Empresas contribuyen en política de detención de niños migrantes

Empresas contribuyen en política de detención de niños migrantes

Un grupo de empresas presumió el apoyo que brinda al gobierno federal para la mejora de estancias migratorias. Sin embargo, estos respaldos refuerzan la política de detención y deportación que ha implementado en las últimas semanas el gobierno de México, advierten especialistas

Texto: Arturo Contreras Camero de Pie de Página

Foto: Ximena Natera

Representantes de fundaciones de empresas como Telmex, Coppel, Volaris y organizaciones como la US-Mexican Foundation presumieron la ayuda que están brindando para atender de manera “rápida y eficiente” las necesidades menores migrantes. Sin embargo, organizaciones civiles especializadas advierten que brindar atención en estancias va en contra del principio que dicta que niñas, niños y adolescentes migrantes no pueden estar detenidos. 

“Quieren mandar bibliotecas para niños que están en centros migratorios, cuando para empezar no debería de haber siquiera niños en centros de detención”, advirtió en entrevista Melissa Vértiz, secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de organizaciones que trabajan para incidir en las políticas migratorias del país.

Melissa alude a la instalación de cuatro bibliotecas digitales con programas educativos para niños, niñas y jóvenes migrantes en las estaciones migratorias de Acayucan, Tenosique y Tapachula, así como en el Centro Integrador del Migrante en Ciudad Juárez. 

“De acuerdo con las propias recomendaciones de Naciones Unidas y una clara obligación que tiene el gobierno mexicano de terminar la detención de niñas niños y adolescentes en estancias migratorias”, añade.

La Organización de Naciones Unidas ha señalado que retener a los niños y adolescentes migrantes contra su voluntad es violatorio de sus derechos humanos. 

El representante de la empresa Volaris recordó que, como parte de su programa Reuniendo familias, vende boletos de avión a un dólar (más impuestos) a migrantes centroamericanos que, con ayuda del Instituto Nacional de Migración, “pudieron volver a su hogar”. Como hizo el pasado sábado 3 de agosto con un avión lleno de personas originarias de El Salvador.

Melissa Vértiz explica, sin embargo, que este tipo de medidas podrían poner en mayor peligro a esta población, pues muchos de estos migrantes huyeron de sus países por cuestiones de seguridad, y regresar a ellos podría significar un enorme riesgo.

Estas empresas dieron sus testimonios en un acto llevado a cabo este miércoles en la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien dijo que estas acciones se desprendían del plan migratorio anunciado por el gobierno de México el pasado 17 de julio. 

“Si ponen computadoras, bibliotecas y bonitas las áreas de niñez, en realidad eso no está solucionando el problema central, que es que la detención migratoria es una regla en el caso de niñas, niños y adolescentes”, critica Melissa Vértiz.

Este tipo de iniciativas deja ver un problema que el plan migratorio del Gobierno de México: el distanciamiento que tiene su política migratoria de las organizaciones que históricamente han atendido a los migrantes en el país. 

“Desconocíamos que iba a haber la implementación de estos nuevos acuerdos entre el Instituto Nacional de Migración junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con las procuradurías de atención a población migrante de cada estado”, asegura Brenda Ochoa, directora del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdoba, basada en Tapachula, Chiapas.

“No tenemos ninguna idea de a dónde se va a dirigir el apoyo y la ayuda”, asegura Ochoa. 

Fundamental, atender procuradurías

De acuerdo con Ochoa, es imposible pensar en este tipo de acciones si antes no se atiende el tema de las procuradurías de la infancia, que muchas ocasiones no cuentan con el personal adecuado.

El pasado 5 de julio, funcionarios federales que atienden a población migrante denunciaron a Yolanda López Bravo, procuradora federal de Protección a niñas, niños y adolescentes, por haberse referido a los africanos que protestaban en un albergue en Chiapas como “caníbales”. La denuncia fue recibida en el Sistema Nacional DIF, Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“El tema de las procuradurías está muy mal. Lo de la procuradora federal es una sorpresa, pero a nivel local siempre se ha tenido el problema de que los procuradores locales no atienden las necesidades de la población migrante”. explica.