Ley Ciudadana del Agua buscará arrebatar la posesión del vital líquido a empresas

Fermín Ledesma, Pedro Moctezuma, Elena Burns e integrante de Mexicali Resiste, durante el conversatorio dentro de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

*Los especialistas indicaron que son 7 de los concesionarios controlan el 70 por ciento del agua dulce del país, que utilizan para un beneficio comercial y priva del derecho vital al agua.

Integrantes de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua, acompañados de representantes de 40 organizaciones de la Coordinadora Nacional “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, denunciaron el control que mantienen grandes empresas, a través de concesiones, y que privan del derecho humano al agua de los habitantes cercanos.

Desde el contexto local, Alma Rosa Rojas, representante de la Plataforma, informó que las condiciones de acceso y saneamiento al agua en Chiapas son peores que en países africanos y que los tres niveles de gobierno poco han atendido las recomendaciones de Leo Heller, Relator de la Organización de las Naciones Unidas para el Agua.

Rosa Rojas, acompañada de Candelaria Gutiérrez, abogada; Pedro Moctezuma y Elena Burns, representantes de la Coordinadora e integrantes del movimiento “Mexicali Resiste” respaldaron la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua, la cual han dicho es una construcción abierta, participativa, plural, incluyente, de debate profundo, con conocimiento científico y aportación de los pueblos originarios.

Conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional «Agua para Tod@s, Agua para la Vida», para denunciar el control del agua por parte de las empresas.

Agua, pieza clave para megaproyectos

Chiapas cuenta con 142 concesiones mineras de 50 años de vigencia que abarcan más de 1 millón 121 mil hectáreas del territorio, que serían operadas bajo la complementación de 78 represas grandes hidroeléctricas y 18 medianas, siendo un total de 97.

Antonino García, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, manifestó que estos proyectos de represas y minihidroelectricas en Chiapas, servirían para dotar del vital líquido para realizar las tareas de explotación.

Además, se continúa con el cultivo de la palma de aceite en Chiapas, en el cual el estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más hectáreas. Actualmente existen 200 mil hectáreas, sin embargo, se quiere continuar con el proyecto transexenal que busca llegar hasta el millón.

En el estado, se encuentra un ejemplo sobre las concesiones de mantos acuíferos a empresas trasnacionales para su comercialización y que absorben la cantidad de litros que pueden llegar a tener los ciudadanos.

Los representantes explicaron que en esta problemática los órganos judiciales y protectores del agua tampoco han resultado una opción viable, pues se han implementado acciones ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Fiscalía General de la República (FGR) y juzgados de distrito y Comisiones de Derechos Humanos que no han prosperado o han enfrentado una serie de dificultades que lejos de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano, lo dilatan los procesos con largos trámites y alegatos administrativos.

Caso San Cristóbal de las Casas

La embotelladora FEMSA-Coca Cola, cuya concesión iniciará en 1995 y se renovará hace 3 años, extrae alrededor de 1.3 millones de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitpec, en San Cristóbal de las Casas, donde las comunidades cercanas carecen, en extremo, del vital líquido.

La extracción que realiza la empresa equivale a 65 mil garrafones de 20 litros al día, este aprovechamiento del vital líquido se realiza en un espacio donde el acceso al agua y su saneamiento se da peor que en varios países africanos, según lo señalado por Leo Heller, Relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y Saneamiento, en su visita en 2017.

“A unos kilómetros de San Cristóbal de las Casas, me conmoví cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses en el año” manifestó Heller.

El aprovechamiento de esta agua por medio de una concesión hacia la empresa además de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de San Cristóbal, una epidemia de diabetes que según la Organización Mundial de la Salud en 2030 será imparable.

Nueva Ley General

Representantes de las 40 organizaciones de la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida” indicaron que la actual Ley de Aguas Nacionales fue impuesta a México en 1992 como condición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este acuerdo estableció el acceso a aguas nacionales a través de un sistema de concesiones, objetos de compa.venta, sin tomar en cuenta los derechos comunitarios. A raíz de esto, enormes volúmenes de vital líquido eran entregas a empresas mineras, botelladoras y de fracking.

Fue el 8 de febrero de 2012, cuando le logró una reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua, dentro de sus rubros, exige contar con una nueva Ley General de Aguas que sentara bases para la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable del agua.

Sin embargo, Elena Burns, integrante de la Coordinadora, explicó que desde 2016, la federación ha destinado el 80 por ciento de sus ingresos para las construcciones de conectores, plantas de tratamiento y saneamiento del agua, en proyectos nacionales, es decir, el Estado solo destina el 20 por ciento de su presupuesto para conducir el agua a los municipios.

Por esto, la Iniciativa Ciudadana reconocería los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre las aguas en sus territorios según sus propias formas de gobierno, en específico, las decisiones sobre concesiones y otras hidráulicas en las cuencas (o sea los territorios en donde confluyen las aguas) estarían en manos de representantes de asambleas territoriales y por sistemas de uso vital: sistemas de agua potables; de riego; afectados por la discriminación y contaminación y el despojo; investigadores y pueblos originarios.

Con esta nueva ley ciudadana del agua, se garantizaría los recursos públicos suficientes e inmediatos para las obras condensadas necesarias para cumplir con el derecho al acceso continuo y equitativo al agua de calidad. Además, no permitiría nuevos megaproyectos en las ciudades hasta que todos los hogares y escuelas cuenten con acceso continuo al agua de calidad.

Prohibiría el uso del agua para la minería tóxica y el “fracking”, además, exigiera el reciclaje de aguas industriales y cortaría el acceso para contaminadores. También, democratizará los módulos, las unidades y los distritos de riego; exigirá prácticas de cultivo que restauren los suelos; y prioritaria el acceso al agua para la agricultura familiar y comunitaria para el consumo local y nacional.

Además, exigiría que cualquier megaproyecto cuente con un Dictamen de Impacto Sociohídrico, lo que demostraría que no pondrían en riesgo el derecho humano al agua y que cuente con el consentimiento de la población afectada.

Crearía Contralorías Autónomas del Agua, auto-organizadas desde lo local hasta lo nacional-para vigilar que las autoridades cumplan y hagan cumplir con las normatividad y de los planes consensados; podrán recomendar la remoción de funcionarios que incumplen con el derecho humano al agua.