Samalayuca: de área natural protegida a explotación minera

Samalayuca: de área natural protegida a explotación minera

Ejidatarios de Ojo de la Casa acordaron con inversionistas canadienses la ocupación de los predios para la extracción de cobre en yacimientos a tajo abierto; la compañía estima concluir la construcción de sus instalaciones en 6 o 9 meses, para comenzar las excavaciones a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez

#AlianzadeMedios | Rocío Gallegos de La Verdad

Ciudad Juárez – La decisión fue unánime. Los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al gobierno federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del ayuntamiento de Juárez.

“El acuerdo se toma por acuerdo ejidal… somos 53 integrantes con derecho a voz y voto. En este caso fue unanimidad” dice Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca y ejidatario de Ojo de la Casa.

De acuerdo con los datos proporcionados por Meléndez, los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en 6 o 9 meses.

“La visión de VVC ha sido durante mucho tiempo comenzar las operaciones en las zonas de Gloria con una mina piloto de cobre, de una manera ambiental y socialmente responsable, a la vez que genere impactos económicos y comunitarios positivos”, dice Jim Culver, presidente de la corporación minera a través de un comunicado donde informó de la obtención de los permisos para operar y del cambio de uso de suelo de los predios.

Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”.

Además, considera que con su operación se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez.

“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente” advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.

Sobre los opositores del proyecto Meléndez Cardona menciona que están en su derecho en manifestarse, pero usan argumentos basados en mentiras y asegura que la mina será una alternativa para generar empleo y los recursos para obras de infraestructura en el poblado.

El beneficio económico que alegan con la llegada de la mina no puede estar por encima de la sobrevivencia de una población de casi un 1.5 millón de personas en la región, dice González Reyes, quien también se desempeña como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad, pero asegura que su acción contra el proyecto en Samalayuca es a título personal.

“No solo van a usar el terreno, que es lo único que les pertenece a los ejidatarios, van a usar recursos naturales como agua, deforestar, contaminar el ambiente y eso nos incluye y afecta a todos y todas”, advierte el derechohumanista.

Una veta en medio del área protegida

La veta del mineral –que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad– se aprecia a simple vista sobre las paredes de roca de la Sierra de Samalayuca, con diferentes tonalidades en color verde.

El yacimiento de Ojo de la Casa, ubicado a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, está integrado por cuatro tajos, explica Meléndez: Gloria, Juliana, Zorra y Suerte. Aunque en el área también está los polígonos denominados Concha y Trinidad.

De acuerdo con los registros consultados, en ese depósito de metal se desarrollaron actividades en las épocas de 1965 y 1976, pero luego quedó en el abandono.

Ahora se pretende retomar la actividad. Meléndez dice que los inversionistas canadienses comenzarán la explotación en el tajo la Gloria.

En el lugar, al que se llega por veredas abiertas entre arenales y matorrales, la minera VVC inició la extracción en fase de exploración en agosto del 2017 y la extendió hasta diciembre del 2018 de acuerdo con información disponible su página digital.

El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso de extracción de cobre a cielo abierto, con solventes y mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, de acuerdo con datos difundidos por la compañía.

La planta que se construirá tendrá una capacidad inicial para procesar aproximadamente 2 mil toneladas de material mineralizado por día, aumentando a lo doble 12 meses después de su puesta en marcha, se informa en un comunicado que VVC lanzó el 7 de agosto. La empresa indica que el área de explotación es de mil 622 hectáreas.

El anuncio de la reactivación de la mina revivió la oposición al proyecto.

“Están mirando los beneficios económicos, pero no observan los riesgos para la salud humana, no hay estudios sobre esto, tampoco de la destrucción de flora, hay mucho sesgo en eso y no hay transparencia” comenta Lydia Graco, vocera del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.

Por eso, asegura, los ciudadanos que integran este movimiento respaldan la postura del abogado González Reyes que este jueves contempla solicitar un amparo contra el proyecto.

González asegura que con su petición al Poder Judicial busca frenar la expedición de permisos para la reactivación de la mina.

Aunque la empresa y Meléndez aseguran que ya se cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo aprobados por la Semarnat y otras dependencias federales. Esto no pudo corroborase con la Semarnat ni con la Subsecretaría de Minería, de la Secretaría de Economía.

