Colectivo LGBTTTI, sin derechos humanos básicos ni derechos políticos electorales

Colectivo LGBTTTI, sin derechos humanos básicos ni derechos políticos electorales

Puebla tiene aún una gran deuda con el colectivo LGBTTTI para asegurar sus derechos. La violencia institucional, discriminación y falta de voluntad política son los principales obstáculos, señalan activistas.

#AlianzadeMedios | Por Dafne García de Lado B

En Puebla, dos mujeres que quisieran casarse tendrían que encontrar un juez con voluntad política para garantizarles ese derecho, de lo contrario, tendrían que interponer un amparo. Mientras tanto, tampoco podrían acceder al seguro de vida o al de salud de su pareja.

Por otro lado, una mujer trans, que no puede acceder a su derecho al cambio de identidad sexo genérica de manera legal, se enfrentará a problemas para entrar a una universidad, conseguir trabajo o acceder a servicios públicos y privados, lo que hace aún más impensable que pueda tener una óptima participación política ciudadana.

A esta realidad de desigualdad también se suma el estigma, la discriminación y la violencia que viven las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersex (LGBTTTI).

La falta de acceso a esos derechos fue el principal tema de discusión que se abordó el viernes, 17 de enero, por diversas y diversos activistas durante el conversatorio “Derechos Políticos Electorales de la Comunidad LGBTTI+” organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Si bien el énfasis del conversatorio eran los derechos políticos electorales (votar, poder ser votados para todos los cargos de elección popular y asociarse individual y libremente para participar en los asuntos políticos del país), uno de los principales focos de la discusión giró en torno a un derecho todavía más urgente y que no permite el ejercicio de los demás: el derecho a la identidad.

En teoría, el derecho a la identidad, la no discriminación y una vida libre de violencia están garantizados tanto por la Constitución de México como por ordenamientos de índole internacional; sin embargo, eso está lejos de cumplirse en la práctica.

Para Luisa Rebeca Garza López, vocal ejecutiva de la Junta distrital no.4 del lNE en Querétaro, es muy importante recalcar que no puede haber una desvinculación entre estos derechos. En el caso de las personas trans “la mayoría vive en la precariedad, sin acceso a empleo, servicios de salud, violentadas física y/o sexualmente, entonces se debe de empezar con el derecho a la identidad de género”.

La también activista trans explicó que el derecho al cambio de identidad es la puerta para que se puedan acceder a los demás derechos –incluyendo los políticos electorales–, por lo que garantizarlo es sumamente importante.

Actualmente dicho reconocimiento solo es legal en la CDMX y los estados de Michoacán, Coahuila, Nayarit, Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Chihuahua.

La encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), realizada en 2018 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRE), la Secretaria de Gobierno y la CNDH, da cuenta de este problema, pues una de sus conclusiones es que la población más vulnerable a ser discriminada y violentada son las personas trans.

Tanto para Garza como para el resto de participantes del conversatorio, esta vulneración parte del momento en que se les niega el documento que los reconoce como ciudadanos, haciendo que cualquier trámite –en el que se necesite una identificación oficial– no sea posible para las personas trans. Lo que desencadena que, por ejemplo, el difícil acceso a un empleo haga que algunas mujeres y trans opten mejor por un trabajo sexual con el riesgo que eso implica: ellas son uno de los principales grupos vulnerables en la transmisión del VIH. Y, de nuevo, hay que recalcar que su acceso a la salud no está totalmente garantizado.

Las ponentes igualmente reconocieron que la discriminación sigue siendo uno de los obstáculos para el libre goce de los derechos políticos y electorales de este sector, sobre todo la discriminación por parte de las instituciones gubernamentales, pues además de no legalizar el cambio de identidad sexo genérica, cuando las personas trans aspiran a obtener un puesto público, estas entidades en sus convocatorias no consideran la diversidad de género.

Por otra parte, Gabriela Cortés Cabrera, presidenta del Centro de Sensibilización y Educación Humana El Taller A.C., activista y defensora de DDHH, habló de la importancia de reconocer las necesidades y derechos específicos de cada uno de los integrantes de la comunidad LGBTTTI “porque entonces si nos engloban en todo, otra vez se invisibiliza las necesidades que tenemos cada una de estas letras; no somos solamente letras, somos lesbianas, hay personas gays, trans, bisexuales, travestis e intersex”.

También agregó que esa generalización es un punto para dar cuenta del poco avance que ha habido en cuanto a reconocimiento de derechos porque desde un principio no se hace esta diferenciación de necesidades.

De los 12,331 participantes encuestados para la ENDOSIG, el 67.7% consideró que hay poco o nada de respeto a los derechos de las personas LGBTTTI en México.

