Organizaciones, activistas y defensores denuncian doble discurso del gobierno de AMLO en política migratoria

Guardia Nacional En Frontera Comalapa. Foto: Reydober Pérez

Activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que trabajan con migrantes, expresaron su preocupación por el doble discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de una política humanitaria pasó a una militarista para el control de la frontera sur y el flujo migratorio.

Tras al anuncio del despliegue de unos seis mil elementos de la Guardia Nacional (GN) a lo largo de los 965 kilómetros entre México y Centroamérica, los defensores de los derechos humanos expresaron alarma ante “la retórica” del gobierno federal que dejó que la administración de Donald Trump, extendiera su dominio fronterizo hasta el sur de México.

“No hay duda. Esto sólo confirma lo que siempre se ha dicho, que México es el patio trasero de Estados Unidos”, dice el padre Heyman Vázquez, párroco de Huixtla y con más de dos décadas dedicado a la labor de la defensa de los migrantes.

Previamente, Heyman Vázquez fue párroco en Arriaga, donde fundó el albergue para migrantes “Hogar de la Misericordia”. Ambas localidades Arriaga y Huixtla, están situadas en el mismo corredor migratorio que va desde el río Suchiate, pasando por Tapachula, toda la región del Soconusco, la región Costa y hasta llegar al Itsmo oaxaqueño.

El párroco ha sufrido amenazas en muchas ocasiones por su labor a favor de los migrantes en esta región de la frontera sur mexicana y refiere que si bien está aumentando la vigilancia policiaca y militar, eso no frena la migración, al contrario, sólo los aísla a rutas más peligrosas.

Rutas en las que los migrantes son asaltados y asesinados, y las mujeres son violadas o reclutadas con fines de explotación sexual.

Vázquez afirma que cada vez son más frecuentes los casos de mujeres violadas que han llegado al albergue de Arriaga. “Y seguro eso va a aumentar”.

“Vamos a regresar 15 años atrás, cuando a los migrantes se les asaltaba y las mujeres se les violaba, esas son las consecuencias de la militarización de la frontera sur. Pasamos pues de un discurso humanitario a una acción militarizada para reprimir la migración”, dice el padre.

Migrante murió en el interior del vehículo de traslado del INM. Foto: Cortesía

Recuerda que si bien en el 2014 con el anuncio del Plan Frontera Sur, la política antimigrante estuvo crítica, la actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es aún peor. “Ahora es más agudo, hay más tensión, hay más miedo. Los migrantes tienen mucho más miedo. Se ve un ambiente de cacería de migrantes”.

Afirma que es sorprendente la cantidad de retenes que han proliferado en las carreteras de Chiapas, lo que revela una subordinación del gobierno mexicano al de Estados Unidos en materia migratoria.

Dice que si bien originalmente se anunció que la GN combatiría al crimen organizado “ahora resulta que para lo primero que la usarán es para contener la migración”.

Rubén Figueroa, activista defensor de los derechos humanos de los migrantes, e integrante del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, lamentó que el gobierno mexicano no dudó en militarizar esta región del país.

Tal situación, reprobó, sólo trae “zozobra” no sólo para los migrantes, sino también para la población civil que verá un mayor despliegue policial y ahora la figura de la GN.

Considera que el muro militar de Estados Unidos se extendió hasta la frontera sur mexicana. Y lamenta que el gobierno mexicano ahora enfrentará con militares una crisis migratoria y humanitaria.

Agrega que la economía de México no se fortaleció por el acuerdo con Trump, sigue siendo vulnerable y afirma que el fantasma de los aranceles volverá a lo largo de su campaña de reelección. En esta ocasión, considera, las personas migrantes y los defensores fueron los sacrificados.

Salva Lacruz, responsable del área de incidencias del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez, con sede en Tapachula, también expresa su preocupación ante la crisis migratoria.

Señala que lo que hace el gobierno mexicano es entregar su política migratoria a Trump a través de lo que tanto anhelaba: una hipotética solución por la vía militar.

Tras la renuncia de Tonatiuh Guillén al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) y el anuncio de Francisco Garduño como su sucesor, Lacruz se mostró preocupado ante el nuevo perfil “mucho más duro contra los migrantes”.

Este nombramiento, plantea, es tan preocupante como la llegada de los seis mil elementos de la GN, pues este nuevo cuerpo de uniformados, no están capacitados para tratar con civiles en situaciones de vulnerabilidad. Y que desplegar esa gran cantidad de militares disfrazados agentes de la GN sólo hará que se multipliquen las violaciones de los derechos humanos, considera.

Después de la crisis del 2014, con el Plan Frontera Sur, ahora se ha desatado una aún peor, porque ha empezado a documentar una mayor persecución y deportación de migrantes.

“Hay una retórica de respeto a los derechos humanos, pero al final todo se queda en represión y control. Y en el mayor de los casos en ver a los  migrantes como mano de barata para los megaproyectos. Los que no quieran ser deportados les ofrecen trabajo en megaproyectos con derechos laborales nulos o mínimos”, dice Salva Lacruz.

