Tras siete años de prisión, acusado de secuestro es liberado por falta de pruebas

Tras siete años de prisión, acusado de secuestro es liberado por falta de pruebas

El hombre fue sometido a tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la Unidad Modelo Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que se autoincriminara de un delito que no cometió. Ahora se encuentra en libertad.

#AlianzadeMedios | Por La Verdad

Ciudad Juárez – A Rubén Octavio Triana lo arrestaron y acusaron de secuestro en enero del 2012. Dos años después, un tribunal oral lo sentenció a 25 años de prisión y apenas el pasado 15 de octubre, un magistrado determinó que no existen pruebas lícitas en su contra y ordenó su inmediata liberación.

La libertad de Triana fue anunciada por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), quien denunció que su defendido fue víctima de tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la Unidad Modelo Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que se autoincriminara de un delito que no cometió.

“Nos congratula en informar la liberación de Rubén Octavio Triana, privado de la libertad en enero de 2012 y sometido a tortura” dio a conocer el organismo defensor de los derechos humanos, en un mensaje compartido este lunes en sus redes sociales.

Asimismo, mencionó que la lucha continuará en el proceso de reparación del daño a Rubén y en la busca de castigo para los perpetradores de su tortura.

El Centro informó que acompaña de manera integral a Rubén desde mayo del 2017. Desde entonces comenzó con la documentación de las graves violaciones a derechos humanos de las cuales fue víctima.

Triana fue arrestado en enero del 2012. En ese entonces tenía 21 años. De acuerdo con publicaciones periodísticas, tras su detención, personal de la Fiscalía lo presentó públicamente, a través de los medios de comunicación, como parte de una banda de secuestradores.

El 28 de agosto del 2014 un tribunal oral lo condenó a 25 años de prisión.

“Dicha sentencia fue sustentada con pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos, por lo que el sobreviviente de tortura solicitó el amparo de la ley, mismo que le fue concedido y se ordenó reponer el juicio oral instaurado en su contra”, indicó el CDHPN. En ese proceso se pidió también investigar los actos de tortura que fueron alegados por el acusado.

De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo, el 12 de julio del 2018 Rubén fue nuevamente condenado con pruebas ilícitas, no obstante que el tribunal que conoció de la causa fue contundente al señalar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en su contra.

El tribunal fue reiterativo en precisar que Rubén fue torturado para auto incriminarse y que los agentes aprehensores incurrieron en distintas violaciones graves a sus derechos humanos, se indicó.

Por lo anterior, el CDHPN apeló la sentencia y el 15 de octubre de este año, una Sala Colegiada determinó que no existen pruebas lícitas que permitan determinar la participación de Rubén Octavio Triana en el secuestro y ordenó su inmediata liberación.

Este caso fue llevado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en agosto del 2017, quien tras su investigación en diciembre del 2018 emitió la recomendación 87/2018 donde acreditó la tortura contra el quejoso.

En la recomendación, que fue aceptada por la Fiscalía, se lee que el Rubén, para evitar los variados y frecuentes actos de tortura, suministrados por policías pertenecientes a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía General del Estado en Cd. Juárez, aceptó declararse culpable de participar, junto con otras personas, en el secuestro de la persona que le decían, exhibiéndolo además en diversos medios de comunicación, como miembro de una banda de secuestradores.

En el documento emitido por la CEDH se indica que se recomendó al fiscal César Augusto Peniche Espejel iniciar una investigación y el procedimiento dilucidatorio de responsabilidad, penal y administrativa, que resulte del mismo, en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos denunciados.

Aunque la Fiscalía aceptó los términos de la resolución de la Comisión, a la fecha no se conoce los resultados de esa indagatoria.