Por otra parte, el 61.8% percibe como poca o nula la existencia de medidas que promuevan el respeto de sus derechos humanos y el 59.8% se ha sentido discriminado, especialmente las personas con una identidad de género no normativa. Finalmente, el 25.3% ha sufrido una negación injustificada de algún derecho, como oportunidades de trabajo o la entrada a algún negocio.

La ENDOSIG también identificó que la población LGBTTTI se enfrentan constantemente a situaciones hostiles como chistes ofensivos, expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

Por otro lado, a nivel internacional se han hecho señalamientos acerca de la violencia que la comunidad LGBTTTI sufre tanto en México como en Latinoamérica. En el informe “Corrupción y derechos: estándares interamericanos”, publicado en diciembre de 2019 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que hay una especial preocupación por la corrupción que viven estas personas, ya que esto “puede generar afectaciones desproporcionadas, configurando una forma agravada de discriminación”.

La CIDH hace énfasis en la relación que tiene la corrupción y la violencia hacia los integrantes de este grupo vulnerable. Una de las formas más graves es la violencia policial.

“Esta violencia está asociada muchas veces a diversas formas de corrupción, particularmente, la necesidad de pagar sobornos para evitar estos actos de violencia más gravosos o las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias”.

Puebla: sin avances en pro de los derechos de la población LGBTTTI

Si bien en el informe “Homofobia de estado: actualización del panorama global de la legislación 2019”, realizado por la asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), se calificó a México como uno de los países que tiene avances en las leyes respecto a la protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, en realidad esto no se materializa.

Esto fue otro de los principales puntos abordados en el conversatorio: el poco acceso real que se tiene a estos derechos supuestamente garantizados pero que no se reflejan para muchos de los integrantes del colectivo LGBTTTI, especialmente en Puebla.

Algunas de las ponentes destacaron que los avances en reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTTTI, en gran parte han sido logrados por los esfuerzos de la sociedad civil y no tanto por la voluntad política de los funcionarios públicos.

Por ejemplo, mencionaron que en 2018 se logró la aprobación por parte del INE del llamado Protocolo trans, un protocolo de observancia federal que garantiza el derecho al voto de las personas trans, independientemente de si su INE corresponde o no con su expresión de género.

Esto se consolidó después de que en 2017 activistas y organizaciones solicitaron al INE la creación de un protocolo para evitar que los funcionarios de casilla negaran el derecho al voto de las personas trans. Este protocolo final fue resultado de mesas de trabajo en las que además de organizaciones y activistas trans de todo el país, también participaron integrantes del CONAPRED.

Gabriela Cortés consideró que los avances han sido intermitentes a nivel nacional, pero esto no se ha reflejado en la entidad poblana.

“Tenemos mucho rezago en cuestión de derechos humanos y político electorales; pareciera que lo que nos han dicho que son avances son realmente simulados. En la realidad, ¿cuántos de nosotros gozamos de esos avances en derechos?”.

Y recalcó, también, que si bien ha habido una disminución en la discriminación, no ha sido por voluntad política, “sino por estas luchas hechas desde la sociedad organizada y organizaciones civiles para exigir el que seamos reconocidas y vistas como personas con derechos humanos”.

Para Tuss Demián Fernández, presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla, y quien también fue ponente en el conversatorio, el matrimonio igualitario es uno de los temas en los que el Estado está en rezago total.

En 19 estados en el país el matrimonio igualitario es una realidad e incluso hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece su reconocimiento para todo el país “mientras que para nuestro Congreso sigue siendo un tema que ni siquiera se va a discutir”, expresó el también activista.

En cuanto al cambio legal de identidad sexo genérica, Fernández hizo énfasis en que aunque ya es reconocida en nueve estados del país, Puebla no está dentro de esos estados, por lo que no se puede hablar de avances en la entidad para las personas trans.

Ayme Hernández Vázquez, activista y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además de estar de acuerdo con lo dicho anteriormente, explicó que esto solo es una suma a un problema en general sobre discriminación.

“Es una situación que ya la llevamos internalizada, puede que incluso nosotros mismos hayamos discriminado sin habernos dado cuenta”.

Hernández Vázquez consideró que la clave está en que se logre una deconstrucción de lo que ya se tiene aprendido y que a la vez se sensibilice y capacite a las personas que atienden en las instituciones públicas.

Además de lo abordado durante el conversatorio, es importante recordar que otra de las deudas pendientes que tiene Puebla con la población LGBTTTI es la impartición de justicia respecto a los crímenes de odio. Apenas en diciembre de 2019 se logró atrapar al último de los involucrados en el asesinato de Agnes Torres, tras siete años de impunidad. Mientras tanto, hay varios casos que siguen sin resolverse.

Foto de portada: Olga Valeria Hernández