Meléndez asegura solo el ejido Ojo de la Casa logró revertir el decreto de área natural protegida sobre su territorio. “Fue el único que se amparó, los otros lo hicieron pero a mitad del camino desistieron, porque fue un proceso bastante largo, prácticamente duró tres años ese proceso”.

‘Hay candados de protección’, aseguran

El presidente seccional de Samalayuca asegura que cuando decidieron realizar los contratos de ocupación temporal de los predios con la empresa minera, se asesoraron con ingenieros en minas, medioambientalistas y establecimos algunos candados para protección del medio ambiente.

El primer de ellos, explica, es que la explotación de esta mina no se va a realizar en la zona arqueológica de los petrograbados o de arte rupestre, porque “de manera tendenciosa siempre se dice que se va a destruir ese patrimonio, lo cual es totalmente falso”.

“Nosotros, a nivel ejido, establecimos que los tres sitios que tenemos protegidos por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), esos, no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.

Ahí, asegura, están concentrados el 95 por ciento de los petrograbados de la región. “Muchos se imaginan que están por toda la sierra, pero eso es falso,

El segundo candado es que en la mina de Samalayuca no se va a utilizar el cianuro, que es un químico altamente letal. Aquí para se va a utilizar el ácido sulfúrico en un 30 por ciento dentro de una solución de agua, que es suficiente poder hacer la investigación que ellos necesitan, menciona.

Tercero, agrega, el agua que van a utilizar es un volumen muy razonable, es el equivalente de lo que se utiliza para llenar una alberca olímpica. “Eso es lo que establecimos con ellos, pero ellos también tendrán que ser regulados por la Comisión Nacional del Agua”.

El otro candado, menciona, es el que se estableció para avanzar en las excavaciones: por cada 4 por ciento de la superficie en la que trabajen deben tapar los hoyos y volver a plantar la flora de la región, incluso hasta de algunos árboles, antes de hacer otro hueco, “mientras no tapes o rellenen ese hoyo no podrán abrir uno nuevo”.

–Hay señalamientos contra usted por este acuerdo con la empresa canadiense, cuestionan que como funcionario público promueva negocios que le reditúan por ser propietario de predios que promueve para la minería, ¿qué dice de esto?

¡Bueno fuera!, responde. “Si soy ejidatario de Ojo de la Casa, pero el ejido ya está a parcelado, ya tenemos lo que se dice el dominio pleno, es decir, cada porción del ejido ya tiene un propietario y en los terrenos donde va a entrar la empresa minera, ninguno de ellos es mío. Tengo propiedades, claro, pero no ahí”.

Sin embargo, González Reyes asegura que Meléndez sí está actuado en un claro conflicto de interés porque promueve negocios en sus tierras. “Espero que Javier Meléndez recapacite y pase a la historia por una obra distinta a esta, que proteja al Samalayuca que tanto dice querer”.

Advierten desastres ambientales

El abogado derechohumanista dice que los antecedentes de toda mina a nivel mundial y en el país son de desastres ambientales, negligencia y corrupción. Por eso promoverá un amparo para que se transparente el proceso, estudios y permisos.

Meléndez concede que hay muchas suspicacias con el proyecto, porque las empresas mineras han tenido accidentes y enfrentan situaciones en las que luego hay corrupción, pero dice que los ejidatarios están dispuestos a integrar observatorios ciudadanos para que vigilen que los candados ambientales impuestos se cumplan.

Considera que entre quienes cuestionan el proyecto hay pronunciamientos que son genuinos, “de gente que se preocupa de qué va a pasar con el medio ambiente y a esa gente creo que hay que estarle informando que la catástrofe que se dice de la mina, apocalíptica, no es tal”.

Hay otros, agrega, que cuestionan por estar en contra de todo, “esos ni nos preocupan, ellos que sigan haciendo su labor”.

Asegura que todos los beneficios que se tienen son a costa de un costo ambiental y cita como ejemplo: “si en Juárez tenemos electricidad, pues es a costa de la planta termoeléctrica de Samalayuca que tiene que utilizar agua para la generación de energía eléctrica. Si traen un celular o una computadora, pues bueno, se tuvieron que obtener metales para los componentes de estos aparatos, todo tiene un impacto ambiental”.

Pero González Reyes es tajante: “Me indigna que todo lo han hecho en sigilo, a escondidas de la ciudadanía”.

“Cuando no se pueda sembrar más en esa tierra y el agua se contamine, a ver si beben y comen dólares”, asevera.