Sin paridad en Poder Judical; más del 70 por ciento son jueces y magistrados

Poder Judicial del estado de Chiapas

*Casi 3 de las 4 partes son magistrados y jueces hombres, en un estado donde la mayoría de la población es mujer

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que Chiapas es segundo estado con menor equidad en la distribución de magistrados y jueces por sexo, ya que solo el 27.4 por ciento son mujeres y el 72.6 hombres.

El Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, detalló que Chiapas tiene en promedio 9.6 servidores públicos por órganos jurisdiccionales, colocándolo en el vigésimo cuarto posición a nivel nacional. Caso contrario que en Morelos, cuentan con 26.4 en promedio.

El Censo Nacional tiene el objetivo de generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación describe el término paridad, como igualdad. Así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Considerada la séptima entidad con más población, en Chiapas viven aproximadamente 5 millones 217 mil 908 personas; 2 millones 681 mil 187 mujeres y 2 millones 536 mil 721 hombres. Lo que resulta en una mayoría femenina con 51.4 por ciento de la población respecto al 48.6 masculina, según detalla el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en su Encuesta Intercensal de 2015.

Gráfica: INEGI

Además, desde hace casi 3 años se mantiene una Alerta de Violencia de Género, en la que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, busquen implementar medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.

En la declaratoria, se le ordena al Estado, una serie de medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la entidad, como: se resuelvan los casos de violencia contras las mujeres y feminicidios; determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por los feminicidios; acatar la norma 046, que habla sobre la violencia familiar, sexual contra las mujeres; fortalecer el centro de justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem);  generar campañas en contra de la violencia machista; capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud; entre otras. Todas las medidas son complementarias, no excluyentes.

El Instituto comunicó que al 31 de diciembre de 2018, los Poderes Judiciales Estatales contaban con 4 mil 099 órganos jurisdiccionales: 88.2% eran juzgados, el resto (11.2%) correspondió a tribunales, salas y otros órganos. Del total de órganos jurisdiccionales, en 22.2% de ellos se atendieron asuntos en materia penal.

En 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayoría del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en las unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que representan 28.5%).

Del total de personal en los órganos jurisdiccionales, se identifican 4 mil 725 personas con el cargo de jueces y magistrados. De estos, 59.3% fueron hombres y 40.7% mujeres.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se ingresaron, en los diferentes órganos jurisdiccionales de primera instancia de los Poderes Judiciales estatales, 2 millones 126 mil 005 causas penales y expedientes judiciales en todas las materias; de ellos, 38.4% correspondió a la materia familiar.

Durante el año pasado, se abrieron 1 millón 961 mil 517 expedientes en las materias civil, mercantil, familiar y otras. En el mismo periodo se concluyeron 1 millón 153 mil 542 y 3 millones 066 mil 386 quedaron pendientes al cierre del año.