En Jalisco, hay 186 maestros de educación básica en calidad de “cesados” por no haber aprobado o por negarse a presentar las evaluaciones derivadas de la Reforma Educativa impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

La aprobación de esa reforma generó oposición, caos social, rechazo y fuertes críticas no sólo al titular del ejecutivo sino también a todos los legisladores que, en 2013, aprobaron esta iniciativa que formó parte del paquete de reformas trascendentales que marcaron la gestión de Peña Nieto.

La ya derogada reforma generó un ambiente de protestas y amenazas. Las evaluaciones, en su momento, se adelantaron –como pasó en 2015-, a la par que los citatorios para someter a maestras y maestros a una evaluación que los llevó, finalmente, a estar separados del grupo opositor; a dejar de percibir su salario nominal; a la suspensión de sus derechos laborales y a iniciar una series de litigios todavía siguen vigentes.

Una maestra de preescolar, pese a los aires de cambio por la nueva reforma educativa de López Obrador, aún da la batalla por la restitución de sus derechos; la judicialización de su defensa es, desde hace años, su manera de festejar el día del Maestro. Su enseñanza es: pelear por educar.

#AlianzadeMedios | Por Jade Ramírez / @jadercv y fotografías por Arturo Campos / @arturocampos05 de Zona Docs 

La policía siempre vigilante de las manifestaciones magisteriales.

Estaba por cumplir 15 años en el desempeño de su carrera como maestra cuando sorpresivamente la inspectora de la zona escolar 198 de nivel preescolar, le entregó la orden de acudir a la evaluación educativa. Egresó como Educadora de la Normal Superior y frente a niños de primera infancia, Liliana inició el litigio más desgastante que ha experimentado en su vida.

Platiqué con ella después de que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, presentó Recrea la educación, su apuesta en materia educativa para los próximos seis años, en un evento en la Normal Superior donde el mandatario consiguió aplausos cuando advirtió que: “la reforma educativa había sido abusiva con la clase magisterial de México”.

Es una educadora que ha atravesado desgaste físico y emocional, pero sostiene una firmeza que le da el saber que está haciendo lo correcto. Desde 2006, estuvo asignada a grupo preescolar y un año después recibió el dictamen de definitividad en la escuela José Clemente Orozco en Las Liebres, Tlaquepaque. Instalada ya la Evaluación Adelantada y porque “se dejó sentir en el ánimo de los profesores una incertidumbre laboral por la gran campaña en nuestra contra por la reforma”. Liliana decidió, en julio de 2015, ampararse.

Continuó trabajando bajo un clima que llama “de hostigamiento laboral”, pues en medios de comunicación como entre las cúpulas sindicales y las autoridades de gobierno, se esparcía el discurso de ataque al magisterio.

Los mensajes eran claros: quien quisiera conservar su trabajo como maestra, debía asistir -fuera del horario laboral- a los cursos que las propias instituciones estaban organizando y cobrando. Como madre de dos hijas, le resultaba imposible hacer esto con sus propios recursos, pues era complicado tanto solventar la capacitación extra como el robarle tiempo a su familia para cumplir con las condiciones retroactivas que le estaban imponiendo. No era la única y recuerda que, entre el amplio grupo de compañeros magisteriales, lo que imperaba era zozobra, estrés y molestia.

Para Liliana es claro que el sistema la despojó de su plaza en un marco “totalmente ilegal”, afirma, mientras cita el Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) e insiste: “no hay ley retroactiva”.

Para ella y los 186 cesados de sus labores frente a grupo, la cacería de brujas lejos de mejorar los programas educativos y el nivel intelectual de la niñez mexicana, se trató de un mecanismo de hostigamiento que pretendía desplazar a personal con cierta trayectoria y dar cabida a nuevas generaciones con menos concientización de los derechos laborales.

Marchas entre amparos y desacatos

En Guadalajara, una vez por semana entre 2013 y 2014, la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco , compuesta principalmente por opositores a la reforma educativa, ocupaban las calles para hacer visible su reclamo contra las disposiciones legislativas. El discurso en medios de comunicación era de criminalización de la protesta, los reclamos en calle escalaban y los señalaban como: “huevones”, “flojos”, “maestros burros”. Las cosas para Peña Nieto y la SEP, iban saliendo bien. Por momentos parecía que lo que les convenía era la polarización de una reforma que era más bien laboral, que sustantiva.

Once años con 9 meses y 28 días, Liliana fungió como maestra normalista hasta que la supervisora de la zona 198 le entregó un oficio en el que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ): “La cesaba de sus labores como docente por no acatar, las disposiciones de la institución conforme a la reforma educativa y las leyes secundarias”.

El 18 de marzo de 2016 con la entrega de un oficio en medio de la jornada laboral, se le impidió recoger sus objetos personales y despedirse del grupo, fue inhabilitada de inmediato bajo regaños de la supervisora con frases como: “te lo advertí”. Esa fue la última quincena de poco más de 3 mil pesos que recibió la educadora.

Para Liliana fue un golpe institucional que le supo a derrota plagada de grilla, pues desde julio de 2015 inició un juicio de amparo contra la Evaluación Adelantada. A su domicilio le llegó del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, un citatorio para presentarse a “aclarar los hechos de hostigamiento”; la maestra Liliana acudió y a los pocos días se le concedió el amparo y el recurso de queja fue admitido.

