Ong´s condenan redadas antimigrantes y exigen a López Obrador declare crisis humanitaria en la frontera sur

Estás en tu casa, hermano migrante – Por Darinel Zacarías (7)

Cientos de organismos civiles defensores de los derechos humanos y activistas de Chiapas y del país, condenaron hoy las redadas en contra de las caravanas de migrantes que propician acciones de violación a los derechos humanos, y que, más bien, el gobierno mexicano, debería primero reconocer que en esta región de la frontera sur, se vive una verdadera crisis humanitaria, para que a partir ello, implemente estrategias menos policíacas y más de regularización y control migratorio.

Organismos no gubernamentales y activistas adheridos al Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), el Grupo Impulsor contra la Detención y la Tortura, al Colectivo de Organizaciones y Defensores de Migrantes y Refugiados, CODEMIRE, el Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA, y otras redes de organizaciones civiles denunciaron que el pasado 22 de abril, fueron testigos de cómo se desarrolló un operativo de detención migratoria que encabezó el Instituto Nacional de Migración (INAMI) en conjunto con la Policía Federal.

Que en distintos momentos, personas que lograron escapar, luego de que  fueron cercados por agentes migratorios, mientras se detenían a descansar después de haber caminado por casi siete horas, momento que aprovecharon las autoridades señaladas, para comenzar la detención de un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres solas con sus hijos e hijas, familias y personas con discapacidad.

“Lamentamos y condenamos categóricamente este tipo de acciones sobre todo cuando en distintos momentos el Ejecutivo Federal, en lo personal y a través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y del propio Comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén, quienes ha señalado que la política migratoria de esta nueva administración, estará basada en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes”, dijeron en la carta.

Las organizaciones firmantes, con trabajo en materia migratoria y de asilo desde hace más de 20 años en el México, Centroamérica y Estados Unidos, indicaron que lo que han estado documentado desde el pasado 23 de marzo, nada tiene que ver con la protección de derechos humanos ni con el cambio de paradigma de la Política de Estado en la materia.

Explicaron que la actual administración continúa centrando la definición de su política migratoria en el control, la gestión y administración de los flujos migratorios, afirmando que las personas que llegan a México lo hacen para poder llegar a Estados Unidos y en consecuencia son migrantes económicos. Pero, los testimonios de cada persona que atienden estos organismos muestran una realidad de lucha por la sobrevivencia y la integridad física personal y familiar, lo que convierte a muchas de ellas en solicitantes de asilo.

Señalaron que el gobierno mexicano en sus distintas administraciones, se ha empeñado en vincular la migración con un tema de seguridad nacional, posición que favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional.

“Lamentamos que este enfoque se haya incorporado dentro de la Estrategia de Seguridad Pública. En este sentido, expresamos nuestro profundo rechazo y exigimos se retire de esta estrategia recién publicada la catalogación de los «flujos migratorios descontrolados» como la primera amenaza y riesgo a la Seguridad Nacional, como expresión genérica, ambigua y directamente criminalizante hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esta visión contribuye a justificar actos de autoridad que incluso pueden llegar a constituir graves violaciones a derechos humanos como tortura y desaparición forzada, contribuyendo a la vez, a que se fortalezca dentro de la sociedad, sentimientos y acciones xenofóbicas”, dice la carta.

Según los activistas, esta visión gubernamental impide observar que lo que hay en esta región, “es una grave crisis humanitaria y de asilo que requiere ser atendida en este sentido. Las personas que llegan de Centroamérica están huyendo de un contexto de violencia generalizada que pone en riesgo su vida, su integridad física y psicológica, y su seguridad”.

Señalaron que una una política basada en derechos humanos implica también incorporar principios fundamentales como el interés superior de la infancia y la perspectiva de género en todo proceso migratorio y de asilo.

Y que, en consecuencia, no debería estar ningún niño, niña o adolescente, acompañado y no acompañado, en detención dentro de estaciones migratorias o en sus extensiones a las que hoy nombran como “albergues habilitados”.

