En Chiapas, indígenas desplazados piden desarticulación de grupos de civiles armados

• Persiste amenazas contra más de 5 mil habitantes de Chalchiuitán

 Grupos de civiles armados continúan disparando contra pobladores de 9 comunidades del municipio indígena de Chalchiuitán, ubicado en la zona Altos de Chiapas, denunciaron habitantes de esta región. Poco más de 5 mil indígenas que fueron desplazados de sus comunidades hace dos años, refieren que no han podido regresar de manera permanente a sus viviendas y campos de cultivo, porque estos grupos, a quienes ubican como vecinos del municipio Chenalhó, no han sido desarticulados. Acusan que la violencia en la zona se incrementó al amparo de los ahora senadores por Chiapas, Eduardo Ramírez y Manuel Velasco Coello.

El 18 de octubre de 2017, Samuel Luna Girón, líder comunitario de Chalchiuitán, fue emboscado y asesinado. En días siguientes fueron obligados a abandonar sus comunidades 5,023 habitantes de Chen´mut, Pom, Tzomolton, Canalumtic, Bejeltón, Tulantic, Bololchojon, Cruz Kakanam, Jolc´antetic, Xiximtontik y Cruztón.

Chalchiuitán, miles viven bajo amenazas de civiles armados. Foto: Ángeles Mariscal

Para desplazarlos, grupos de civiles armados a quienes llaman “paramilitares”, dispararon con armas de grueso calibre contra sus viviendas, y cuando se encontraban en sus campos de cultivo.

Dos años después, las agresiones persisten. La huella de los disparos permanece en al menos una docena de viviendas ubicadas entre los límites de los municipios de Chenalhó y Chalchiuitán. Sus habitantes no han podido retornar, y el resto de los 5,023 desplazados lo han hecho parcialmente, “porque siguen disparando, la ultima vez fue el domingo (13 de octubre)”, explicó Lorenzo Sánchez.

Los indígenas ubican a sus agresores y los lugares desde donde les disparan. Uno de estos lugares se encuentran en un cerro a solo dos kilómetros de sus viviendas.

Retornar no ha sido posible en Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Casas abandonadas, retornos parciales

La casa de Ausencio Pérez Paciencia tiene en sus paredes color verde, dos boquetes de unos 10 centímetros de diámetro, y otros de dos centímetros.  Son las huellas de los disparos. La casa de su hermana María, ubicada enfrente, tiene las puertas y ventanas caídas. La noche del 18 de octubre de 2017 tuvieron que salir del lugar. Lo único que ha cambiado desde entonces, es que han logrado sacar sus pertenencias, y limpiado los restos que dejaron las personas que entraron a disparar y destruir las pertenencias. No hay condiciones para que regresen a habitar las viviendas.

Las imágenes de miles de indígenas viviendo en las montañas, y la muerte de 12 de ellos debido a las condiciones en las que se encontraban, obligó al gobierno federal a intervenir, sin resolver el conflicto ni desarmar a los agresores. Los desplazados fueron obligados a retornar en enero de 2018, cuando el gobierno de Chiapas les advirtió que de no hacerlo, no serían beneficiarios de programas sociales.

“Regresamos pero sin condiciones de seguridad. Entramos y salimos, porque siguen los disparos y cuando disparan, volvemos a salir de nuestras casas. El problema sigue porque no se ha detenido a ninguno de los paramilitares, no se les ha quitado las armas, y siguen amenazando y disparando”, explica Ausencio Javier Luna García.

Decenas de niños han nacido en condiciones de desplazamiento en Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Añade que hay quien ni siquiera puede “entrar y salir” de sus viviendas, porque la cercanía con los lugares que habitan las personas identificadas como sus agresores, los mantiene en riesgo constante, como el caso de Ausencio, María y Elicia Gómez García, la viuda de Samuel Luna Girón, una joven mujer que ahora es responsable de sostener a sus 5 hijos, uno de ellos de poco más de dos años. La posibilidad de retorno para ellos es lejana.

