólico del mercado y el territorio de ciertos grupos criminales; esto produce nuevas y diversas formas de control y financiamientos a nivel local; el trasfondo de esto -precisa Sandra Ley- es que genera más control político, económico y social en escenarios municipales e, incluso, barriales.

Si el Estado busca cambiar la situación, sostiene, deberá generar acciones para quebrar o reconfigurar dichos controles, pues el escenario en disputa está en lo local; por ello, es que los delitos en contra de la sociedad civil van en aumento porque se busca cooptarla a través del sometimiento que se obtiene a través de la violencia.

Esta gobernanza criminal, precisa la investigadora, propicia controles de facto en la que los grupos criminales ejercen su fuerza no sólo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado; aunque esto dependerá de los grupos, el mercado y el propio territorio. De ahí que el enfoque de seguridad debería partir desde lo local y no de lo nacional, tal y como ha ocurrido en los últimos tres gobiernos federales.

“¿Cómo reconocer el establecimiento de regímenes de gobernanza criminal?”,nos cuestiona al final de su presentación Sandra Ley, para identificarlos propone:

1) Documentar los ataques a candidatos, pero también sistematizar los lugares donde no existen procesos electorales libres; esto implica también revisar los perfiles de los candidatos para saber quiénes son y de dónde vienen;

2) Documentar cómo el crimen organizado ha infiltrado los procesos políticos-electorales;

3) Documentar los ataques a funcionarios en puestos de control económico, así como las dinámicas de extorsión a nivel municipal.

4) Documentar las agresiones a periodistas, activistas y líderes sociales, pues ahí está la clave informativa de que redes de gobernanza criminal se quieren mantener ocultas.

5) Documentar y sistematizar los perfiles de las víctimas de la violencia, ya que ahí existe información relevante para saber no sólo a quién se desaparece o asesina, sino también por qué y para qué fines se hace.

Finalmente, Sandra Ley concluyó que es sí posible salir de estos esquemas de gobernanza criminal, pero para hacerlo se requiere una nueva configuración de las relaciones sociales en lo local y un esfuerzo grande por cambiar los sistemas de seguridad y procuración de justicia, ya que en tanto “los especialistas de la violencia persistan” habrá poco margen para incidir de manera real en la inseguridad que padece el país.