Servidores públicos los que más amenazan a periodistas

Amenazan a reportera de Pagina3.mx; directivos exigen al gobernador Murat garantías para ejercer el periodismo

*En México, las amenazas de servidores públicos hacia defensores y periodistas supera el 55 por ciento, un panorama similar al local donde el 85 por ciento de las denuncias hechas en la Fiscalía Estatal son interpuestas hacia Ayuntamientos Municipales

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  Michelle Bachelet presentó el pasado 26 de agosto el Diagnóstico del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en la que uno de hallazgos fue que el 55 por ciento de los beneficiarios del Mecanismo de Protección fueron amenazados por servidores públicos.

De forma local, Eduardo Montes, Fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el 85 por ciento de las denuncias realizadas en los últimos 4 años han sido hacia servidores públicos municipales.

La Alta Comisionada informó que el Diagnóstico se consolidó con entrevistas de beneficiarios del Mecanismo, integrantes de la Junta de Gobierno, autoridades, expertos y miembros de la Unidad de Protección.

Publicado el 21 de agosto de este año, mencionó que las siete personas asesinadas de 2016 a la fecha y que eran beneficiarias del Mecanismo reflejan la “insuficiencia de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada del Mecanismo”. 

Además, la Comisionada dijo que la situación se ha agudizado en los últimos años por el creciente número de beneficiarios debido a que son víctimas de agresiones o amenazas.

Hasta abril de este año, el Mecanismo tenia en protección a 903 personas, un alza del 70 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado, según pronostican serán más de mil 131 beneficiados para finales de 2019.

“[L]a situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas sigue siendo alarmante”, afirmó Bachelet.

Asimismo, Bachelet manifestó su preocupación respecto al gasto que garantiza la seguridad a esa cantidad de personas llegaría a representar 325 millones de pesos, lo que excede el presupuesto previsto de 117.4 millones de pesos.

“Iniciamos todo el proceso con el secretario Urzúa y lo hemos vuelto a renovar con Arturo Herrera, y esperemos que haya resultados para que se asignen 150 millones de pesos más. Esperemos que estén en el mes de octubre”, explicó Aarón Mastache Mondragón, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación refiriéndose a una solicitud que presentó la Segob en abril de 2019.

A su vez, Jan Jarab, representante de la ONU-DH, quien presentó el diagnóstico, destacó que “hay una dinámica local que es muy peligrosa (para defensores y periodistas) y no lo vamos a resolver sólo con medidas de protección duras que puede implementar una empresa, tenemos que investigar y sancionar estas acciones (contra los gremios), tenemos que ejercer acciones preventivas y hacerlas no sólo ad hoc (…) pero se necesita que sea parte de una política sistemática para bajar estos riesgos en casos de agresiones por parte de servidores públicos”.

Desde Chiapas, Montes mencionó que hay dos momentos para el registro de datos, esto debido a la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio sucedido en 2015.

El Fiscal dijo que recibió 113 averiguaciones previas bajo el antiguo sistema penal; hoy carpetas de investigación, de las cuales 6 fueron consignadas por un juez en materia penal.

Posterior al 2015 y hasta el día de hoy, al momento de cambiar la metodología, se inician 117 atenciones, de las cuales 25 se encuentran en trámite y 92 ya fueron determinadas; de estos últimos 67 han sido finalizados por convenios, es decir, con formas de reparación del daño, garantías de no repetición y disculpa pública.

Montes detalló que el 85 por ciento corresponde a amenazas y lesiones, estas últimas sucedidas durante marchas o desalojos, en los cuales los periodistas se ven agredidos por fuerzas policiacas.

Asimismo, Montes dijo que han iniciado 21 carpetas de investigación, de la cual 2 se mantienen en trámite y 1 judicializada, es decir, que ha sido llevada ante un juez para que emita un veredicto.