En Chalchiuitán, donde el 77.9 por ciento de la población vive en condiciones de extrema pobreza, la inseguridad que genera no tener una vivienda donde vivir, y no tener la certeza de poder cosechar el café y maíz que sostiene su economía, coloca a la población en una situación de extrema precariedad. La muerte de 12 personas cuando se encontraban refugiadas en las montañas -entre ellas 3 niños de brazos- es prueba de ello.

El gobierno no ha cumplido la recomendación de implementar medidas cautelares en Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Acusan a gobiernos del PVEM y actuales Senadores

Oficialmente, la diferencia no resuelta por las colindancias entre los municipios de Chenalhó y Chalchiuitán, que data de 1973, es el origen del conflicto en esa región. Es el argumento que provocó el desplazamiento de octubre de 2017.

Sin embargo, la ecuación entre el costo que puede tener la hectárea de esta tierra que produce tan solo un poco de maíz y café, y la inversión que se hace en armas y balas para mantener en constante tensión y desplazamiento a la población de esta región, no es proporcional.

Un segundo elemento a considerar, de acuerdo al análisis de los pobladores de la zona y organizaciones defensoras de derechos humanos, es que pobladores de Chenalhó también mantienen agresiones armadas contra sus otros vecinos, entre ellos habitantes del municipio de Aldama.

En la región indígena de los Altos de Chiapas, las acciones de civiles armados, a quienes los pobladores llaman “paramilitares”, se han multiplicado en años recientes, a otros municipios como San Juan Chamula -vecinos también de la zona-, Simojovel, Yajalón, Chilón, Oxchuc, Bochil, entre otros.

En algunos casos la disputa aparente entre estos grupos y el resto de los pobladores, es por tierras, en otros por los gobiernos municipales, por la demanda de programas sociales, por concesiones de transporte, o por locales en mercados públicos.

Marcos Pérez Gómez, líder indígena de Chalchiuitán, quien ha formado parte de organizaciones campesinas de la región, señala el patrón común en estos conflictos.

“Cuando vemos las acciones de los paramilitares, su creación, vemos que fue en el periodo de gobierno del Partido Verde. Donde gobernó el Partido Verde, ahí están los paramilitares, como pasó en Oxchuc. Lo mismo pasó en Chenalhó.  Y los jefes de los paramilitares eran Eduardo Ramírez Aguilar y Manuel Velasco Coello. La violencia se incrementó desde 2015”, asegura.

Manuel Velasco Coello ganó la gubernatura de Chiapas en 2012, fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Estuvo en el cargo hasta 2018. Actualmente es Senador por Chiapas. Eduardo Ramírez Aguilar fue su secretario de gobierno, y posteriormente diputado local también por ese partido. En las elecciones de 2018, al no lograr la candidatura al gobierno del estado, Ramírez Aguilar se adhirió al Partido MORENA, y obtuvo una curul en el Senado de la República, por ese partido.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, coincide con el análisis de pobladores de la zona, en los seis años del gobierno de Velasco Coello, detonaron las acciones de los civiles armados en la región donde los gobiernos municipales eran encabezados por militantes del PVEM.

“La impunidad que protege a estos perpetradores, incrementa los ataques de otros actores que han extendido la violencia en distintas regiones de la entidad”, subrayó Jorge Luis López López, del centro humanitario.

Casas baleadas, testimonio de las agresiones en Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Los desplazados de Chalchiuitán y el Centro Fray Bartolomé, señalaron que la impunidad se mantiene actualmente en la zona indígena de Chiapas, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para detener las agresiones.

En la petición 882-17 emitida en febrero de 2018, la CIDH señaló que los desplazados se encontraban “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.

Pidió al gobierno de México que adoptara las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los habitantes de la región, e investigara lo hechos para prevenir su repetición.  Hasta la fecha, “todo se ha quedado impune”, puntualiza Marcos Pérez Gómez.

Por ello, en el marco de los dos años del desplazamiento de los habitantes de Chalchiuitán, los agraviados pidieron desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que operan en la región, a fin de poder retornar a sus viviendas.

También demandaron se atienda el conflicto por las colindancias con el municipio de Chenalhó, se les indemnice por la destrucción de sus viviendas y consechas, y “la continuidad de la atención humanitaria, mientras no podemos trabajar en nuestras parcelas por el riesgo a nuestra vida”.