La ASF halló desfalcos en SCT de Ruiz Esparza y 89 ex funcionarios también operaron esos recursos

La ASF halló desfalcos en SCT de Ruiz Esparza y 89 ex funcionarios también operaron esos recursos

Por Efrén Flores de Sin Embargo

Las irregularidades presupuestarias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2014 y 2018 tienen al menos 90 probables responsables directos e indirectos.

Además del ex Secretario Gerardo Ruiz Esparza, destacan Benito Neme Sastré (Caminos y Puentes Federales) y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.

Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.

Por un lado están 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes “en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingeniería.

Entre los 17 están un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT, además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).

Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013 y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

Gerardo Ruiz Esparza acompañó a Enrique Peña Nieto durante 13 años de carrera política: desde su periodo (2005-2011) como Gobernador del Estado de México, hasta el cierre de su Presidencia. Foto: Cuartoscuro.

Entre ellos destaca el caso de Raúl Murrieta Cummings. En 2015, el otrora Subsecretario de Infraestructura (2012-2016) fue denunciado por el titular del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños. De acuerdo con Luis Alberto Ramírez Colmenares, Murrieta Cummings habría protegido a funcionarios federales que cobraban anticipos (15 por ciento) sobre el valor de diversas obras públicas, con la finalidad de apoyar las campañas políticas de Beatriz Rodríguez Casasnovas (para la diputación federal de Oaxaca) y Héctor Astudillo Flores (que buscaba la gubernatura de Guerrero).

Murrieta Cummings y el ex Coordinador General de Centros SCT (2012-2018) José Antonio Rodarte Leal, también fueron señalados ese año de favorecer a unas cuantas empresas en 14 entidades federativas, pese a que algunas de ellas –como en el caso de Expectras– tenían demandas pendientes por incumplimientos de contrato.

Además de Murrieta y Rodarte, el ex titular (2010-2013) del ahora IFT, Mony Sacha de Swaan Addati, fue investigado por incurrir en un “supuesto ejercicio indebido de funciones”.

Entre 2011 y 2015, Sacha estuvo bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por asignar contratos por 200 mil dólares, a conocidos suyos. Sin embargo, en marzo de 2016, la SFP indicó que no había pruebas suficientes para establecer la comisión de un ilícito, por lo que determinó “la inexistencia de la responsabilidad administrativa que se le atribuyó” al ex funcionario público.

PROBABLES RESPONSABLES

Entre 2014 y 2018, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.

Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.

Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT.

De acuerdo con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.

Uno de los casos más conocidos es el de Benito Neme Sastré. El otrora director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe) es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con las auditorías de la ASF, Neme es uno de los posibles responsables de irregularidades por 151 millones 510 mil 547.47 pesos en Capufe durante 2014-2018, en que la dependencia federal generó probables daños al erario público por realizar pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como el adeudo de reintegros y falta de ejercicio de medidas resarcitorias, además de contratar bienes y servicios no efectuados y tener obras con diferencias entre los volúmenes de obra contratados y efectuados.

Ejemplo de ello es el daño al erario público por un pago “extraordinario” de más de 1.7 millones de pesos en 2018, durante la rehabilitación del pavimento de la Autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la ASF, Capufe “autorizó indebidamente” un pago a la empresa Coconal en agosto del año pasado, para la implementación de un “dispositivo permanente de monitoreo de tránsito vehicular”. En la auditoría (2018-1-09J0U-20-0396-2019 396-DE) quedó asentado que el gasto no tenía relación con el objeto de contrato de obra pública, ya que se trató de un proceso de adquisición de equipo de seguridad que debía solicitarse por medio de otro contrato.

Asimismo, entre los probables responsables estaría el ex Gobernador de Chiapas (2012-2018) Manuel Velasco Coello.

En junio de 2017, la SCT firmó un convenio de coordinación con el Gobierno de Chiapas “para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera”. En total, la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza asignó 409 millones de pesos para la modernización y ampliación de la carretera Ocozocoautla-Villa Flores.

Durante el ejercicio de 2018, la Auditoría encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 19 millones 900 mil 979.97 pesos “por concepto de obra pagada no ejecutada”, que era responsabilidad de la SCT y de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de Chiapas, entonces a cargo de Jorge Alberto Betancourt Esponda.

En consecuencia, la ASF determinó que ambas secretarías “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, de acuerdo con la auditoría de inversiones físicas 2017-0-09100-04-0357-2018 357-DE.

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