Cientos de migrantes se continúan concentrado en la frontera de México con Guatemala. Foto: Isaín Mandujano

En la ciudad donde López Obrador convocó al acto de unidad nacional, existe una población flotante de migrantes que serán afectados por el acuerdo entre México y Estados Unidos; el gobierno mexicano estaría comprometido a brindarles oportunidades laborales, acceso a la salud, a la educación y proteger los derechos humanos. Mientras, los migrantes cuentan en albergues de la zona los días para su audiencias

#AlianzadeMedios | Texto y fotos: Andro Aguilar por Pie de Página

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- “Valieron madre los puestos, ¿vea? ¿Dónde quedaron los tacos?”, pregunta un hombre joven, de bermudas y cachucha, sobre la calle Constitución, en el centro de esta ciudad fronteriza. Le sorprende que para el acto de celebración de la dignidad nacional, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron retirados 350 puestos ambulantes.

En la esquina de Constitución y Benito Juárez, donde horas más tarde llegaría el presidente, se comenzaban a colocar las vallas metálicas que delimitarán el evento. Las sillas para los invitados aún estaban apiladas. Alrededor de las nueve de la mañana, de los bares y casinos, suena música norteña y reguetón. Grupos de hombres conversan a las entradas de esos negocios. Mujeres que ejercen el trabajo sexual esperan de pie afuera de los locales.

El centro de Tijuana se preparaba para la visita presidencial. Se maquillaba.

Cuatro hombres con chalecos verdes barren la calle. Algunos son de México; otros de Guatemala, Honduras, El Salvador. Tijuana no era el destino de ninguno de ellos pero todos se han ido quedando. Medio año, dos años, tres décadas…

Son migrantes que habitan o colaboran en el albergue Movimiento Juventud 2000; primero fue un espacio para atender a los mexicanos deportados desde Estados Unidos, después, haitianos y africanos que llegaron en grandes concentraciones en 2016, luego a los desplazados internos mexicanos que huyeron de sus tierras en Michoacán o Guerrero por la violencia, más tarde a los integrantes de las caravanas de Centroamérica y ahora a los extranjeros deportados en de Estados Unidos.

En el número 205 de la calle Constitución, a cuatro cuadras de donde se presentaría el presidente, Jan y Claudio, dos haitianos que trabajan juntos en la construcción, conversan sobre su expectativa de quedarse a vivir en México, dicen que harán lo necesario para ello.

“Sólo quiero un lugar de paz, para estar con mi familia, trabajar”, explica Jan.

“Mi intención no fue nunca ir a Estados Unidos, en el terremoto en Haití necesitábamos comida y llegaron soldados”, añade Claudio.

En una mezcla de portugués, español y francés dice que ellos no fuman, no toman, no venden drogas, sólo buscan trabajo, pero Donald Trump no piensa en eso. Y no cree que lo entienda.

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El albergue Movimiento Juventud 2000 es dirigido por José María García Lara, don Chema le dicen todos, un poblano que migró de San Martín Texmelucan en 1985. Desde 2011, comenzó a trabajar con los mexicanos deportados.

El hombre de 47 años de edad apoya a López Obrador, pero admite que las acciones implementadas en su administración les van a afectar a los 17 albergues que atienden a migrantes en Tijuana.

El compromiso mexicano de atender a los extranjeros retornados de Estados Unidos implica más recursos. Esa noticia se suma a la orden de no entregar dinero público a las organizaciones civiles.

José María dice que, actualmente, la manutención del albergue es posible por donativos de otras organizaciones, de México y Estados Unidos.

“Seguimos en espera, a ver cómo se resuelve (el acuerdo entre países) , seguiremos pacientes, que se pronuncien y digan cómo van a apoyar a las asociaciones que atendemos a la población migrante que llega a las zonas fronterizas”.

José María está de acuerdo con la política migratoria del gobierno mexicano. Reconoce que es necesario registrar a las personas que entran. Sin embargo, advierte que no existe corresponsabilidad de los gobiernos de las naciones centroamericanas.

Los migrantes del albergue decidieron estar presentes en el mitín para apoyar al gobierno federal.

“Hemos decidido ser solidarios con el presidente”.

“¿En el tema migratorio el acuerdo es digno de festejar?”, se le pregunta.

“En realidad no hay mucho, solamente que hemos hablado mucho del tema, realmente lo que queremos es hacernos notar, que hemos estado ahí iniciando movimientos sociales”.

