Militarizar frontera es subordinar las instituciones a la agenda estadunidense

Militares de la Guardia Nacional en operativo para detener migrantes en la frontera sur. Foto: Cortesía

Cientos de  organizaciones sociales, activistas, académicos, especialistas y defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, sujetas de protección internacional y refugiadas, reprobaron la decisión del gobierno federal, de despliegar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur, para contener la migración. Se suma el ombudsman del país.

Por una parte, quienes conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra “El colectivo #SeguridadSinGuerra condenaron enérgicamente que la militarización, la criminalización de personas en movilidad con necesidades de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiados, sea moneda de cambio por la que podrían derivarse violaciones a derechos humanos”, manifestaron en un comunicado.

El anuncio de bloquear la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional se da en medio de las negociaciones en Washington para evitar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos, es colocar a los migrantes en un “estado de desprotección”, porque en la legislación secundaria de la Guardia Nacional recientemente aprobada, que le da facultades para detener a las personas en movilidad, refieren.

Este despliegue se inscribe así -señalan- en un contexto de creciente militarización de las funciones del Estado y una continuada tendencia a usar los recursos públicos para defender intereses de gobiernos extranjeros en detrimento de los intereses ciudadanos mexicanos.

“Hoy, el anuncio de la cancillería parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones a la agenda estadunidense, dando una excusa para mantener la militarización de la vida pública, justo cuando México y el mundo comienzan a transitar de la prohibición a la regulación de las drogas”, apuntaron.

#SeguridadSinGuerra también condenaron la detención de los defensores de migrantes, Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez el pasado 5 de junio, a “a la luz de las presiones norteamericanas para que México se convierta en tercer país seguro, esto no puede ser entendido como casualidad”, consideraron los integrantes el colectivo.

La criminalización de Mújica y Sánchez, defensores de derechos humanos de los migrantes, han sido ofrecidos como “ficha de cambio en el proceso de militarización y subordinación a la agenda estadunidense”, sumada a la presencia militar en la ruta migratoria y en los espacios para contener a la población migrante y solicitante de asilo, como lo han denunciado defensores y académicos en la frontera sur.

“Antes fue un problema de salud el que fue abordado como problema de seguridad, hoy se busca atender una crisis humanitaria con el uso del ejército -extirpando facultades a las instituciones política (Segob) para entregarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana militarizada en los hechos”, señalaron los activistas.

Llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a la “prudencia y a la congruencia” en el uso de la fuerza contra las personas más vulnerables.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que así como el organismo ha condenado que el gobierno de Estados Unidos “militarice la frontera sur de su país, México no debe caer en la misma prospectiva”.

Dijo que “la política de brazos abiertos en un principio pasó por la política de ofrecer trabajo aquí en México y, ahora, esperemos que no sea solamente una contención, y también deseo que las negociaciones no sean en detrimento de las personas, sino que por encima de los acuerdos esté la dignidad de las personas”.

La CNDH solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la realización de un encuentro con los ombudsperson de Guatemala, El Salvador y Honduras, y él mismo para “prevenir violaciones a derechos humanos”.

En tanto, en un mensaje dirigido a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores funcionarios encargados de las políticas migratorias y de protección a los derechos humanos, refieron no pueden aceptar ni legitimar bajo ninguna circunstancia, que la tranquilidad económica y comercial del país, se construya por encima de los derechos y la dignidad de las personas en distintos contextos de movilidad humana.

Recordaron que se han sumando a diversos espacios al diseño de políticas de gobierno, “con la expectativa de que con el llamado cambio de régimen, sería posible construir de manera conjunta acciones tendientes a garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y deportadas”

Señalan que la soberanía nacional de un país no debe, bajo ninguna circunstancia, defenderse a través de estos mecanismos y estas estrategias, que exponen la vida de cientos de personas y que violentan sus derechos humanos. Ello en relación a continuar la polñitica de contención de la migración y la decisión de enviar de 6 mil elementos pertenecientes a la Guardia Nacional para contener la migración en la frontera sur.

También, señalaron su preocupación por “el riesgo y la criminalización en que se nos ha colocado, sobre todo a quienes están en terreno acompañando y asistiendo a las personas que lo necesitan”.

“No podemos permitirnos como país copiar los discursos que el ejecutivo de Estados Unidos utiliza en contra de personas defensoras, migrantes y solicitantes de asilo, eso es denostar nuestra independencia y autonomía y no reconocer el aporte que hemos realizado en la construcción de la democracia de este país”, refieren.

Advirtieron que no hay condiciones para establecer esta mesa de trabajo con el gobierno federal, “con ello no queremos decir que no estamos interesados en seguir construyendo, pero sí que necesitamos repensar cómo queremos hacerlo porque por ahora no encontramos congruencia ni sentido con las horas de trabajo que hemos tenido con ustedes y lo que vemos que ocurre en el país, principalmente en las fronteras”.