Estudio de impacto antropológico y socioeconómico del Tren Maya podría tardar hasta 2 años

Mapa del recorrido del Tren Maya-Peninsular

Académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) participarán en el proyecto interinstitucional “Evaluación de impacto antropológico y socioeconómico esperado del tren maya y propuesta de política de desarrollo territorial”, aseguró Rafael Pérez-Taylor y Aldrete, director de dicho inmueble, publicó la Gaceta Universitaria de la UNAM 

Pérez-Taylor y Aldrete explicó que el objetivo es la construcción de una base de datos científicos desde el nivel arqueológico, antropológico, etnológico, lingüístico, patrimonial, cultural y socioeconómico para contribuir en la toma de decisiones de las políticas públicas.

El proyecto que se efectuará en el orden federal con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con una duración de dos años a partir de la reciente firma del convenio entre la UNAM y el Fonatur, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas.

En el Auditorio Jaime Litvak King de la entidad, al que concurrieron autoridades y directivos de diversos institutos, programas y facultades, así como de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pérez-Taylor definió el papel de la antropología en la coyuntura actual: “No es una técnica de investigación al servicio del sentido común que sólo beneficia a una minoría; muy por el contrario, es la ciencia de lo humano o la más humana de las ciencias”.

Los estudios sobre el presente, continuó, “deben contextualizarse atendiendo a las diferentes culturas, etnicidad, relaciones de parentesco, políticas de Estado y contexto internacional, de tal manera que la toma de decisiones en el ámbito público sustente ese principio de certidumbre”.

Cabe señalar, Fonatur ya publicó las bases de la licitación para el proyecto que transitará por más de mil 500 kilómetros del sureste mexicano, donde hasta el momento no se han hecho evaluaciones de impacto ambiental ni consulta a las comunidades indígenas cercana, pese a la extensa legislación nacional y firma de acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y en la que el presidente expresó no ser necesarias.