Aunque estaba en curso su litigio con la magistrada Alfonsina Berta Navarro, le seguían llegando citatorios para presentarse a la evaluación. Ya en enero de 2016, le llegó un “emplazamiento” para que se presentara en el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, al acercarse y pedir acceso al expediente de su caso, se lo negaron. Un mes después, en febrero, le notifican en su domicilio la “improcedencia” de su queja sobre el amparo 1630/2015.

Simultáneamente, Liliana atravesaba por el divorcio civil, sin empleo y un panorama poco alentador, esto la llevó a trabajar en otros oficios, menos en el que había estudiado: educadora, pues temía que la SEJ argumentara que seguía como docente en otro espacio y que ya no fuera necesario reinstalarla en su plaza y plantel.

Así como Liliana, muchas otras maestras también se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana por oponerse a la anterior reforma educativa.

Sindicalismo coyuntural

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido una figura que no paró en protestas y mítines, además de presentar contra-informes a la rendición de cuentas de Enrique Peña Nieto. Esa realidad tergiversada en los medios y descalificada por la sociedad, distaba mucho de casos como los de Liliana.

De los 186 cesados en Jalisco, 105 son docentes del Colegio de Bachilleres y 81 maestros de educación básica.Las mesas de diálogo entre el gobierno del estado y la Asamblea de maestros, tuvo su cúspide de donde no se desprendieron grandes resolutivos y, pasado el problema, con la salida de Aristóteles Sandoval del gobierno de Jalisco, apenas se pretende reactivar las mesas de diálogo con Enrique Alfaro con la primordial exigencia de reinstalar en sus plazas laborales, a todas y todos los maestros retirados de grupo.

Inconsistencias técnicas de una evaluación impuesta

A la educadora que egresó para desempeñarse como docente en grupos de primera infancia: primer, segundo y tercero de preescolar, la Secretaría de Educación Jalisco enviaba citatorios por instrucciones de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente para que se presentara a evaluaciones sobre educación secundaria y, ahí, no había ventanilla dónde explicar el error.

Ni Liliana ni ningún otro maestro podían dirigirse a alguien para advertir que estaban siendo convocados a una evaluación deficiente y arbitraria, pues era natural que como educadora adoleciera de conocimientos en el nivel que la estaban citando; para los 1.1 millones de docentes en alguno de los cuatro procesos que regula la ley del Servicio Profesional Docente ya evaluados era presentarse sí o sí,  no hacerlo con las consecuencias laborales o seguir en litigio. La meta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) fue a 2018: 1.3 millones de docentes evaluados en distintas modalidades.

Una de las inconsistencias que más le quiebran la cabeza a Liliana es que el Instituto Nacional de Evaluación tuvo el código de evaluaciones que esclarecería el procedimiento de cómo llamar a evaluación, aplicar, entregarla y procesar la información hasta febrero de 2018; es decir, operó los tres primeros años evaluaciones sin orden ni estrategia. En el caso judicial, el INEE declaró tener “injerencia” en el cese de su plaza. La inconexión entre los resultados de una evaluación de la que los docentes resultan suficientes o insuficientes, con los procedimientos administrativos que culminan con una plaza o no, todavía siguen sin estar claros.

“Se trata de una evaluación no nos dice qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo lo vamos a mejorar”, argumenta con desesperación la maestra que lleva casi tres años negada ante grupo. La negativa a una evaluación no radica en el miedo de los resultados, sino que está claro que no ofrece áreas de oportunidad el sistema.

“Son preguntas aleatorias, nada que ver con pedagogía, con un sistema de educación básica de educación primaria y secundaria sin atender las circunstancias de preescolar, por ejemplo”, agrega al ejemplificar que “maestros con 30 años en función frente a grupo optaron por jubilarse prematuramente”.

Lo que ha resaltado la profesional de la educación básica es que la instrumentación de una evaluación estandarizada no ha sido ordenada ni en apego a los derechos laborales. Entre las fallas que ha documentado está que sigue como “activa” en el ISSSTE, ya que alguien con su código ha seguido gozando de los derechos laborales que ella había conseguido. Por un trámite periférico de servicios de salud, al acudir a las oficinas del instituto de salud federal, se percató que en el sistema sigue como activa y la prestación a su código se sigue cargando así como prestando servicios de salud, entonces se cuestiona: “¿Ese dinero y esos servicios negados para mí, quién los está aprovechando si estoy cesada en tesorería?”.

El 23 de marzo de 2019, la maestra de preescolar envió una misiva a Andrés Manuel López Obrador, pidiendo, intervenga en su calidad de presidente, para ser reinstalada en su plaza y restituirle los salarios caídos. La relatoría de hechos que entregó al presidente se acompaña de acuses, cartas, documentos probatorios de anomalías y demás constancias de que la “aplicación” de la ley reglamentaria en su caso, estuvo plagada de atropellos que vulneraron derechos y le transformaron la vida por completo.

Su mayor anhelo este 15 de mayo es estar libre de persecuciones y haciendo lo que sí considera su inspiración de vida: la enseñanza preescolar cálida y circunstanciada para la primera infancia que está descubriendo su segunda familia en la sociedad, la escuela.

Al momento, 17 congresos locales han votado a favor de la nueva reforma educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador; al respecto, la situación de Liliana es incierta porque dentro de esta novel propuesta no está contemplando los casos ya cesados, sino suspender la aplicación de las evaluaciones.