El poblano hace un llamado al gobierno federal:

“El punto es que se maneje de forma equitativa, que no se les olvide que hay problemas qué resolver en México, que si bien hay problemas en Centroamérica, yo sé que sí, pero hay que tocar los puntos clave y son sus gobiernos los que tienen que prever por qué están saliendo. Ahí está la raíz de todo”.

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El albergue Movimiento Juventud 2000 tiene capacidad para 150 personas. De momento, 157 migrantes duermen en tiendas de campaña alineadas dentro de una bodega, acondicionada con baños y una cocina. Lo niños juegan en el centro del espacio.

Uno de los jóvenes que trabaja ahí llegó en una de las caravanas del fines del año pasado en El Salvador junto con su esposa y su hija de 7 años. Ya le era imposible continuar en la capital de su país. Por 17 años, formó parte de una pandilla. Cuando decidió dejarla fue perseguido por su anterior grupo y el contrario. Además, los “rayones” en su piel le impedían ser aceptado por otras personas.

Una ciudadana estaduniense, Kimberly, de 29 años, pasa todos los fines de semana en el albergue. No habla castellano, sus padres son mexicanos pero ella nación y radica en Los Ángeles. Cruza la frontera para reunirse cada siete días con su esposo Alonso, mexicano deportado. En cada viaje intenta llevar a alguno de los nueve hijos que juntos tienen.

Desde hace un mes y medio, ahí vive Lorena con su hijo Steven. Salieron de Guatemala el 21 de marzo para reunirse con su esposo que vive en Los Ángeles. Después de que en su país mataron a su papá y a su tío. Sólo hallaron los cuerpos. Por eso pagó 5 mil dólares para que un pollero los llevara a Estados Unidos. Pero fueron deportados y ahora esperan audiencia con el gobierno estadounidense a ver si les dan el asilo permanente. Mientras tanto, espera en territorio mexicano.

La joven de 27 años se muestra serena. “La lucha se hace, si no es para uno pues a enfrentar la lucha en su país”. Dice que es comprensible la postura de los gobiernos. “Es el trabajo que tienen que hacer ellos”. Sin embargo, duda que puedan frenar la migración.

Lorena permanece quieta en una silla. Cuenta los días para la audiencia: 63.

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Luis Torres es un carpintero que llegó al albergue 10 días atrás, con su hijo de 12 años de edad. En Honduras dejó a su esposa y tres hijos más, de 14 a 19 años. Desde 2013 tenía la idea de viajar a Estados Unidos pero no había juntado dinero.

Luis suspira, dice que el que no arriesga no gana. Que a sus 41 años no lo hace tanto por él, sino por sus “chavalos”. Quiere que estudien una carrera profesional. Ninguno en su familia se había aventurado a salir hacia el norte. No conoce a nadie en Estados Unidos ni en México. Sabe del reciente incremento de seguridad en la frontera sur mexicana. La hubieran tenido más difícil si les tocaba, reconoce, pero asegura que habrían hallado la manera de librar esa nueva barrera.

“Cuando uno tiene una meta y un destino no hay quien lo detenga, los seres humanos nacimos para guerrear. La migración no la van a detener ni soldados ni militares ni presidentes ni nada.

“Uno tiene tiene sus metas, entre más seguridad ponen, más inteligente se vuelve uno también. Siempre se encuentra la manera porque lo que uno busca es un mejor mañana y uno tiene que buscarlo a costa de lo que sea”.

Le parece “grosero” que los gobiernos hayan negociado impuestos por gente.

“Al perro más flaco siempre se le cargan las pulgas y en este caso somos nosotros los migrantes. Somos los malos de la película, pero hemos sacado adelante a los países”.

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En otro albergue, Ángeles sin fronteras, con una docena de camas literas, cuyos ocupantes se reúnen en torno a un televisor, Marvin Levendero narra que ella, su esposo y su hijo de 12 años de edad viajaron desde Honduras explícitamente para pedir asilo en Estados Unidos.

Entraron por Reynosa a entregarse. Permanecieron aislados tres días y fueron trasladados a California, desde donde cuatro días después los retornaron a México, por Tijuana.

Marvin está muy molesta con un agente estadounidense que se refirió a los hondureños como cerdos. Cuenta que fue separada del grupo, en una habitación aparte, por reclamarle al oficial.

“El gringo nos dijo que los hondureños éramos cochis”, se queja el niño.

El gobierno mexicano les extendió una licencia para permanecer en el país por 124 días. Su cita es el 9 de octubre. Mientras tanto, acorde con la declaración conjunta de México y Estados Unidos del viernes pasado, el Estado mexicano les deberá ofrecer oportunidades laborales y acceso a la salud y educación, además de proteger los derechos humanos.