En Rincón de Chautla, Guerrero los niños no van a pelear pero saben defenderse

Texto: Vania Pigeonutt por Amapola

Fotografía: Luis Daniel 

Niños con uniformes escolares corren alrededor de la comandancia de la Policía Comunitaria de la comunidad de Rincón de Chautla, a una hora de Chilapa. Los niños juegan al combate y se disparan con unas pistolas de madera que les hicieron para entrenarlos.

Los policías comunitarios llegan a la cancha de usos múltiples y también lo hacen las mujeres de esta pequeña comunidad y de otras tres vecinas: Zacapexco, Alcozacan y Ayehualtempa. Sus trajes amarillo canario, rosa mexicano, anaranjado y verde limón alegran esta mañana nublada y fría. Mientras las mujeres desfilan en la cancha de usos múltiples portando sus rifles, los niños juegan.

Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos,  20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.

Es lunes 10 de junio del 2019. Ha pasado casi un mes del video que se viralizó en internet en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.

–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.

Y ya son casi seis meses de la irrupción de hombres armados con rifles a la comunidad. Ese día, según reportes oficiales, hubo 12 muertos. Todos de fuera. La gente de Rincón de Chautla asegura que se defendió de una nueva agresión de una organización criminal.

En esta comunidad nahua, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.

Hoy los niños no entrenan. Quizá no lo hagan más. El policía comunitario Policarpo Rodríguez, de 59 años, cuenta con un español accidentado, que hay posiciones encontradas acerca del entrenamiento de los niños. Después del video del 12 de mayo y la atención mediática recibida, el único maestro de la comunidad –porque las dos maestras más no van ante la situación de riesgo–, fue quien les pidió dejar fuera a los niños.

–Fue algo desesperado, porque estamos desesperados, –reconoce Rodríguez.

Rincón de Chautla está en una colina. Desde el mirador del crucero que lleva tanto a Chilapa como a José Joaquín de Herrera (Hueycatenango), se observan árboles frondosos que acompañan el camino agreste de tres kilómetros. Pinos y maleza del campo. Cuesta abajo, se ve la tierra rojiza como el color de los ladrillos de las casas. Mientras todos se organizan en la cancha, cuatro mujeres ponen a asolear maíz encima de dos petates de palma.

Es el día 14 después de los hechos del 27 de mayo. Las mujeres de los petates de palma cuentan que la comida es escasa. El punto geográfico de su comunidad obliga a ir a Chilapa o a Hueycatenango por víveres. Dicen que esa es su desgracia. En cada lado operan diferentes grupos de la delincuencia organizada que les impiden traer comida.

Los niños juegan mientras los grandes platican de lo que ha pasado en el pueblo. Juegan y pasean alrededor de los testimonios de cómo fue desde el 2006, Rincón Chautla, un refugio pero también lugar donde han contado asesinatos. Acá está gente desplazada de Paraíso Tepila, una comunidad vecina cuyas familias viven en el Rincón desde el 19 de diciembre, fecha en la que hombres armados irrumpieron y desaparecieron a 12 integrantes.

Policarpo Rodríguez, uno de los policías comunitarios desplazados de Paraíso Tepila, no se acostumbra a extrañar a sus 12 familiares: no quedó rastro de ellos desde el 19 de diciembre de 2018. Este 10 de junio luce angustiado portando su rifle.

El señor, a quien no le disgusta que le tomen fotos, dice que civiles armados del Movimiento por la Paz y Justicia–a quienes identifica con el grupo “Los Ardillos”–, instalaron en diciembre pasado retenes en la carretera Chilapa-Hueycatenango, y en el crucero de Paraíso Tepila raptaron a sus 12 familiares, todos salían huyendo, tres eran niños.

Un acontecimiento tras otro. Por eso fueron las señoras quienes alzaron la mano para ser entrenadas y accedieron que sus hijos recibieran esa educación marcial. Para ellas sólo hay dos opciones: se defienden o se van.

Las mujeres se arremolinan a contar sus historias. Dos de ellas están viudas por los últimos acontecimientos de mayo. En específico sus maridos fueron asesinados y despedazados el 23 de mayo.

En la cancha, cargando a su bebé de tres meses está Justina Arriveño Bartolo. Tiene 23 años de edad y una tristeza que le sale por los ojos y le quita el cabello. Es viuda y ahora madre soltera: piensa constantemente en el futuro de su bebé y el de su hija de cinco años de edad, quien aún piensa que su papá regresará.

Su esposo Isaías Xanteco Ahuejote de 25 años de edad fue asesinado junto a Bartolo Hilario Morales de 39 años de edad, quien había sido coordinador de la CRAC-PF. El 24 de mayo los restos de ambos fueron localizados sobre la carretera Chilapa- Tlapa a la altura de un lugar conocido como Las Antenas. Esto sólo 20 días después de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, en Chilpancingo el 5 de mayo.

Todos adheridos al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización exigió justicia por esas muertes y los hechos en la zona.

