Con órdenes de aprehensión, intimidan a defensores y defensoras del agua y el ambiente en Chiapas

Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C (CEPAZ) pidió un alto a la criminalización, hostigamiento e intimidación de defensoras y defensores ambientes en Chiapas, por lo que exigió total respecto al derecho y deber de los individuos, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales.

El Colectivo informó que en los meses recientes, se ha intensificado el hostigamiento, intimidación y criminalización de defensoras y defensores del agua y el ambiente. Es de suma preocupación, la vulnerabilidad y el alto riesgo al que se enfrentan quienes defienden los bienes naturales, el ambiente y el territorio.

En mayo pasado, habitantes del fraccionamiento El Bosque en Tuxtla Gutiérrez; por defender un área verde, espacio público utilizado como parque por más de 25 años, donde se encuentran árboles como huanacasxtle, caoba, bambú, mango, guaya, bugambilia, limón, benjamina, y naranja de más de 80 años de antigüedad, fueron detenidos sin orden de aprehensión las CC. Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles por más de 300 policías de seguridad pública municipal, estatal y de investigación, violando flagrantemente sus derechos humanos; además de hostigar y amedrentar a familiares y vecinos.

En el mes de junio, en la cabecera municipal de Chilón, el actual presidente municipal, Ing. Carlos Jiménez Trujillo, ha impulsado una campaña de represión, hostigamiento y criminalización contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua (MODEA); destituyó al director y a los comités de agua, y ha desconocido la organización ciudadana y comunitaria que administra el sistema municipal de agua. Durante una manifestación pacífica que realizaron el 24 de junio, fueron hostigados por fuerzas policiacas tomándoles fotos y cercando su marcha. De igual modo, ha emprendido una campaña de desprestigio e intimidación contra el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE).

Ahora, en San Cristóbal de Las Casas, se criminaliza la defensa del ambiente y el territorio que mantienen desde hace varios años pobladores de la colonia Maya; el empresario Oscar Liévano Narváez deforestó impunemente un área de bosque en el predio La Moraleja para construir un fraccionamiento de 200 lotes, esto, ha causado daños ambientales, provocando inundaciones que han perjudicado a varias familias de la colonia.

“La protección del área ecológica que han realizado ante la destrucción por parte del mencionado empresario y la exigencia de justicia para la reparación de daños a los colonos, ha dado como resultado una demanda penal contra integrantes de la mesa directiva de la colonia” detalló Cipaz.

Ante este acto judicial, las y los defensores ambientales interpusieron un amparo, el cual les fue negado a la C. Lucero Aguilar Pérez y al C. Martín López López.

Por tanto, el Colectivo ante todos estos hechos de criminalización contra defensoras y defensores ambientales, y con fundamento en el artículo primero constitucional, pedimos a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

El cumplimiento y respeto de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Así como también, el Acuerdo de Escazú, sobre el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso.

Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. (Art. 9 Acuerdo de Escazú).

Cancelación de todo proceso judicial y toda orden de aprehensión contra: C. Lucero Aguilar Pérez; C. Martín López López; Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Oscar Armando Robles.

Reinstalación en sus cargos a los comités y director del Sistema de Agua Potable Municipal de Chilón; así como el respeto y reconocimiento a la organización comunitaria del agua del MODEA.