El Orgullo en disputa: la lucha LGBTTTI se partidiza
El contingente histórico, conformado entre otros por activistas que organizaron las primeras 15 marchas del Orgullo LGBTTTI, acusan a un funcionario público y su colectivo (APPS) por la apropiación de la marcha con fines partidistas
El Orgullo en disputa: la lucha LGBTTTI se partidiza
Ámbar Barrera
La primera vez que el colectivo LGBTTTI salió a marchar en Puebla, fue un domingo de resurrección de 2002. Eran unas 20 personas que recibían las miradas de desprecio o burla de los transeúntes. “En esta marcha cada quien se representa a sí mismo”, decían en cada oportunidad activistas y ciudadanos del Comité Orgullo Puebla, en el que aún participan algunos de los que marcharon por primera vez.
Este año, y por primera vez desde hace 18, la policía municipal trató de impedir que un contingente, el autodenominado histórico, conformado tanto por jóvenes como por algunas de las personas con más años de trayectoria en la lucha por los derechos de la población LGBTTTI, se integrara al resto de la marcha, so pretexto de que no había pedido permiso para manifestarse y el resto de la marcha sí.
“¡Por ley tenemos derecho a manifestarnos, no se requiere permiso!”, defendieron integrantes de ese contingente.
Este año, la marcha estuvo dividida en dos. Un primer desenlace a un conflicto entre dos grupos: miembros de la ciudadanía, activistas y antiguos miembros del Comité Orgullo, el colectivo que históricamente ha organizado la marcha (integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil), y miembros de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos Puebla (APPS).
El mismo día de la marcha, el 22 de junio, integrantes del Comité Orgullo dieron una rueda de prensa para dar su posicionamiento sobre las declaraciones que los miembros de APPS han hecho en las últimas semanas a medios de comunicación y, también, para comunicar que están investigando si existe un conflicto de intereses con uno de sus líderes llamado Alejandro Pérez, quien actualmente es funcionario público en la recién creada Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, y está a cargo del área de diversidad sexual.
En las declaraciones, tanto Alejandro Pérez como María José Flores (a.k.a. MAJO) se refieren a las iniciativas impulsadas por diputadas como Vianey García Romero, sobre la declaratoria del Día Estatal contra la homo-bi-transfobia, como “iniciativas de simulación”, argumentando que no tiene sentido porque esa declaratoria ya se había hecho en 2010, y dejan de lado temas más importantes como las reformas a la ley que permitan el cambio de identidad sexogenérica para personas trans.
Sobre dichas declaraciones, los activistas Adán Cuamatzi y Juan Corona respondieron que APPS está ignorando el trabajo de años atrás de otras organizaciones que los precedieron. En el caso de la declaratoria del Día Estatal, el de 2010 era un acuerdo sin mayor validez y ahora, en calidad de decreto se obliga al Estado a conmemorarlo y realizar actividades concretas en pro de la lucha contra la discriminación, que antes no.
Sobre los cambios a la ley para el cambio de identidad, también conocida como Ley Agnes Torres, aunque APPS declaró que se ha ignorado, tanto la diputada Vianey García como los activistas de distintos colectivos, incluidas personas transgénero y transexuales, afirman que ya trabajan sobre una nueva propuesta que llegue al Congreso.
Alejandro Pérez, ¿conflicto de interés?
Durante los 15 años en los que el Comité Orgullo organizó la marcha LGBTTTI, mantuvo como postura política un rechazo a que los partidos políticos se involucraran en las actividades y evitar así que fueran usados para captar votantes, y que la marcha se organizara como una actividad colectiva.
APPS rompió ese acuerdo no escrito y organizó la marcha sin involucrar al resto de las organizaciones.
Además, integrantes del Comité sospechan que, ya que Alejandro Pérez es funcionario público y una de las cabezas de APPS, desde donde ha trabajado con partidos como PT, PRD y ahora Morena, esté haciendo un uso indebido de sus facultades para obtener recursos públicos para llevar a cabo la marcha.
–Lo que estamos viendo es que hay un servidor público que se está adjudicando actividades desde el gobierno con un fin que no sabemos cuál es, pero sospechamos que con fines políticos, y en horarios de trabajo. No tenemos la certeza de si lo hace a nombre propio, como una organización o como parte del ayuntamiento. Pero si es el caso, ¿quién le ha dado permiso para hacer esas declaraciones?
Los activistas anunciaron que ya realizaron solicitudes de información al Ayuntamiento a través del sistema de transparencia.
Además, también se quejaron de que Alejandro Pérez no ha dejado en claro su desempeño. Según el abogado Juan Corona, no hay claridad sobre sus funciones, no ha entregado un plan de trabajo y tampoco ha tenido un acercamiento directo con las organizaciones de la sociedad civil, fuera de la propia APPS.
Para este trabajo se buscó conocer la postura de la organización a través de María José Flores pero no hubo respuesta.
