Desplazamientos forzados en impunidad; 1 de 4 presenta avances

Desplazados de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

*De los 4 desplazamientos forzados internos, solo uno ha reportado un retorno parcial a sus comunidades de origen.

La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su informe sobre Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Cifras 2018, coloca Chiapas como la segunda entidad con más personas desplazadas del país con un total de 5 mil 035.

La entidad durante el 2018 tuvo cuatro episodios de desplazamiento dentro del mismo número de municipio ubicada en 6 localidades, en las cuales fueron desplazadas 5 mil 035 personas; en su mayoría indígenas. A nivel nacional, es superado por Guerrero con 5 mil 056, pero la cifra es extraordinaria frente a los estados de  Sinaloa con 860, Michoacán con 240 y Oaxaca con 300 personas desplazadas.

En la entidad, se tienen registro de desplazamientos forzados en el municipio de Chalchihuitán, Aldama en sus localidades de Xuxchén, Coco, Tavac, San Pedro Cotzilnam, El Bosque en Chabajebal y Nicolás Ruiz en la ranchería El Potrero.

Ante esto, pidieron a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, por medio de un documento dirigido a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, realizar una visita con carácter de urgente.

La Comisión Mexicana detalla que el total de personas internamente desplazadas por la fuerza en México hasta diciembre de 2018 asciende a las 338 mil 405 personas.

Aldama

Desde las barricadas de Tabac. Foto: Issac Guzmán

La organización puntualiza que el desplazamiento forzado en Aldama, sucedido el 20 de marzo del 2018, fue por causas de conflicto territorial con un total de 2 mil 036 indígenas tsotsiles despojados por un grupo armado de la comunidad de Santa Martha Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó.

El desplazamiento inicial fue de 145 familias en la comunidad de Tavac, por esto, las victimas buscaron refugio en la comunidad vecina de Xuxchén, demarcación en la que cuatro días después el mismo grupo entraría para desplazar a 90 familias más.

El 2 de abril, dicho grupo causó la muerte de tres personas en la comunidad de San Pedro Cotzilnam. Fueron asesinados un campesino y sus dos hijos menores de edad, quienes se dirigían a su parcela para iniciar una jornada laboral.

El desplazamiento de la población indígena tzotzil perteneciente a diversas comunidades de Aldama ha sido consecuencia de un conflicto territorial que data desde 1975 entre las comunidades de Santa Martha y Aldama, quienes se disputan 60 hectáreas comunales para el cultivo de café.

Según los pobladores de Aldama, en 2009 Santa Martha y Aldama firmaron un convenio por el cual los habitantes de la primera comunidad recibieron del gobierno estatal 1,300,000 pesos. No obstante, el acuerdo se ha incumplido y el uso de la violencia se ha intensificado desde 2016.

Nicolás Ruiz

En abril del 2018, se suscitó un desplazamiento en “El Potrero” en la que fueron víctimas 19 familias, un aproximado de 89 personas, las cuales tuvieron que resguardarse en las cabeceras municipales de San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas.

El 10 de abril, un grupo de cerca de 800 individuos armados irrumpieron en la ranchería El Potrero, con el uso y disparo de armas automáticas e incendiaron los campos que circundan al pueblo.

Como resultado de los incendios, diversas viviendas comenzaron a arder en llamas. Los hombres armados exigieron a los pobladores salir de El Potrero, alegaron que las tierras les pertenecen a ellos.

Algunas familias intentaron encerrarse en sus casas, pero prefirieron huir al percatarse de que los campos que rodean el pueblo estaban incendiándose. Ante las amenazas con armas de fuego, 19 familias, que desde 1958 habitaban este poblado, se vieron obligadas a desplazarse ese mismo día.

Tras exigir la devolución de 253 hectáreas, los habitantes de El Potrero afirmaron que habían sido despojados de sus tierras por el Presidente Municipal y el Comisariado Ejidal de Bienes Comunales del municipio de Nicolás Ruiz y el asesor jurídico de los invasores y, al mismo tiempo, próximo síndico de San Cristóbal.

Según los testimonios, los invasores dicen contar con documentos que acreditan que ellos son los propietarios del terreno desde la década de 1940. Sin embargo, hasta la fecha, no han logrado demostrar que cuentan con las escrituras correspondientes.

El Bosque

Más 500 habitantes de “El Bosque” son desplazados; hay dos muertos (7)

En noviembre de 2018, se suscitó el desplazamiento de mil 764 indígenas tsotsiles, en su mayoría adultos mayores, gran número de mujeres y menores de edad de la comunidad de Chabajebal, municipio de El Bosque.

Este desplazamiento, es el único que ha tenido un retorno parcial de 400 familias, ya que la Comisión Mexicana detalla que el equivalente al 95% de la población desplazada logró retorno a su comunidad del 24 de noviembre de 2018.

El 7 de noviembre de 2018, cientos de familias indígenas tzotziles fueron desplazadas de manera forzada de la localidad de Chabajebal, como resultado de una incursión armada en su comunidad. Ese día se celebraba una asamblea comunitaria en el pueblo, cuando se escuchó una detonación y, posteriormente, varios disparos.

El recuerdo de una emboscada ocurrida dos semanas antes —en la que perdieron la vida Miguel Pérez López (Comisario Ejidal de Chabajebal) y el comunero Carmelino de Jesús Ruiz—, así como el asesinato de Mateo Jiménez Sánchez el 7 de noviembre, provocaron la huida de las familias de la comunidad. Durante la asamblea, la comunidad investigaba la muerte del Comisario Ejidal cuando surgieron los disparos. Fue entonces cuando las familias decidieron huir por temor a ser heridos por el grupo armado.

Chalchihuitán

Habitantes de 8 comunidades de Chalchiuitán fueron desplazados. Foto: Cortesía

En el último mes de 2018, se reportó el desplazamiento de 238 familias tsotsiles, un total de  mil 146 personas, de las comunidades de Barrio Shishimtotik, Tulantic, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcante- tik, Cruztón, Bejeltón y Pom, municipio de Chalchihuitán.

Más de un año después del desplazamiento forzado de más de 5,000 indígenas tzotziles del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, derivado de la disputa de 364 hectáreas de bienes comunales con el municipio vecino de Chenalhó, continúan los episodios de desplazamiento forzado masivo en ese municipio.

El 21 de diciembre de 2018, nueve campamentos instalados en Chalchihuitán, donde se refugiaban 238 familias desde octubre de 2017, fueron destruidos, dando lugar a un segundo episodio de desplazamiento.

De acuerdo con información reportada por los medios y por el Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Bartolomé de Las Casas, las agresiones e intimidaciones en contra de las familias desplazadas fueron orquestadas por Hermelindo García Núñez, Síndico Municipal de Chalchihuitán e integrante del Partido Acción Nacional.

Se informó que, según los testimonios de los afectados, el Síndico Municipal ordenó a agentes rurales destruir los refugios, además de amenazar a los desplazados con encarcelarlos si los ven organizándose nuevamente.

Testimonios recopilados por el CDH refieren también que las autoridades comunitarias municipales, además de prohibir la entrada de ayuda humanitaria, amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a las personas que intenten volver al sitio donde se encontraban los campamentos.

En este episodio de desplazamiento, además de incumplir los compromisos internacionales de asistencia y protección a personas desplazadas, el Estado mexicano contraviene la medida cautelar No. 882-17 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de garantizar la seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en contra de las diez comunidades desplazadas forzadamente desde finales de 2017.