Para Justina, quien tiene una voz baja y delgada, iban tras Bartolo Hilario Morales. Él le había pedido un viaje a su esposo.  Isaías  era chofer. Saldrían de su colonia Tula, a sólo 10 minutos de Rincón Chautla. Ella le dijo que no fuera, que pasar por Hueycantenango era difícil. El control territorial ejercido en la última década era una advertencia por sí misma. Fue.

Justina cree que “quizás al señor ya le traían algo”. Su suegro le dijo a su esposo que no fuera, que no importaba que le hubiesen pagado el viaje redondo. Le dijo claro: “no te vayas  con ese señor, a ese señor ya sabemos que lo quieren agarrar”. Isaías necesitaba llevar el sustento a su casa. La situación de escacez empezó desde el año pasado: no era viable salir de la zona indígena a Chilapa. Por eso Isaías estaba ideando con otros choferes una nueva ruta: Alcozacán – Chilapa.

El jueves 23 de mayo cuando Isaías le prometió a Justina que no habría problema si hacía el viaje, desapareció. Ella no tiene celular. Salió a las 12 del día, pero fue hasta las 18:00 horas cuando la familia se alarmó. Su suegro y sus hermanos intentaron marcarle sin éxito. Mandaba directo a buzón. Isaías solía darse una vuelta a su colonia, en sus jornadas de chofer.

No hubo aviso de nada. Hasta que sus cuñados vieron vía Facebook que habían raptado a dos hombres, Justina pensó que podía ser Isaías. Lo último que le dijo que la ruta saldría de Lobotepec, otra comunidad cercana, y varios choferes ya estaban formando otra organización de carros.

“No se dedicaba a otra cosa. Sí, ya había hecho de policía comunitario, en 2016 lo metieron y cambió en 2017, pero eso ya había pasado, él nomás estaba de chofer trabajando la ruta. Tenía 28 años”, relata al tiempo que abraza a su hija y se seca las lágrimas al contestar que no sabe qué hará sola.

Para ella no fue fácil tomar la decisión de aprender a matar. Apenas habían pasado 20 días del asesinato de Lucio Bartolo y Modesto Verales. Para Justina la angustia del jueves se prolongó  hasta el domingo 26, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a ella y a la esposa de Bartolo, los cuerpos para sepultarlos.

“Podríamos estar tranquilos, porque ahorita estamos viviendo con miedo. Queremos vivir tranquilos”, repite. Ella, junto a Albina Ocotlán, viuda con seis hijos, por la muerte de Bartolo. Están en la cancha esperando indicaciones de sus siguientes acciones. Parece que las autoridades creen que el nombre del Rincón debe estar a tono con su condición de marginalidad. Calculan ser unas 140 familias, todas necesitando despensas, certezas y justicia.

Del carro donde iban sus maridos no se sabe nada coinciden Albina y Justina. Ni eso le han podido entregar. Saben nada. Justina vive sola. No cuenta más que con el apoyo de su mamá, quien saca unos pesos de lavar ajeno y hacer tiras de soyamiche.

No puede trabajar, porque con la niña pequeña no se puede trabajar en el campo. “Recogemos de todo. Sembramos milpa, ahorita este trabajo hay aquí. De las ocho de la mañana, de las cinco a las seis. Como está chiquita no sale tanto, como está chiquita le doy pecho”, cuenta que por esas labores del campo recibe 100 pesos en una jornada completa.

Como Albina, Pascuala Germán de 55 años, desplazada de Paraíso Tepila; María Valentina de 47 años de edad, y  Escolástica Luna: “estaría dispuesta de defenderme, es para el bien de mis hijas, ¿quién las va a cuidar si no tienen papá?”.

El 12 de mayo fue intermedio entre una tragedia y otra. Había ocurrido el doble homicidio del 5 de mayo en Chilpancingo, cuando los comunitarios que iban a cobrar Prospera, un apoyo gubernamental. Los policías mayores se organizaron y enseñaron a los niños posiciones básicas de tiro y portación de armas: es lo único que se aprecia en el video difundido.

El gobierno encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores reaccionó tres días después. Envió a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno acompañados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG). Para el 15 de junio se comprometieron a responder las demandas de las 17 comunidades, en total con 18 mil habitantes según cálculos de la gente: no ocurrió ni de cerca.

“Invocamos al derecho que tienen los niños a un esparcimiento, a un desarrollo que tenga que ver con el respeto a la dignidad de ellos mismos”, dijo el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno. “No podemos permitir que haya niños en esa actividad, en esas tareas de seguridad”, advirtió tajante. Se comprometió a revisar de inmediato el tema: tampoco ocurrió.

Desde el 2006 han protagonizado pugnas entre grupos que ellos identifican con “Los Ardillos”, según cuentan, porque quieren desplazar a todos. Hay una mina de carbón, hectáreas dispuestas para la agricultura y son paso directo para hacer negocios con otros municipios; además, desde hace casi dos décadas también es una zona amapolera.