Sobre lo sucedido en la marcha, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género emitió un posicionamiento en el que aclara que no formó parte de la organización de la marcha, que no la financió directa, o indirectamente, y que indagará “si personal de nuestra dependencia incurrió en alguna falta, de acuerdo con el reglamento que rige el actuar de las y los servidores públicos, para tomar las acciones correspondientes”.
El desatino policial
El día de la marcha, la intención del autodenominado contingente histórico era salir un par de calles adelante del punto de partida de la marcha para integrarse a la cabeza, como un acto de protesta pacífica. El plan era simplemente ese, posicionarse al frente.
Cuando los camiones empezaron a salir, la policía llegó de inmediato con una grúa que bloqueó su paso en la 29 oriente, impidiendo el tránsito de los coches que acompañaban a ese contingente.
“Ustedes no tienen permiso, se necesita un permiso. Ellos sí tienen el permiso”, repetía un policía. En medio de la indignación los integrantes del contingente le respondían que “una manifestación no requiere de permiso”, “las calles son de todas y todos”.
Un policía, que se negó a identificarse, comenzó a empujar a quienes lo rodeaban. Alma Laura del Castillo, activista lesbiana, resultó lastimada en los empujones. Antes de irse el policía amenazó con detener al menos a dos personas por el solo hecho de oponerse al bloqueo.
Al final los coches se abrieron paso y se integraron al frente de la marcha. Aunque calles más adelante integrantes del contingente histórico vieron a Alejandro Pérez viajar en de las patrullas que hostigaron al grupo.
La marcha siguió y al llegar al zócalo, la gente se dividió en dos grupos.
Unos llegaron a la fuente del zócalo, con el contingente histórico, para escuchar a la batucada lesbofeminista y los pronunciamiento donde criticaron el derroche de recursos para una marcha que deja de lado la demanda de mejores condiciones y el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTI+.
Mientras que del otro lado del zócalo las personas convocadas por APPS celebraban la presencia de artistas de Televisa y otras celebridades, que llegaron a bordo de un turibus junto con los regidores de Morena, Jorge Iván Camacho y Carmen María Palma, en un escenario montado para la ocasión, donde también se encontraba Mayte Rivera Vivanco, titular del DIF municipal.
Posicionamiento de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
“Desde la toma de posesión al frente del Instituto Municipal de las Mujeres y por instrucciones de la Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco, las puertas de esta entidad municipal han estado abiertas a todos los grupos e individuos que así lo han solicitado sin distinción alguna.
En relación con el respeto y la promoción de los derechos de las personas de la Diversidad Sexual en el ámbito municipal, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, ha generado acciones para dar cumplimiento a las demandas articuladas en la Agenda Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad de Género, la cual fue firmada por la Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco durante su campaña. Dicha agenda fue promovida por el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e igualdad de género, espacio de participación ciudadana que aglutina diversos actores.
En este orden de ideas a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y de otras instancias de la administración municipal, en el marco de la transversalidad de las políticas y acciones con Perspectiva de Género plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, la presente administración ha mantenido su interés y preocupación por apoyar las diversas iniciativas surgidas de la Sociedad Civil siendo profundamente respetuosa de todas y cada una de ellas.
En la disposición de ser una Ciudad Incluyente, frente a los hechos ocurridos el día sábado en la Marcha del orgullo y la diversidad sexual, señalamos lo siguiente:
– La marcha fue organizada por grupos y colectivos de la diversidad sexual.
– Como institución del Estado, nuestro papel es el de respetar el derecho a la manifestación y la libre determinación de grupos de personas y colectivos.
– Reafirmamos nuestro compromiso para generar un espacio de diálogo que sirva de escucha a las diversas voces y organizaciones.
– Esta institución niega categóricamente haber financiado directa o indirectamente la marcha del pasado sábado. Reiteramos nuestro total apego a la transparencia y ejercicio responsable de los recursos públicos
– Como en su momento lo señaló la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de esta dependencia se presentaron sólo a brindar esquemas de movilidad segura a los participantes, reiterando el llamado a denunciar cualquier comportamiento inadecuado.
– Por nuestra parte, indagaremos si personal de nuestra dependencia incurrió en alguna falta, de acuerdo al reglamento que rige el actuar de las y los servidores públicos, para tomar las acciones correspondientes.
La Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género reitera su respeto a todas las expresiones de la población en la demanda de sus derechos humanos; su disposición al diálogo con todas las organizaciones de la sociedad civil; su compromiso por seguir atendiendo, por la vía institucional, las diversas agendas planteadas; y, finalmente, el total rechazo a cualquier forma de represión de las luchas sociales.
Hacemos una llamado respetuoso a todas y a todos, para que en el marco de las diferencias, desarrollemos un diálogo constructivo, que aporte beneficios a las comunidades que representan y construya un ambiente de respeto e inclusión y abone a una cultura de la Paz”.
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