Juez de Canadá niega investigar a su Embajada en México por el asesinato de Mariano Abarca

*Un juez de Corte Federal de Canadá aceptó la posibilidad de que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada de su país en México hubiese actuado de forma distinta, sin embargo, negó ordenar una investigación por este hecho

El pasado 18 de julio, en un fallo de juicio emitido por el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protestas en la comunidad cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue a los posibles implicados del asesinato.

Boswell señaló esto como un resultado al proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año mencionó: “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

El juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta, informó la organización Otros Mundos A.C 

El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire.

Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según la familia, la decisión de la Corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018, después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018.

No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano, con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.