Militares de la Guardia Nacional en operativo para detener migrantes en la frontera sur. Foto: Cortesía

Bajo su perspectiva, el gobierno de López Obrador estigmatizó a todas las organizaciones de la sociedad civil por igual, cerrando los canales de diálogo.

“Por ende, buscar diálogo con el Estado es inútil, pues no tiene el menor interés en escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Lo que nos queda es aliarnos como sociedad civil y enfrentar esta embestida. Vamos a documentar todo y que quede un registro”, dice el activista.

Claudia León Ang, coordinadora del área de incidencias del Servicio Jesuita a Refugiados México, advierte la operación de la GN en Chiapas, junto a elementos del INM, aunque con muy poca claridad en sus funciones.

“Por supuesto que nos preocupa por la cantidad. Porque ya hemos visto una presencia en la frontera, en la costa de Chiapas, afuera de la Estación Migratoria”, dice la activista y defensora de derechos humanos del Centro Fray Matías.

Recuerda que desde marzo del 2011, cuando se despenalizó la migración como un delito, esta quedó como una falta administrativa y el INM como la única autoridad facultada para detener a los migrantes. Sin embargo, ahora lo están haciendo todos, Marinos, Ejército, Policía Federal, los cuerpos policiacos estatales y hasta los municipales.

León Ang también expresa su preocupación ante la presencia de la GN en la frontera, y aunque siempre ha habido una tendencia a militarizar la frontera sur por fin se materializa tal escenario.

Además de la persecución a los migrantes, ahora se suma también la persecución y el acoso a los defensores de los derechos humanos. Señala que las capturas de Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez de Pueblos Sin Fronteras, constituyen una advertencia para todos los que defienden y acompañan a los migrantes.

Critica que tan solo en seis meses, López Obrador pasó de un discurso humanitario, a uno militarista.

“No hay una política de asilo sino una política y estrategia militarizada”, refiere Claudia León. “Y eso es desalentador y preocupante”, añade.

En el organismo, Formación y Capacitación, AC, (FOCA), dirigido por la investigadora y activista Diana Damián, quien trabaja con mujeres migrantes, existe la misma preocupación en materia migratoria.

Menciona que la mayoría de mujeres que han sufrido el desplazamiento forzado provienen de espacios con alto índice de marginación y también una alta presencia del crimen organizado.

Fotografía: Rafael Victorio

Una vez en México, señala Damián, los migrantes se enfrentan a la xenofobia de la sociedad receptora que resultan en acciones hostiles y violentas en su contra.

El contexto apremia a acciones coordinadas entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en las migraciones y demás población en movilidad. Y no una respuesta militar, señala.

Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha estado en Chiapas desde octubre observando las caravanas de migrantes. Dice que la situación es crítica y que el gobierno despliega ahora medidas drásticas para frenar la migración.

También se mostró preocupado por la intervención de la GN como parte de la estrategia para contener el flujo migratorio en la frontera sur.

Durante la semana, el visitador hizo un recorrido por algunos pasos fronterizos como el puente Rodolfo Robles en el Río Suchiate, el paso Ciudad Cuautémoc-La Mesilla, las estaciones migratorias Siglo XXI de Tapachula y la Estación Migratoria El Cupapé de Tuxtla, así como el albergue de la Feria Mesoamericana.

Corzo Sosa dijo que hay un reforzamiento que podría llevar a que migrantes tomen otras rutas que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad ante asaltos y la delincuencia organizada.

Expuso que tiene que haber una respuesta con elementos de capacitación, de seguridad, de definir las facultades que va a tener la GN, y sobre todo la coordinación con los diversos gobiernos y los albergues.

Chiapas comparte con Guatemala, 654 kilómetros de esos 965 de frontera mexicana con Centroamérica. Es aquí donde los 6 mil elementos de GN se extenderán para evitar el flujo migratorio.

En esos 654 kilómetros hay ocho cruces formales con aduanas, presencia de cuerpos policiacos y militares, así como un control sanitario y fitosanisanitario.

Además del Río Suchiate y el caudaloso Río Usumacinta, la mayor parte de la línea fronteriza entre México y Guatemala está marcada por cientos de puntos blancos de concreto o mojonería.

Si bien, estos son los ocho cruces formales, son cientos de pasos ciegos en los que cualquier persona en un vehículo todoterreno puede pasar desde armas, drogas, mercancía ilegal, personas o cualquier otro producto.

Aunque la mayor parte de las caravanas entra por Suchiate, para llegar a Ciudad Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tapachula, muchos migrantes ocupan el resto de los puntos ciegos para ingresar de forma ilegal con polleros o traficantes.

Entre México y Guatemala no hay un muro, ni vallas metálicas, lo que divide a ambos países son ríos, montañas y cientos de puntos de concreto blanco que desde al aire destacan sobre una brecha que permanece todo el tiempo visible entre ambos países.

La Línea Divisoria Internacional Terrestre entre México y Guatemala está demarcada con 107 monumentos internacionales principales y mil 597 monumentos intermedios reconocidos por la Comisión Internacional de Límites y Aguas. La mayoría de los monumentos principales fueron restituidos a partir de 1938.