David Sánchez Luna está coordinando la reunión de este 10 de junio en Rincón. Él, junto a su hermano Bernardino fueron detenidos de manera injusta junto con otros seis pobladores de Rincón de Chautla en 2006, acusados de un doble homicidio.

Aunque ninguno de los ocho asesinó a los hombres originarios de Zacapexco, estuvieron en la cárcel dos años y 10 meses. Sus esposas y su madre, Escolástica Luna, mantuvieron las actividades de su pueblo y una lucha hasta que lograron que salieran. Ellas lidiaron con las tareas del hogar, los niños y la tierra.

Los policías comunitarios recuerdan que es la segunda generación de niños que asumen este liderazgo. Tres jóvenes que en 2006 vivieron los encarcelamientos injustos y las sepulturas de sus allegados, son policías desde 2016.

Demandas

David recuerda que hay demandas históricas, pero hoy pide la investigación a fondo de los 12 desaparecidos en la comunidad de Paraíso Tepila, la detención de los responsables que atacaron a su comunidad el 27 de enero del 2019, cancelación de 66 órdenes de aprehensión de la comunidad de San Jerónimo Palantla y liberación de su compañero Godofredo Cortés Reyes de la misma comunidad.

También la devolución de cinco camionetas que quedaron decomisadas por la policía comunitaria de Rincón de Chautla, durante el enfrentamiento del 27 de enero; entrega de apoyo monetario de programa Prospera en la comunidad de Rincón de Chautla y Zapapexco por motivo de amenaza del grupo “Los Ardillos”.

Dice que también les hace falta equipamiento para la CRAC, porque Rincón está a más de una hora de Chilapa y nunca va la policía municipal, ellos han tenido que encargarse de esa tarea de seguridad pública; así como una ambulancia para el traslado de los enfermos, porque no tienen servicios médicos; la construcción de una tienda campesina en Rincón de Chautla, entre otras, que garantizarían por lo menos que su cotidianidad continuara.

“Nos están persiguiendo. Desde 2015 contamos con órdenes de aprehensión. Suman 66 las órdenes a la fecha. Nos lo querían fabricar del 27 más”, explica.

David narra que el 27 de mayo llegaron en camionetas decenas de hombres que identifican con el grupo delictivo “Los Ardillos”, pero ellos repelieron la agresión, por primera vez las mujeres y los niños se colocaron en posiciones de alerta.

El Chino, un supuesto delincuente de ese grupo llegó en una camioneta blindada con las puertas abiertas, cubriendo a los demás. Gritó: “¡venimos a romperles su madre!”. Luego lanzaron rafagas al viento. El pueblo, como su nombre lo dice, está en un rincón cuesta abajo, así que cuando escucharon los disparos, ellos activaron sus armas también.

Esa agresión, según recuerda David, duró una hora y media. Hasta después de las 17:00 horas. Luego intuye que se regresaron heridos. Según sus cálculos unos 88 hombres resultaron heridos, pero la FGE reporta sólo dos muertos de lo que llamó enfrentamiento, y los comunitarios agresión directa.

Desde septiembre del 2014, que Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec del municipio de Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec del municipio José Joaquín de Herrera se adhirieron a la CRAC-PF, escenas como la última han ocurrido con frecuencia. Sólo han contenido las agresiones.

En el crucero donde fue la agresión en enero está un puesto militar desde inicios de junio. Solicitan los nombres de quienes salen y entran a Rincón de Chautla, que está a 3 kilómetros de la carretera que conduce a Chilapa. Los militares aseguran que no han tenido problemas, que a ellos nadie los ha intimidado, mucho menos amenazado.

Abajo está la comunidad pequeña de unas 20 familias, no más de 100 habitantes. Los 10 niños que van a la secundaria, acuden a Zacapexco, una comunidad a 10 minutos de ahí. La primaria es bilingüe y multigrado. Los 20 niños van mezclados de primero a sexto. Los atiende un solo maestro, había otras dos maestras que por miedo decidieron no regresar. El nivel de aprovechamiento escolar es bajo, confiesan los habitantes: los niños han tenido hacen sus actividades académicas al tiempo que se refugian de ataques.

En Guerrero, cerca de 62.5% de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, uno de éstos es Chilapa, donde las más pobres son las comunidades indígenas. En el 40 por ciento de este territorio no hay drenaje, el mayor grado de escolaridad es la secundaria y hay migración a Estados Unidos por falta de oportunidades, de acuerdo con varios indicadores del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.

Los niños que juegan a matarse pertenecen al grupo de 9 de cada 10 que hablan alguna lengua y son pobres, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

¿Qué pasa en la comunidad indígena nahua de Rincón de Chautla que sus mujeres y niños han tenido que entrenar para matar? Joaquín Sánchez Guadalupe, un anciano con ojos cafés, papá de David y Bernardino Sánchez Luna, responde con orgullo: “pasa que tenemos dignidad”.