Adulta mayor indígena es acusada de apropiarse de recurso social que no recibió

Adulta mayor indígena es acusada de apropiarse de recurso social que no recibió

Ciudad de México.– En 2010 María, una mujer indígena del estado de Oaxaca, se inscribió en un programa social parar mejor su condición de vida, sin embargo, siete años después, se ha vuelto su principal problema; ahora que es adulta mayor, es acusada de robarse el recurso económico de este programa que nunca obtuvo.

Para tener un mejor ingreso, María, nombre que se le da para su protección, participó en 2010 en el “Programa de opciones productivas”, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca, que financió un proyecto de cría y comercialización de cerdos por la cantidad de 175 mil pesos. En el grupo social de este proyecto conformado por mujeres, María fue nombrada como vocal de control y vigilancia.

Sin embargo, en junio de 2012, el jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol en Oaxaca presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Federación con sede en Tuxtepec, contra María y otras beneficiarias del proyecto. Se les acusó como probables responsables del delito de peculado, por la supuesta falta de comprobación de los recursos otorgados.

En julio de ese mismo año se iniciaron procedimientos únicamente contra la presidenta y vicepresidenta del proyecto social, a quienes se les dictó auto de formal prisión. Fue hasta febrero de 2013 que obtuvieron su libertad. Un Tribunal determinó que no había elementos para procesarlas.

En ese entonces se comprobó con facturas la aplicación de los recursos en la compra de cerdos y su alimento, asimismo; y la presidenta y vicepresidenta del grupo manifestaron en sus declaraciones que María se salió del grupo y no percibió nada de los recursos otorgados por Sedesol, sin embargo, siete años después, en junio de 2019, se cumplió una orden de aprehensión en contra de María por el mismo delito de peculado.

María permaneció en el Centro de Reclusión Femenil en Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, municipio de Oaxaca, hasta que se le permitió seguir el proceso en libertad, el pasado 13 de agosto, por una apelación que presentó su defensa pública. No obstante, se fijó que pagará 175 mil pesos por concepto de reparación de daño; 5 mil por sanción pecuniaria y mil pesos por obligaciones procesales.

Su defensoría nuevamente tuvo que apelar a la revisión de estas medidas, atendiendo a la precaria situación económica de María, pues se trata de una mujer indígena, adulta mayor, dedicada a las labores del campo para su autoconsumo, que no saber leer ni escribir, ni habla español, aunado a que vive en una comunidad rural.

Aunque la Juez Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca resolvió reducir la cantidad a 5 mil pesos, dictó otra serie de medidas cautelares que no toman en consideración la situación de vulnerabilidad de María. Mensualmente debe firmar en el libro de control de procesados, se le negó realizar esta actividad dentro de su comunidad, por lo que tiene que trasladarse a pesar de su condición de precariedad económica y miedo por su seguridad.

La Juez también determinó que la adulta no puede salir del estado sin autorización, ni convivir con los testigos y señalar el domicilio en que residiera.

La Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública de Oaxaca ha manifestado diversas faltas por parte de las autoridades en el proceso en contra de María. Por ejemplo, que tuvieron que pasar casi dos meses para que la mujer fuera asistida por una persona interprete y la distancia que tiene que recorrer para firmar cada mes.

Asimismo, que derivado de los casi dos meses que estuvo privada de la libertad, María padeció estrés, se enfermó de las vías respiratorias y tenía alteración intestinal por el cambio de alimento que sufrió, sin que se le proporcionara atención médica.

En el mismo periodo la casa de María fue robada, y ante el temor de que le pasara algo, tuvo que pedir la ayuda de su sobrina, quien vive en una comunidad cercana, para que esté al pendiente de ella y sus pocas pertenencias que aún conserva.

En suman, en su comunidad la mujer también ha enfrentado el estigma, ya nadie le compra el pan que compra invirtiendo el apoyo que recibe del Programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores (2 mil 500 pesos bimestrales).

En las próximas semanas se determinará el rumbo de la denuncia contra María, mientras que su defensa legal denuncia la falta de perspectiva de género y uso de interseccionalidad en el procedimiento del caso.