Evalúan a Chiapas como la décima peor entidad en cárceles
La Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la realización del estudio Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, colocó a Chiapas como la décima entidad peor evaluada.
El estudio analizó cinco tendencias en colores verde como aceptable, amarillo como inestables y roja como alarmantes. De esta forma, Chiapas se colocó de forma general en amarillo con una calificación de 6.01, con lo que supera a estados como Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa y Veracruz.
Esta fue la evaluación a lo largo de los últimos 7 años:
Entidad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Chiapas | 6.36 | 6.04 | 6.19 | 6.0 | 5.27 | 5.38 | 6.00 | 6.01 |
De forma específica, se analizaron cuatro Centros de Reinserción Social para Sentenciados en Chiapas (CERSS): No. 3 y No.4 en Tapachula, este último femenil. Además, del No. 5 de San Cristóbal de las Casas y No. 14 “El Amate” en Cintalapa. Dentro del estudio fueron evaluados de la siguiente forma:
El estudio para lograr esta evaluación se centró en 5 rubros: aspectos que garantizan la integridad personal del interno (amarilla), aspectos que garantizan una estancia digna (roja), condiciones de gobernabilidad (roja), reinserción social del interno (amarilla) y atención a internos con requerimientos específicos (amarillo). El resultado general de Chiapas es ser catalogado en amarillo.
Además, personal de la CNDH visitó los 4 centros penitenciarios donde realizaron recomendaciones puntuales, en el CERSS No. 3 de Tapachula con una calificación reprobatoria de 5.54 y una población de 772 internos. En este penal, se encuentran deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas y de cobros.
Por su parte, el CERSS No. 14 “El Amate” llegó a una calificación de 6.48, con una población de 1083 internos hombres y 78 mujeres, donde se mostró una falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y atención en caso de detección, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, deficiencia en la atención a personas adultas mayores y de la comunidad LGBTTTI.
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