Solicitan medidas cautelares y respuesta a solicitantes de refugio varados en Tapachula
* Las personas solicitantes de refugio denunciaron que las autoridades migratorias les exigen tener cuenta de correo electrónico para notificaciones, pero debido a su condición carecen de acceso a medios electrónicos y de internet.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) implementar medidas cautelares en favor de 78 personas solicitantes de la condición de refugiado, varadas desde hace meses en Tapachula.
El Organismo nacional pidió a dichas autoridades que los procedimientos de regularización migratoria y las solicitudes de reconocimiento se resuelvan con respeto a los plazos fijados por la Ley.
Ante ello, la CNDH expresó su preocupación por el incumplimiento de plazos que mantiene la COMAR a los procedimientos de elegibilidad de la condición de refugiado, y urgió acelerarlos ante el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que han salido de sus países víctimas de desplazamiento forzado por violencia, conflictos internos y violaciones a sus derechos humanos en busca de protección internacional en el nuestro, al que ven como un espacio a la esperanza y a la reconstrucción de todo un proyecto de vida.
La CNDH señaló que México tiene un marco jurídico robusto para implementar un sistema de protección sólido, al contar con una Ley reconocida a nivel internacional como una de las más garantistas y voluntad para cumplir los compromisos de la Declaración de Nueva York y de la Agenda 2030 de la ONU.
A lo que se suman las Directrices en materia de Asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que reconocen a los solicitantes de la condición de refugiado y residentes temporales como personas susceptibles de recibirla, lo que les permitirá acceder a diversos servicios gubernamentales y ejercer derechos fundamentales como a la educación, salud y trabajo.
La CNDH finalizó al decir que estará atenta a la evolución de los acontecimientos y al cumplimiento que el INM y la COMAR den a la implementación de las medidas cautelares solicitadas, además de vigilar que se respeten los derechos fundamentales de esas personas que se encuentran en contexto de movilidad.
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