Preocupa a la ONU ataques y criminalización contra la abogada Estela Ángeles Mondragón

Por el intento de criminalización en su contra, Jan Jarab, representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estuvo en la ciudad de Chihuahua para dar acompañamiento a la abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora del territorio y representante legal de las comunidades indígenas Baqueachi y Huahuachérare.

Para esa instancia internacional representa una alerta y preocupaciones, que ya informaron a las autoridades relevantes, es decir, Estado y Federación, y al Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que le tienen medidas cautelares a la abogada desde hace varios años.

“El caso de Estela lo seguimos con preocupación porque desde muchos años tenemos el conocimiento de su trayectoria como defensora de los derechos de los pueblos indígenas, y tenemos que reconocer lo que ha logrado por su tenacidad, logros que han llevado largos procesos judiciales sobre la tierra”, manifestó Jarab en entrevista con Raíchali tras reunirse con la abogada.

Su lucha se ha centrado en litigar en favor de los pobladores indígenas de las dos comunidades que representa en Carichí. Eso ha representado el regreso de 21 mil hectáreas de territorio después de 25 años de pleito jurídico contra ganaderos de la región que se habían apropiado de esos espacios.

A inicios de junio, tras una serie de publicaciones que pusieron en duda el trabajo de la abogada, se dio a conocer que existen dos denuncias en su contra. Una de ellas es por la supuesta malversación de 16 millones de pesos en la comunidad de Huahuachérare.

Tras la noticia, tanto en Baqueachi como Huahuachérare se convocó a una asamblea ejidal en la que los rarámuri eligieron ratificar a Estela como su representante legal.

Unas semanas más tarde, cerca de 200 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos así como activistas, emitieron un comunicado en el que rechazan la campaña de desprestigio en contra de la abogada en uno de los medios impresos de mayor distribución en el estado.

Justo ahí se conjugan dos de las principales preocupaciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas: personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas.

En el año 2017 estuvo en México Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos y expuso que ese sector es el más amenazado en toda Latinoamérica.

En éste sentido coincide Jan Jarab. Estamos actualmente ante mucha presión sobre las tierras de las comunidades y pueblos indígenas, estableció. Esta presión llega de las empresas, por parte del crimen organizado o por los proyectos de infraestructura.

“Se vuelve un asunto muy peligroso para los defensores que enfrentan el riesgo de las agresiones físicas, pero también de la criminalización”

En el caso de Estela han sido ambas de manera directa e indirectamente. En 2010 fue asesinado su compañero de lucha, Ernesto Rábajo. Ella se quedó al frente de los litigios y en varias ocasiones ha habido publicaciones en su contra.

La oficina de la ONU tiene documentado todo el caso de Estela y se muestran preocupados por la tendencia que hay. “Nos preocupa que existan investigaciones en su contra, porque parecen de los típicos escenarios de criminalización o intento de criminalización”, subrayó Jarab.

La estrategia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México está centrada en ataques y en litigios, para intentar amedrentarlos con la judicialización de lo que dicen, de lo que hacen.

“México está en una extraña paradoja”, especifica Jan Jarab, pues por un lado se tienen casos impunes de homicidios, violaciones graves a derechos humanos, como tortura por parte de funcionarios, y al mismo tiempo el aparato judicial se ocupa de perseguir e investigar conductas que claramente no representan delitos, con señalamientos dudosos o hasta fabricados, puntualizó.