CNDH condena actos violentos en contra de migrantes varados en Tapachula; pide a Guardia Nacional evitar confrontación

Denuncian presencia de agentes norteamericanos en la Frontera Sur.
Foto: Darinel Zacarías

*Más de 1200 personas migrantes se ubican en la frontera de Guatemala con México, entre ellos mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó todo acto de violencia contra la integridad de las personas migrantes establecidas en el Puente Internacional “Rodolfo Robles” y a las orillas del río Suchiate, Tapachula, por lo que exhortó a las autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, y de forma especial a la Guardia Nacional, evitar hechos violatorios de derechos humanos.

La CNDH condenó todo acto de violencia contra la integridad y seguridad de las personas en contexto de migración internacional, para prevenir y evitar hechos violatorios de derechos humanos de difícil o imposible reparación en contra de las personas migrantes.

La Comisión recabó quejas correspondientes para realizar las investigaciones respectivas y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar tras los hechos suscitados el 20 de enero, en la frontera de México con Guatemala, en el puente internacional “Rodolfo Robles” y el río Suchiate, donde personas migrantes en contexto de migración tuvieron un enfrentamiento con elementos desplegados de la Guardia Nacional que trataron de contenerlos.

Además, hizo un exhorto al Instituto Nacional de Migración (INM) para implementar los mecanismos necesarios que garanticen su seguridad, protección y cuidado,  mediante un proceso de registro de ingreso ordenado y adecuado a territorio mexicano y, en su caso, se les brinde la atención que requieran, considerando su situación de vulnerabilidad.

El Organismo nacional informó que ante el desarrollo de las caravanas de personas migrantes en contexto de migración internacional de 2020, en la frontera de México con Guatemala, mantiene presencia con personal de visitadores adjuntos a fin de brindar la atención y el acompañamiento que requiera este grupo de personas una vez que ingresan a territorio mexicano.

Foto: Darinel Zacarías

A su vez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano* antes de la llegada de la primer caravana migrante de este 2020, afirmó que no existe una claridad de los procedimientos migratorios que están realizando y detectaron casos de separación familiar.

Señalaron su preocupación ante la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país y de las necesidades humanitarias que no se están atendidas.

Las organizaciones que componen el Colectivo identificaron la la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios.

Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR.

Las organizaciones denunciaron que existe una ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional, falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar y de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM.

También del protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.

El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. Así como acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por último, manifestaron su preocupación ante el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.

Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús

Imagen: Un grupo de migrantes forcejeó brevemente con los militares mexicanos en el paso del puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala© AFP Isaac GUZMAN