Para ellos, el Estado mexicano está cometiendo graves violaciones a los derechos de la infancia, quienes de acuerdo a los tratados de derechos humanos y a la legislación vigente en México, bajo ninguna circunstancia, deben ingresar a estos centros de detención.

“Reconocer que lo que se vive hoy en frontera sur es una crisis humanitaria y de asilo también permitiría observar que las personas que están ingresando a México, son personas con necesidad de protección internacional y en consecuencia lo que se necesita es fortalecer a la institución encargada de su identificación y de la atención de sus procesos de asilo”, dijeron los organismos en su carta enviada al gobierno federal.

Explicaron que la actual crisis humanitaria y de asilo que lleva más de un mes en la frontera sur es, en gran parte, responsabilidad de la administración federal.

Y que no es cierto que la totalidad de las personas detenidas el pasado 22 de abril y días pasados en múltiples operativos de detención masiva en el estado de Chiapas, se rehusaron a aceptar ser registradas y atendidas por las autoridades e instituciones gubernamentales.

Muchas de ellas habían iniciado sus trámites de regularización y solicitud de asilo en Tapachula y se vieron afectadas por el cierre de la oficina de regularización y por el colapso de la atención en COMAR.

Otras habían sido registradas en los municipios de Acacoyagua y Mapastepec por parte del INM para acceder a un trámite de regularización que nunca fue aclarado; y varios centenares más, también en Mapastepec, solicitaron por varias semanas bajo condiciones inhumanas ser integradas al registro para regularizar su situación migratoria. Ante el cierre de las oficinas, la falta de claridad en los trámites y la ausencia de atención humanitaria integral; la desesperación obligo a las personas a reiniciar el tránsito por la costa de Chiapas.

“Reconocer que lo que hoy se vive en frontera sur es una crisis humanitaria implicaría el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sin llegar a los lamentables casos de personas, entre ellas niños y niñas, que pasaron días sin comer y beber agua, hasta que su salud se vio comprometida”, dijeron los organismos.

Señalaron que les preocupa que, entre las acciones implementadas por el actual gobierno mexicano, se encuentre el impulso de convenios de desarrollo con Centroamérica, los cuales, bajo ninguna circunstancia, han sido consultados a la población.

Y que has ahora, la respuesta ante esta crisis humanitaria no es la ejecución de operativos de detención migratoria haciendo uso ilegal de la fuerza, donde solamente se ponen en mayor riesgo la vida, la integridad, la seguridad y la protección de miles de personas desplazadas e instalan un mensaje de criminalización hacia las mismas en las propias comunidades.

Exigieron al gobierno federal que a corto y mediano plazo, las acciones implementadas den prioridad a salvaguardar los derechos humanos de las personas, dar respuesta a la atención humanitaria y que éstas no agraven la criminalización con acciones de detención masiva, empleando fuerzas de seguridad, amenazas de judicialización a quienes son solidarias en el tránsito, y la difusión de mensajes de estigmatización de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que justifican discursos de discriminación, miedo y xenofobia al interior de la sociedad.

Demandaron garantías de seguridad y respeto a las acciones que realizamos como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

E hicieron un llamado a las autoridades a reconocer, recibir y responder a las preocupaciones que hemos expresado en las últimas semanas como parte de nuestras labores de observación, monitoreo y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Pidieron también reforzar con urgencia la capacidad de los equipos de las instituciones de las que depende garantizar el acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado (COMAR), y de regularización migratoria (INM) en Tapachula evitando con ello que el colapso de las mismas expanda nuevas crisis de manera inminente.

Pidieron además a las autoridades a nivel federal, estatal y municipales, como a los medios de comunicación, a reflexionar a fondo sobre la crisis con un sentido humanitario y de derechos humanos, y no promover irresponsablemente discursos de odio, discriminatorios o xenófobos, que pueden derivar en actos de violencia desde la población local contra las personas migrantes y refugiadas.

La carta también esta firmada por organismos adheridos a la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas-REDIAS, Red por los Derechos por la Infancia en México-REDIM, Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” y muchos otros de México y el extranjero.