Chiapas alza la voz en favor de la Ley Ciudadana del Agua

Chiapas alza la voz en favor de la Ley Ciudadana del Agua

*Con más de 160 mil firmas, más de 400 organizaciones, pueblos, universidades e instituciones de investigación participaron en el proceso iniciado en marzo de 2012 para elaborar tal iniciativa.

*La Iniciativa busca establecer medidas de protección y poner candados al uso de la fuerza pública en contra de los defensores del agua.

Representantes de la academia, organizaciones indígenas en resistencia contra megaproyectos y ciudadanía organizada de Chiapas se pronunció a favor de la Ley Ciudadana del Agua y piden a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal dejar de privatizar este vital líquido.

Antonio García, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo con sede en San Cristóbal de las Casas, comentó que de aprobarse la iniciativa, se sentarían bases para lograr una amplia participación ciudadana y de los pueblos para lograr un acceso equitativo y sustentable al gua.

Las y los representantes mencionaron que este martes a las 10 horas en el Salón de Protocolos se realizará el Acto de Entrega de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, junto con más de 160 mil firmas respaldadas con número de credencial de elector, la cual será recibida por representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El Artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite la presentación de Iniciativas Ciudadanas cuando éstas sean respaldadas con las firmas de por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores.

El 8 febrero de 2012, se reformó el Artículo 4 de la Constitución en la que se reconoce  el derecho al agua y a un medio ambiente sano. El tercer transitorio de esta reforma exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que tendría que sentar las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, en un marco de derechos humanos y derechos de los pueblos.

La Ley de Aguas Nacionales vigente tuvo como su objetivo central someter las aguas de la Nación a su manejo a través de un sistema de concesiones, las cuales serían objetos de acciones de compra y venta, es decir, su privatización, en el contexto de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, comentó García.

Desde entonces la Comisión Nacional del Agua ha otorgado más de 537 mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.

La Conagua actualmente cuenta con solo 85 inspectores, mientras que 60% de los cuerpos de agua del país oficialmente están contaminados.  En 2017, 25 millones de mexicanos contaban con agua en sus casas solo dos o tres veces a la semana, y 14 millones de mexicanos no contaban con servicios sanitarios conectados a sistemas de drenaje.

Según un reciente estudio del World Resources Institute, hay habitantes en 15 estados de la República (Baja California Sur; Guanajuato; Ciudad de México; Aguascalientes; Estado de México; Querétaro; Hidalgo; Chihuahua; Zacatecas; Sonora; Sinaloa; Nuevo León; Morelos; Jalisco; Tamaulipas) que sufren de un grado de estrés “extremadamente alto” y por lo tanto, están acercándose a su “Día Cero.”

Chiapas alza la voz en favor de la Ley Ciudadana del Agua

Frente a este panorama, la Iniciativa Ciudadana representa propone:

Establecer procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobre concesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país. Así como, restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer esquemas de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes del agua del país

Establecer criterios objetivos de sustentabilidad públicamente medibles como condición para el otorgamiento de grandes concesiones de aguas nacionales, para así restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad, el cual ha permitido la autorización de aguas nacionales para proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico, como en los casos de Constellation Brands en el Valle de Mexicali, de Goldcorp en Zacatecas y de la nueva fábrica de la Modelo en el Acuífero Apan, Hidalgo

Democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales, haciendo obligatoria la distribución equitativa del agua a todos los hogares y cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas

Permitir solo la aplicación de recursos públicos en obras que hayan sido aprobadas a través de una Evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental, para poner fin al despilfarro a favor de megaproyectos hidráulicos con costos excesivos y cuestionable valor de cada sexenio (como Emisor Oriente, Planta Atotonilco, obras hidráulicas de NAICM, Presa y acueducto Zapotillo)

Crear un mecanismo, el Dictamen de Impacto Sociohídrico, que bloquearía la autorización de cualquier obra o actividad que vulneraría el derecho humano al agua de las comunidades

Establecer políticas fiscales y tarifarias que reemplazarían el actual esquema de subsidios indirectos para grandes usuarios, con un sistema en el cual los que obtienen mayores beneficios económicos del aprovechamiento de aguas nacionales pagarían derechos suficientes para cubrir el costo de manejo y renovación de las aguas que utilizan y permitiría además cubrir el costo de las obras requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para toda la población.

No permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking, poner fin a las actuales dinámicas de corrupción a través de una Contraloría Social del Agua, con unidades auto-organizadas desde el nivel local hasta el nacional y contar con una Defensoría del Agua y el Ambiente, el cual utilizaría recursos públicos y abogados especializados para obligar a los grandes concesionarios infractores a cubrir el costo total de los daños que han causado a los cuerpos de agua, las comunidades y los ecosistemas.